«El principal problema de la eficacia en la actuación del Ministerio Fiscal reside, al menos en la Comunidad de Madrid, en la muy escasa calidad de las Sentencias, que denotan una gran falta de conocimiento de la materia, incluidos los conceptos esenciales, siendo esta la pauta general, y siendo excepcional encontrar Sentencias con una mínima calidad jurídica«.
Las afirmaciones de César Estirado, fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, no son fruto de un calentamiento fortuito –que suele ocurrir– sino que están escritas negro sobre blanco en la Memoria 2018 de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado.
Afirmaciones que han pasado desapercibidas hasta ahora, rescatadas por Confilegal.
El origen de esa falta de conocimiento sobre la materia de medio ambiente de jueces y magistrados, tiene efectos muy negativos que, en nada, cumplen con el fin último que es hacer justicia.
«Ello provoca una excesiva proporción de resoluciones absolutorias infundadas, muy difíciles de recurrir, a la vista de la actual jurisprudencia, cada vez más restrictiva sobre la posibilidad de condenar ex novo en segunda instancia», prosigue Estirado.
El fiscal delegado de Medio Ambiente admite que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 permite apelar las sentencias.
«Si bien la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 41/2015 ahora permite la apelación de Sentencias con arbitraria valoración de la prueba, no para obtener una condena inmediata (lo cual está vetado por la actual jurisprudencia) pero sí para obtener la nulidad de la sentencia absolutoria con la posibilidad (esta es la gran novedad) de obligar a un nuevo juicio por otro juzgador. Una solución a este problema pasaría por la especialización de Jueces y Magistrados«, concluye.
NO ES LA PRIMERA VEZ
Las quejas del fiscal delegado de Medio Ambiente de Madrid no son nuevas.
En anteriores Memorias, los 50 fiscales especializados en medio ambiente las repiten una y otra vez, por activa o por pasiva.
En la del año pasado, 2017, se puede leer: «Tanto en la Memoria de Tenerife, como en las presentadas por otras Fiscalías, se propone la creación de juzgados de instrucción, juzgados especializados de medio ambiente y urbanismo, que podía compartir por su relación, con delitos comprendidos en Anticorrupción, ya que si las Fiscalías se han especializado, en parangón y mientras la instrucción la realicen los Jueces de Instrucción, estos deben estar especializados, ello redundará en mayor agilización en la tramitación de los procedimientos«.
Y en la de 2016 dice: «Es interesante la perspectiva que expresa la memoria de León respecto a la actuación judicial en esta especialidad. Según la misma, la materia sigue resultando árida para la mayoría de los jueces de instrucción, quienes en algunos casos han llegado a causar desánimo entre los agentes de la autoridad, por cuanto que, a modo de ejemplo, se dictan autos de sobreseimiento ‘de modelo’ que consideran actuaciones delictivas contra el medio ambiente como meros ilícitos administrativos. Este tipo de situaciones da lugar a que, en un porcentaje muy elevado, la mayoría de las causas se vean abocadas a un auto de sobreseimiento, bien al inicio de la causa o una vez practicadas ciertas diligencias».
