El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, citar como persona jurídica investigada al despacho de abogados Herrero y Asociados.
El motivo serían los pagos a empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiase a un bufete de la competencia.
La representación legal del bufete está citada a comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 26 de septiembre, en la misma semana en la que lo harán otras dos personas jurídicas desde las que también se habrían instrumentalizado encargos al comisario: El BBVA (día 24) y la naviera Pérez y Cía (día 25).
Herrero y Asociados se investiga en el marco de la pieza separada número 2 de la macrocausa denominada ‘Tándem‘, a partir de los audios y la documentación intervenidas a Villarejo y su socio en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, cuando fueron detenidos en noviembre de 2017.
La acusación popular que ejerce Podemos también había pedido que la mercantil fuese imputada.
En este caso, se trata del encargo que realizaron cuatro miembros del bufete a Villarejo para que averiguase si una serie de empleados que se habían pasado al despacho de la competencia Balder IP les había robado una base de datos y la estaban utilizando para quitarles también clientes.
Además de la investigación, la encomienda incluía un ataque informático por un precio total de 625.000 euros, de los que constan pagados 302.000.
Los tres socios Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez y la directora del departamento de marcas externas, María Ángeles Moreno están ya siendo investigados por delitos de cohecho.
Habrían sido conscientes de la condición de comisario del Cuerpo Nacional de Policía que ostentaba Villarejo cuando realizaron el encargo, así como de los medios ilícitos que utilizaría para ejecutarlo.
Se les imputa también revelación de secretos por la información ajena que manejaron.
Ahora, se imputa también a la mercantil porque conforme detalla el auto de imputación al que tuvo acceso Europa Press, «resulta manifiesto que la prestación fue contratada por los órganos con poder decisorio de la empresa y en beneficio de la misma».
El auto detalla en este sentido que «la actividad contratada iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives», pues lo que Villarejo y Redondo ofrecieron a sus clientes pasaba por «la obtención de forma ilegal de informaciones y datos de carácter reservado».
Esto lo obtendrían gracias a la condición policial del primero y de ahí, el «elevado precio» del ‘trabajo’.
Se refiere en particular a los documentos intervenidos en el registro del propio bufete de abogados «que acreditarían la entrega material de información reservada».
Como las declaraciones tributarias de dos de los espiados o sus movimientos bancarios, «así como facturas de los pagos diversificados a varias empresas del Grupo Cenyt».
PAGOS FRACCIONADOS
En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción destaca como otro indicio de opacidad, que el pago de 302.500 euros que medió en aquel encargo se hizo fraccionado en siete facturas a nombre de cuatro sociedades distintas del grupo Cenyt y además, se ejecutaron «al margen de la contabilidad de la empresa», en un modo de proceder que «no es inocuo fiscalmente».
«Se disfraza la realidad de la causa del gasto en cuentas contables que no tienen aparente relación con la realidad de los servicios requeridos mezclándolos con otros gastos de la empresa y posteriormente».
«Se fraccionan los pagos en distintas fechas en un plazo de alrededor de dos meses y medio, ordenándolos a través de cuatro cuentas bancarias en cuatro entidades diferentes«.
«Buscan la opacidad en la operación y obstaculizando el rastreo de lo que es en realidad una única operación económica con un único acreedor», dice el auto.
De hecho, uno de los audios intervenidos refleja una reunión en septiembre de 2013 entre Carpintero, Martínez, Villarejo y Redondo.
En ella, «se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento» los demás, tal y como recogió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando ordenó al anterior juez instructor que siguiera investigando este asunto.
«MÁS ILEGAL QUE UNA PATATA»
«Tú sabes que esto es más ilegal que una patata», llega a decir el comisario jubilado en un momento de la conversación a uno de los socios del bufete.
Eso tras referirse a asuntos como que los datos fiscales que quieren en Hacienda no se los dan gratis o que a la gente que está siguiendo el tráfico de llamadas de los ‘espiados’ hay que «untarla» porque hacen «cosas delicadas».
En este sentido, la investigación apunta a que Villarejo habría recurrido a otros policías que prevaliéndose de su propio acceso a bases de datos policiales y empresas habrían recopilado la información que él necesitaba, como listados de llamadas telefónicas o movimientos bancarios.
Una decena de miembros del CNP están imputados por esta presunta colaboración que implicaría delitos de revelación de secretos.
Entre ellos se encuentra el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, a quien Villarejo habría encargado una serie de «gestiones«, pues así lo denominaba en sus anotaciones, encaminadas a obtener información privada de los investigados. EP.
