PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Segarra: Es ‘obligación’ de todos acatar la sentencia del ‘procés’

La Fiscalía critica las decisiones de tribunales de países de la UE sobre Cataluña: "La confianza puede quebrarse"La fiscal general del Estado, María José Segarra, durante su discurso. Foto: FGE.
|

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha advertido hoy que «todos» tienen «la imperiosa obligación de acatar la sentencia» que dictará próximamente el Tribunal Supremo en la causa por el proceso independentista en Cataluña, «sea cual sea el sentido de la misma».

Segarra ha defendido que la actuación del sistema judicial en este caso ha consistido en la «aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley», con un juicio celebrado «bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías de las partes», lo que sólo puede ser interpretado como «la más viva afirmación» del Estado de Derecho.

PUBLICIDAD

La máxima responsable del Ministerio Público ha hecho estas declaraciones durante su discurso ante el Rey y las máximas autoridades judiciales en el acto formal de Apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo.

PUBLICIDAD

Entre los presentes están la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la cúpula judicial encabezada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes; la práctica totalidad de miembros del Supremo y altos representantes de la Fiscalía, vocales del CGPJ y también integrantes del Legislativo como la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet y varios miembros de esta Cámara.

La fiscal ha utilizado una frase del filósofo francés Descartes, «la primera máxima de todo ciudadanos debe ser la de obedecer las leyes de su país», para destacar que el normal funcionamiento del sistema de justicia es uno de los pilares en los que «ha de basarse la convivencia».

PUBLICIDAD

«Una convivencia que, desde el respeto a la diversidad y al a libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible en un estado democrático», el respeto a la Ley.

Segarra también ha hecho alusión durante su discurso al «compromiso» de los profesionales de la Fiscalía destinados en Cataluña, de quienes ha destacado su «lealtad con el orden constitucional», que concretan a diario.

Frente al «desafío secesionista», ha señalado cómo la Fiscalía ha actuado mediante una «acción combinada» en distintos ámbitos como el penal ante el Tribunal Supremo y otros órganos, los recursos ante el Tribunal Constitucional, el de Cuentas -en relación con los gastos del 9-N y el 1-O- y también en materia de cooperación internacional.

PUBLICIDAD

CONSTITUCIÓN Y AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA

El discurso de Segarra, que ha versado sobre la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2018, que presenta hoy, ha arrancado destacando la importancia del aniversario de 40 años de Constitución que se celebraron en dicho ejercicio.

Un texto del que ha destacado que «ha inspirado a la ciudadanía española hacia uno de los mejores proyectos comunes de sus muchos años de historia compartida».

PUBLICIDAD

Tras desgranar los datos estadísticos más destacados del año, Segarra se ha centrado en aspectos como la necesidad de seguir avanzando en su autonomía.

Ha anunciado que su Fiscalía ha sumido la «dirección estratégica de la formación» de los fiscales y ha destacado también el nuevo reglamento del Ministerio Fiscal, si bien son necesarias reformas «más ambiciosas» como el «impulso de una reforma» del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar a esta institución de un nuevo marco normativo que consolide la autonomía que le reconoce la Ley.

Dicha reforma servirá, a juicio de Segarra, para superar definitivamente «cualquier reticencia que todavía pudiera existir para abordar lo que, sin duda, debería ser la gran reforma del proceso penal» en España. Esta reforma, a juicio de Segarra, debería atribuir al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación penal, dejando a un juez de garantías «en el rol que le corresponde en el debate contradictorio entre las partes».

JUICIOS PENDIENTES DE ETA

Respecto al terrorismo, la fiscal general ha recordado que el ejercicio 2018 vino marcado por la anunciada disolución de ETA, «cuya derrota ha sido posible por la respuesta decidida del Estado de Derecho», si bien ha añadido que «todavía existen hechos sin resolver».

Por ello, Segarra ha reiterado su compromiso con las víctimas y en la investigación de «todos y cada uno de los hechos delictivos atribuidos a esta organización criminal».

PUBLICIDAD

Ha destacado también que la lucha contra el terrorismo se enfrenta hoy a nuevos retos que se concretan en el fanatismo religioso y particularmente el yihadismo, y entre

Entre los principales objetivos de su departamento ha aludido a la persecución de la criminalidad informática, centrada en los delitos de odio, contra menores, de tipo sexual y machistas, además de los que suponen trata de seres humanos o violencia de género.

