La juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este verano, ha decretado este jueves la entrada en prisión provisional sin fianza del gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y de su hijo y administrador único, Sandro Marín Rodríguez.
Asimismo, ha dejado en libertad provisional a Mario Marín Rodríguez, hijo del gerente de la empresa Magrudis, con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 11 y 25 de cada mes.
El también hermano del administrador único de Magrudis –empresa que comercializó la carne mechada ‘La Mechá’, que ha dado positivo por listeria— es propietario de otra empresa domiciliada en una «nave contigua» a la citada compañía y que no cuenta con registro sanitario.
Así lo ha denunciado este martes la organización de consumidores Facua, personada en la causa judicial.
Los tres detenidos, que se encontraban bajo custodia de la Guardia Civil, han pasado este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.
Más de 200 afectados y tres fallecidos
Este es el organismo judicial que ha iniciado una investigación para esclarecer si hay responsabilidad penal ante la alerta sanitaria por listeriosis, que ha afectado a más de 200 personas y ha provocado tres fallecimientos, para prestar declaración.
El abogado de Magrudis culpa a administraciones de «no vigilar»: «Volverá a repetirse si no cambian»
Hilario Aranda, el representante legal del gerente de Magrudis, José Antonio Marín, y del administración único de la empresa, Sandro Marín, ha señalado este jueves que ha habido «otras responsabilidades paralelas» de las que «son responsables por culpa la invigilancia de las administraciones públicas».
En declaraciones a periodistas en el edificio de los Juzgados de Instrucción de Sevilla, después de que se haya decretado la entrada en prisión provisional sin fianza para sus representados, Aranda ha subrayado que el sistema de autocontrol «carece de garantía».
«La administración tiene que vigilar el sistema y aquí se ha realizado esta vigilancia de una forma muy deficitaria», ha criticado advirtiendo de que «esto volverá a repetirse si el sistema no cambia».
Precisamente, en este sentido, el abogado ha señalado que los medios de comunicación han transmitido las primeras noticias de esta situación pero «si nos quedamos con la responsabilidad de nuestros representados en este asunto estaríamos equivocándonos», ha destacado.
Tras anunciar que presentará recurso de reforma y de apelación, el letrado ha indicado que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, «ha obviado elementos» de pruebas que «ya constan en las actuaciones y otros que vamos a aportar».
«El brote que se produce en febrero no tiene posibilidad de ser el mismo que se ha producido ‘a posteriori’ en julio, por las fechas de caducidad, por las analíticas que se producen con posterioridad a ese positivo», ha afirmado el abogado.
Justifica que «hay muchas más (pruebas) durante los meses siguientes sin positivo».
Por ello, el abogado ha apuntado que «todavía no sabemos de dónde se produce esa listeriosis».
«Tenemos documentos técnicos y administrativos que acreditan que la empresa tenía licencia de actividad, al contrario que se ha dicho; con plan de control exhaustivo cumplido, hubo inspecciones por parte de la Administración local sin indecencia negativa», ha explicado.
«Lo que nos lleva a una situación en la que no se puede exigir una responsabilidad criminal que requiere una negligencia grave de las obligaciones de nuestros defendidos».
Sobre el informe positivo en listeria en productos de la empresa en el mes de febrero, Aranda ha dicho que dichos productos «se retiraron del mercado y lo podemos acreditar documentalmente».
Precisamente, ha afeado que la documentación intervenida, que «es su totalidad», llegó «hace unas horas a este juzgado y no la hemos podido ni ver ni leer».
Igualmente, el letrado ha manifestado que «no se sabe dónde estaba la listeria y su señoría tampoco» dado que solo «hay presunciones». «Magrudis compraba la carne en diversos distribuidores, también acreditados en Sevilla, con facturas que están documentadas», ha agregado.
«No hay empresa tapada ni marca blanca», ha defendido añadiendo que «la empresa del hijo menor es una de actividad paralela totalmente legalizada y justificada en su creación y en su actividad que tenía como único comprado a Magrudis».
Así, ha concluido expresando su deseo de que se «aclaren» estas cuestiones.
