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Hacia un espacio judicial iberoamericano

Plano general de la XXI Asamblea Plenaria de la COMJIB, celebrada en Medellín Colombia, el pasado mes de julio, en la que fue elegido, nuevo secretario general de la organización y de IberRed el exministro colombiano COMJIB e IberRed por aclamación Enrique Gil Botero; la autora de la columna es Ana Gallego Torres, directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de España Foto: COMJIB.
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La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, COMJIB, es una organización internacional creada en 1992 por el Tratado de Madrid, aunque su existencia data de 1970, cuando el Acta de Madrid constituye la entidad que agrupaba a los responsables de Justicia de los países hispano-luso americanos.

En 2006 se produce un nuevo hito en su consolidación, al firmarse el Tratado de Sede con España y dotarse a la Secretaría General Permanente de una modesta pero eficaz estructura que le permite emprender proyectos e iniciativas propias.

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Todo ello da cuenta de las hondas raíces que tiene desde antiguo la cooperación en la región iberoamericana en materia de justicia, y de la que España ha sido y sigue siendo una firme impulsora.

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Hoy, la COMJIB ocupa un espacio principal entre los organismos iberoamericanos, bajo el paraguas de la Secretaría General Iberoamericana, y encara una etapa crucial en su evolución, con importantes retos tanto de tipo estructural como coyuntural, así como los derivados del propio contexto geopolítico en el que opera.

OBJETIVO DE LA COMJIB

La COMJIB persigue como objetivo general la mejora de la Justicia en la región, promoviendo la puesta en marcha de políticas públicas y la conformación de alianzas regionales y subregionales como herramienta para la construcción de un espacio jurídico más cohesionado.

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Entre las misiones de la COMJIB se encuentra el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros, la adopción de Tratados de carácter jurídico, resoluciones y recomendaciones a los Estados, la promoción de consultas entre los países miembros sobre cuestiones de naturaleza jurídica e interés común y la formación de Comités de expertos.

Sus principales ámbitos de atención han sido y son el acceso a la Justicia, incluidos los medios alternos de resolución de conflictos, las nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia, la mejora de la cooperación jurídica internacional y los sistemas penitenciarios de sus Estados miembros.

La identificación de necesidades compartidas y preocupaciones comunes, y la certeza de que las soluciones válidas han de partir de estrategias diseñadas de común acuerdo, nos hace calibrar la firmeza y el estado de salud de nuestra Conferencia y del Espacio Jurídico Iberoamericano.

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La COMJIB se muestra además como un actor global, asumiendo compromisos de colaboración con instituciones internacionales, como Naciones Unidas, en la que posee el estatuto de observador, el Consejo de Europa, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, ILANUD o INTERPOL.

Por parte del Ministerio de Justicia de España, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, asume la tarea de seguimiento e impulso de los trabajos de la COMJIB y ocupa, a través de la figura del coordinador nacional, una de sus tres Secretarías Generales Adjuntas.

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Además, dada la proximidad con su sede y la posición institucional que ocupa, constituye un privilegiado interlocutor y aliado estratégico para la Secretaría General, a quien presta un inquebrantable apoyo.

Para España, en general, y para el Ministerio de Justicia en particular, la COMJIB constituye un espacio único a través del cual podemos reafirmar nuestra apuesta por el espacio jurídico iberoamericano, impulsar políticas que contribuyan a mejorar la justicia para nuestros ciudadanos, e incidir en una mejor y mayor integración en materia de cooperación jurídica internacional, que nos permita luchar eficazmente contra los fenómenos criminales transnacionales que aquejan a los países de la región.

A estos objetivos se une en estos momentos la necesidad de confrontar nuestros esfuerzos y sus resultados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo ODS 16 interpela directamente a los responsables de las políticas públicas en materia de justicia: una Justicia que garantice que todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley, dote de estabilidad jurídica para facilitar los intercambios, contribuya a una lucha eficaz contra la corrupción o sirva eficazmente para proteger a los más vulnerables, son mandatos imprescindibles para el fortalecimiento institucional de nuestros países.

50 AÑOS DE COOPERACIÓN

En 2020 se cumplirán cincuenta años desde que diera comienzo formalmente la cooperación entre los Ministerios de Justicia en el espacio iberoamericano, y en este periodo ha alumbrado notables logros.

La organización cuenta ya en su acervo con Tratados internacionales que han supuesto avances en efectividad, en seguridad jurídica y en confianza entre los usuarios de la Justicia de los dos continentes, destacando el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional, y el recién firmado Tratado de Medellín sobre transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional, que promete ser un referente también para otros ámbitos regionales que comparten nuestra preocupación por la mejora del funcionamiento de la cooperación jurídica internacional.

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Junto a los Tratados, la Conferencia ha creado poderosos activos para el Espacio Jurídico Iberoamericano; destacando en particular el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, en el ámbito de la SEGIB, y la creación en 2004, junto con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y la Cumbre Judicial Iberoamericana, de IberRed, una red de expertos y puntos de contacto que tiene por objetivo optimizar la cooperación jurídica en materia penal y civil entre los países Iberoamericanos y mantener un sistema de información sobre los sistemas legales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Madrid albergará a finales de octubre la reunión plenaria de IberRed, en la que conmemoraremos el 15º aniversario de su creación; será una oportunidad única para relanzar y dinamizar este foro, al que miran con interés desde las agencias de la Unión Europea y Naciones Unidas que se ocupan de la cooperación jurídica, y que posee un enorme potencial para la lucha contra la criminalidad organizada y la impunidad.

El compromiso de España con COMJIB es firme y permanente, y nuestra voluntad de colaboración con la organización y con la Secretaría General Permanente se ha demostrado sólido y fructífero, de manera muy especial durante la vacancia producida durante el último año, asumiendo en primera persona su continuidad.

Este periodo ha sido aprovechado para impulsar un paquete completo de documentos de fortalecimiento institucional que la conviertan en una organización más transparente, más sólida y más eficaz, lista para afrontar los retos de esta etapa de refundación.

La incorporación de D. Enrique Gil Botero, elegido por unanimidad de los Ministros y Ministras como Secretario General de la COMJIB, nos permite albergar fundadas esperanzas en la solidez y la confianza que despierta este organismo en la comunidad iberoamericana.

Desde aquí le trasladamos nuestra más sincera felicitación y le deseamos los mayores éxitos en su ilusionante labor.

Como dijera la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, Iberoamérica son 22 países que se relacionan entre sí de manera horizontal y simétrica; no es un espacio para la contradicción, sino para la unidad.

España apuesta para Iberoamérica por un marco de más seguridad jurídica, de mayor entendimiento e integración en sus relaciones, y de más justicia y prosperidad para sus ciudadanos, últimos y verdaderos destinatarios de nuestras políticas y acciones.