En cuanto a la corrupción, Segarra ha subrayado cómo la intervención de la Fiscalía en este asunto se ha visto incrementada en los procedimientos judiciales en trámite -han pasado de algo más de 600 a casi 700-, y ello debido a la habitual apertura por parte de los jueces de instrucción de piezas separadas con las que se pretende simplificar y agilizar las investigaciones.

Sin embargo, a juicio de la fiscal general, un combate más eficaz contra estas actividades delictivas «exigiría una reforma en profundidad de la legislación sobre protección de denunciantes y testigos», a fin de concretar las medidas que garanticen su indemnidad y centralizar su gestión.

Del mismo modo, Segarra ha hecho hincapié en que son necesarias otras reformas procesales para la exigencia de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas «que facilite la persecución de los ilícitos relacionados con el gasto público incontrolado».

‘SENSACIÓN AGRIDULCE’ AL CONTEMPLAR LAS DECISIONES ADOPTADAS CON RELACIÓN A CATALUÑA DE OTROS PAÍSES DE LA UE 

En la Memoria, la Fiscalía General del Estado también critica la «sensación agridulce» que le ha quedado al contemplar las decisiones adoptadas con relación a Cataluña en determinados tribunales de otros países de la Unión Europea. Advierte de que la cooperación judicial internacional se basa en una confianza mutua que «puede quebrarse».

«Conviene reafirmar que la normativa sobre cooperación internacional descansa en el principio de confianza mutua. Y que esta confianza puede quebrarse cuando no se respetan los respectivos ámbitos competenciales, realizando tareas de valoración sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a nuestro juicio, exceden abiertamente de la tarea de control del cumplimiento de las formalidades necesarias para ejecutar las decisiones remitidas por las autoridades judiciales o fiscales de los países implicados», señala.

El Ministerio Fiscal reconoce que tiene una «sensación agridulce» porque si bien ha habido «sintonía» con los fiscales de otros países de la Unión Europea en el abordaje del proceso secesionista en Cataluña, «no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales», como ocurrió en la negativa a entregar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont adoptada tanto en Bélgica como en Alemania.

En lo que a España se refiere, la Fiscalía destaca el «compromiso» en la defensa del Estado de Derecho de sus representantes destinados en Cataluña, así como pone en valor el trabajo realizado tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, pues «casi un año después de la denominada ‘declaración unilateral de independencia’, en fecha 2 de noviembre de 2018 se formularon los escritos de acusación».

Además, incide en que la valoración «estrictamente jurídica» que llevó a Fiscalía a apreciar delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, en función del tipo de participación de cada uno de los procesados de ambas causas se hizo «desde el más escrupuloso respeto al principio de presunción de inocencia.

«Una mera lectura de los hechos imputados pone de relieve la extraordinaria gravedad de lo sucedido. Una actuación coordinada de diversos responsables públicos en distintos ámbitos políticos y sociales que, mediante una estructura normativa paralela, tenía como objetivo último la declaración de independencia y la segregación de una parte del territorio nacional, al margen de toda legalidad», expone.

En línea con la tesis que mantuvo la Fiscalía del Tribunal Supremo durante el juicio, añade que «ese proyecto contemplaba la utilización de todos los medios precisos para alcanzar el fin pretendido, incluyendo la violencia necesaria para doblegar al Estado mediante la promoción de la actuación tumultuaria de la movilización ciudadana y el uso de su propio cuerpo policial armado, los Mossos d’Esquadra».

‘BUROCRATIZACIÓN INEFICIENTE DEL SISTEMA’ Y SU INCAPACIDAD PARA GESTIONAR EL VOLUMEN DE TRABAJO

También critica el «nivel muy significativo de burocratización ineficiente del sistema» que reflejan los índices de asuntos pendientes de resolver, los plazos de resolución y las cifras de suspensión de juicios, que siguen creciendo año tras año y que «evidencian la incapacidad de la estructura organizativa» para gestionar el volumen real de trabajo.

La Memoria refleja que la cantidad de asuntos pendientes al cierre del ejercicio ha aumentado ligeramente en el año 2018, ya que los 566.530 procedimientos que se encontraban en tramitación a 1 de enero se convirtieron en 568.437 a 31 de diciembre.

