Emilio Saracho y Ángel Ron, los dos últimos presidentes del Banco Popular, tienen que declarar como investigados. Fotos: EP.
Los dos últimos presidentes del Banco Popular declaran este mes como investigados por la quiebra de la entidad
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30/9/2019 01:15
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Actualizado: 30/9/2019 01:41
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Emilio Saracho y Ángel Ron, los últimos presidentes del Banco Popular, han sido llamados a declarar –como investigados– el 3 y el 30 de octubre, respectivamente, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para que expliquen las irregularidades que llevaron a la quiebra de la entidad financiera.
Las citaciones se producen después de que se practicaran una serie de diligencias, como el informe del Banco de España y de la Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV) sobre la situación del Banco Popular.
En 2016 el Popular llevó a cabo una ampliación de capital por 2.505 millones de euros, que se justificaron en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos.
Por ello, el magistrado investiga tanto a Saracho como a Ron, así como a sus consejos de administración.
Saracho sustituyó a Ron a partir de febrero de 2017, fecha en que éste último presentó la dimisión tras 11 años al frente de la entidad; desde 2006.
Ron ha defendido siempre que dejó al banco en una situación «inmejorable» y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.
Entre Saracho y Ron, declararán también el exvicepresidente del Popular, Roberto Higuera, quien comparecerá el 8 de octubre, y el exconsejero delegado, Francisco Gómez Martín, que deberá acudir a la sede judicial el 15 del mismo mes.
Entre el 12 y el 27 también «desfilarán» ante su señoría una decena de exconsejeros que estuvieron al frente de los consejos de administración de también en esta causa.
Es la primera ronda de interrogatorios de investigados que se produce desde que la Audiencia Nacional comenzase a acumular querellas y denuncias por la quiebra del banco en 2017.
La Sala de lo Penal decidió a finales del pasado mes de abril que el Banco Santander, que compró en al Popular por el precio simbólico de un euro, no puede estar imputado, de cara a la posible responsabilidad penal en la que hubiera podido incurrir tras asumir la deuda de la entidad extinta.
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