El histórico dirigente de ETA Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, alias ‘Ata‘, ha reconocido este lunes que participó en la organización de la furgoneta cargada de armas y explosivos que la Guardia Civil interceptó en enero de 2010 en Zamora cuando iba camino de Portugal.
Al mismo tiempo ha exculpado al también etarra Jon Etxeberría, cuyas huellas aparecieron en el material.
Ambos se sientan desde este lunes en el banquillo ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por aquel furgón con coche lanzadera.
Por este caso fueron ya enjuciados y condenados Garikoitz García Arrieta e Iratxe Yáñez, los liberados de la banda terrorista que conducían el convoy.
«No tengo la intención de participar en este juicio, pero quiero decir tres cosas: Reconozco mi participación en los hechos. Hasta esta mañana no conocía al señor Etxeberría. El señor Etxeberría no ha tenido ninguna participación en los hechos», ha declarado ‘Ata’.
Etxeberría, por su parte, ha participado pero sólo para responder a su abogado, a cuyas preguntas ha afirmado que en las fechas en que se organizó la furgoneta él estaba en Francia pero ETA aún no le había encomendado ninguna misión.
Dice que si sus huellas aparecieron en el precinto que cerraba un recipiente con material electrónico que viajaba en la furgoneta pudo ser porque en algún momento anterior, tocase la cinta de embalar, ya que se utiliza para «muchas cosas».
«Hasta que a mi se me asignan unas funciones no tengo ningún contacto con ningún material ni nada», ha asegurado.
En concreto, ha planteado la posibilidad de que en sus traslados de casa en casa en Francia tocase esa cinta en particular, dado que embalaba el equipaje cada vez que se movía.
Ha insistido en que en esas fechas no conocía ni a ‘Ata’ ni a Iñaki Reta de los Frutos, otro etarra pendiente de juicio por estos hechos y cuyas huellas también aparecieron en la cinta de embalar.
La Fiscalía reduce la amenaza de ETA a sabotajes y manifestaciones y alerta del «latente riesgo» del anarquismo
La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018 reduce la amenaza de ETA tras la derrota policial y el anuncio de disolución del pasado mes de mayo de la banda terrorista a los sabotajes, pintadas y manifestaciones.
Todo impulsado por los distintos colectivos que conforman el entramado del independentismo radical vasco.
También alerta del «latente riesgo» de otras formas de terrorismo como el anarquista.
En la Memoria presentada al inicio del año judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, se menciona dentro de este entramado radical a la izquierda abertzale y los sectores disidentes de la línea oficial, especialmente el colectivo de presos EPPK y ATA, «los que constituyen el principal vector de amenaza».
El Ministerio Público subraya que la amenaza es «sin duda» de menor capacidad lesiva que con ETA activa y que se circunscribe al País Vasco y Navarra.
«La actividad desarrollada –dice el documento– tiene por objetivo visibilizar las principales reivindicaciones de sus presos: la libertad de los considerados gravemente enfermos y de los mayores de 70 años y el acercamiento a prisiones cercanas al País Vasco».
Los actos de violencia callejera protagonizados por individuos o grupos afines al radicalismo independentista vasco tuvieron un «carácter leve» a lo largo de 2018.
Siendo en su mayoría pintadas de apoyo a la organización terrorista y sus miembros, así como colocación de carteles con textos en el mismo sentido.
«Los de mayor entidad sufrieron un leve descenso cuantitativo», continúa la Fiscalía, que recuerda que en el mes de junio se registraron tres sabotajes contra las líneas férreas mediante el corte de las catenarias.
Estos se encuadran en el marco de las jornadas de lucha contra la sentencia del conocido públicamente como ‘caso Alsasua’ por las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas.
La autoría se atribuye a los individuos más radicalizados que conforman los diversos colectivos juveniles de la izquierda abertzale.
En total, la Fiscalía recoge tres sabotajes a infraestructuras férreas y cuatro cortes de carretera mediante barricadas y quema de neumáticos en el apartado de la Memoria dedicado a ETA, con cinco detenidos –dos por enaltecimiento y humillación a las víctimas, dos por enaltecimiento del terrorismo y uno más por apología del terrorismo– y dos entregas temporales.
También se contabiliza cinco expulsiones del país galo y ocho entregas a España en aplicación de órdenes europeas (OEDE).
Sobre los conocidos como ‘papeles de ETA’ entregados por Francia, que incluye más de 4.000 efectos incautados, la Fiscalía destaca que su peritaje ha permitido presentar en 2018 dos denuncias, así como la aportación de los manuscritos originales a los correspondientes procesos judiciales penales.
Para los efectos de naturaleza informática se ha optado por solicitar la autorización judicial para su acceso, dando lugar a la presentación de cinco denuncias en las que se agrupan más de 200 efectos que se hallan distribuidos y clasificados por razón de su fecha y lugar de incautación en Francia.
ANARQUISMO, GRAPO Y RESISTENCIA GALEGA
El Ministerio Público alerta del «latente riesgo» que grupos o individuos afines a los principios de la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), «paradigma a nivel internacional del anarquismo insurreccional que justifica su actividad en «eliminar todos los rastros de civilización».
La Fiscalía recuerda que la acción de mayor envergadura en 2018 fue la activación de un explosivo en la vía pública en Valencia, ocasionando daños en vehículos. En 2018 se practicaron 37 detenciones, la mayoría en Madrid.
En cuanto al Grapo, la Fiscalía no prevé la reactivación a nivel operativo por su «extrema debilidad» aunque puntualiza que la estrategia se mantiene invariable, sin renunciar públicamente a la lucha armada.
Resistencia Galega, por su parte, también muestra debilidad estructural aunque su «capacidad operativa es suficiente para realizar acciones violentas».
La Memoria no recoge la detención en junio de Antón García Matos, alias ‘Toninho’, y Asunción Losada. EP.
