La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy las tres ternas de candidatos aspirantes a tres plazas vacantes de magistrados.
De los nueve elegidos, sólo en el caso de los tres aspirantes a la plaza vacante en la Sala de lo Social por el turno de especialistas -vacante por la jubilación de Milagros Calvo-, es una mujer: Ana María Orellana Cano, destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid.
Milagros Calvo fue la primera mujer que, en la historia del Alto Tribunal, ocupó un puesto de magistrada. Fue en 2001.
Los otros dos candidatos son Juan Molins García-Atance, destinado en la Sala de lo Social del TSJ de Aragón y José Manuel González Viñas, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, con sede en Granada.
En la provisión de los tres puestos, la Permanente ha establecido un orden de preferencia.
En este caso el primero es Molins García-Atance seguido de Orellana Cano.
Para la otra plaza vacante en esa misma Sala, por jubilación de Fernando Salinas, quien fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, los aspirantes -otra vez por orden de preferencia- son Ricardo Bodas Martín, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y Antonio Jesús Outeiriño Fuente, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia.
El tercer puesto en liza, sobre el que el próximo Pleno del CGPJ tendrá que dirimir, es el dejado libre por renuncia de su propietario en la Sala de lo Civil, el catedrático de derecho civil de la Universdiad de Valencia, Francisco Javier Orduña Morenol. Y es por el turno de juristas de reconocido prestigio.
Los aspirantes, en este caso son Juan María Díaz Fraile, registrador de la propiedad, Julio Banacloche Palao, catedrático de Derecho Procesal y Manuel Rivera Fernández, catedrático de Derecho Civil.
La selección se ha realizado siguiendo las bases elaboradas para seleccionar a los candidatos, siguiendo el artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado el pasado mes de diciembre por el Parlamento.