Mientras, los tiempos de respuesta entre la incoación y la remisión para la acusación (218 días en un procedimiento abreviado), o entre la acusación y el primer señalamiento para juicio oral (469 días en el mismo tipo de procedimiento) «no han mejorado sustancialmente con respecto a los años anteriores».

Además, las cifras sobre suspensión de juicios fueron del 32% en los Juzgados de lo Penal y del 28 % en las Audiencias Provinciales, con valores «que siguen subiendo año tras año, en torno al cinco por ciento en los últimos cuatro ejercicios».

«Estos indicadores evidencian una incapacidad de la estructura organizativa para gestionar un volumen de asuntos que, en términos absolutos, es menor como consecuencia de la reforma del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», señala el Ministerio Fiscal, en relación a la modificación de 2015 por la que en determinados delitos, no se da traslado juzgado si no hay autor conocido.

Apunta que «esta modificación normativa no ha supuesto una descarga real del trabajo asumido por los órganos judiciales de instrucción, ya que los asuntos que ahora no ingresan eran los que antes se resolvían en los servicios de guardia, de forma que no se ha reducido la carga de gestión del trabajo cotidiano en los Juzgados». «Otro tanto se puede decir de los órganos de enjuiciamiento, cuyas oficinas se ven incapaces de superar la congestión derivada del número de asuntos asumidos», añade.

Reivindica en este contexto «una profunda transformación del modelo procesal penal vigente en España» pues considera «ineludible» elaborar una nueva Ley Procesal Penal que equipare el sistema al que de forma generalizada existe en los países del entorno, es decir, uno que «atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y, al mismo tiempo, cree un Juez de garantías y otro de juicio de la acusación que dispongan sobre los derechos fundamentales de los investigados y revisen las pretensiones acusatorias».

En total, el año pasado se incoaron 1.570.255 diligencias previas, un 1,27 % menos que durante el periodo anterior, en un dato que la Fiscalía atribuye a una «estabilización», ya que en 2017 se habían reducido un 11,26% y un año antes, cayeron al 51% por la entrada en vigor de la mencionada reforma de la LECrim. Sin embargo, aumentaron un 6,8% las diligencias urgentes hasta 195.527 procedimientos iniciados.

MÁS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a las diligencias de investigación, se incoaron 14.906 diligencias el año pasado, un 3,24 % más frente al descenso del 1,84% registrado en 2017; y se formularon 268.020 escritos de acusación, un 2,17 por ciento más que en el periodo anterior, que en casi la mitad de los casos (48,79%) eran para juicios rápidos. De hecho, este tipo de procedimientos aglutinaron el 66,88 % de las diligencias urgentes incoadas y en ocho de cada diez casos, se resolvieron mediante conformidad en el mismo Juzgado de Guardia.

Respecto a los juicios, en 2018 los fiscales asistieron a 332.919 ante la jurisdicción penal y el 50,92% fueron por delitos leves. «Estas cifras permiten hacerse una idea sobre la cantidad de tiempo y energías invertidos en la persecución de infracciones penales leves que, además, finalizan con sentencias absolutorias en el 38% de los casos», dice la Fiscalía, que atribuye el resultado a razones como «las deficiencias en el material probatorio derivadas de la inexistencia de investigación previa».

Así, frente a los 163.376 juicios por delito celebrados, en el año 2018 se dictaron un total de 159.552 sentencias en Juzgados de lo Penal que en un 70% de los casos, daban la razón a la Fiscalía. Además, del total de sentencias condenatorias, un 62% fueron de estricta conformidad.

SE INCREMENTAN LOS DELITOS SEXUALES

Por otra parte, Fiscalía destaca que como ya ocurriera en los dos ejercicios anteriores, los delitos contra la vida y la integridad física representan el porcentaje más elevado de las diligencias previas incoadas (36%), frente al 20% que suponen los delitos contra el patrimonio, lo que explica por la mencionada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Destaca asimismo la incidencia de los delitos sexuales, que suponen el 1% del total de diligencias previas incoadas: Los procedimientos iniciados han aumentado hasta un total de 18.986 asuntos, un 23,2% más que en 2017.

Por su parte, los delitos contra la libertad sexual fueron los que dieron lugar a un mayor número de escritos de calificación en el procedimiento de sumario, un total de 1.345, de los que 404 fueron por agresiones sexuales, 107 por violaciones y 338 por abusos sexuales

En ampliación