El Tribunal de Cuentas abrirá un procedimiento contra Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull para determinar la cifra de dinero malversado por los cuatro para que lo devuelvan con cargo a sus bienes.
Junqueras, Romeva, Rull y Bassa responderán con sus bienes las condenas por malversación
EL SUPREMO ENVÍA AL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE DETERMINE LA CANTIDAD MALVERSADA POR LOS CUATRO Y PARA QUE LES EXIJA LA DEVOLUCIÓN
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15/10/2019 02:30
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Actualizado: 15/10/2019 00:45
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El exvicepresidente del gobierno autonómico catalán, Oriol Junqueras, y los exconsejeros, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, tendrán que responder con sus bienes personas la condena por malversación de fondos públicos impuesta por el tribunal que les ha enjuiciado.
Por ello, la sentencia acuerda enviar la sentencia al Tribunal de Cuentas para que determine «el establecimiento y la reclamación definitiva de las cantidades totales desviadas»; su responsabilidad civil, en suma.
«Al ser los hechos desleales en la administración de fondos constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia», dice el fallo del Tribunal Supremo.
¿Y cuál es la cuantía? De acuerdo con la sentencia, la cuantía «supera ampliamente» los 250.000 euros (el mínimo para condenarles), pero no precisa cantidad alguna.
No obstante, los fundamentos jurídicos detallan numerosas partidas, destinadas a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que superan los 2,35 millones de euros.
«La acusación popular [Vox] sí ejerce expresamente la acción civil derivada del delito y hace a los acusados ‘…responsables civilmente de forma solidaria del pago de la cantidad total de 4.279.985,03 euros, correspondiente a la suma malversada’«, refiere el fallo.
Sin embargo, «la jurisprudencia les niega capacidad para promover el ejercicio de la acción civil».
De acuerdo con fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Confilegal, le corresponde a este órgano del Estado el «determinar y fijar la cifra final malversada. Y exigirla. El Supremo ha hecho lo que está contemplado en la ley».
«Cuando llegue al Tribunal de Cuentas la sentencia del Supremo se nombrará un delegado instructor para hacer ese trabajo. Abrirá una investigación para fijar la cuantía del alcance», explica.
«La consecuencia directa será la apertura de un juicio por el procedimiento de reintegro por alcance y se dictará sentencia. Estamos hablando de un año y medio a dos años. Y los condenados tendrán que responder con sus bienes», aclara.
La responsabilidad, punto muy importante, es solidaria.
Todos responden con sus bienes.
FACTURAS ACREDITADAS
La sentencia detalla, por un lado, un gasto de 5.000 euros, del total de unos 130.000 previstos en la tecnológica DXC para la página web referendum.cat.
A esta organización se encargó la asistencia técnica especialmente para el aplicativo de la denominada ‘séptima crida’ –a veces también llamada ‘crida extra’, que fue mantenida oculta hasta el final–.
También se detallan gastos asociados a la retribución a un particular, Teresa Guix Requejo, quien facturó en el mes de mayo 2.700 euros, y un importe de 350 euros más IVA.
Así como la adjudicación a Havas Media Group Spain, SA, quien facturó con su anterior denominación social, Media Planning Group, S. A, en fecha 7 de febrero de 2017, la cantidad de 84.050,21 euros, más IVA, en total, 101.700,75.
Este gasto fue abonado el 31 de mayo de 2017 e incluye la inserción del anuncio en los diarios Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Le Soir, De Stanndaard, Corriere de la Sera y Financial Times.
REGISTRO DE CATALANES EN EL EXTERIOR
Por lo que atañe a la difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, además de la activación de la web referéndum.cat, la sentencia detalla que en la madrugada del 7 de septiembre, con vínculos al registro de catalanes en el exterior, se realizó una intensa campaña de difusión de ese registro.
Esta precedía a esa actualización del aplicativo informático desarrollado entre febrero y mayo de 2017, generando devengos por importe de 220.253,34 euros, sin IVA.
Se suma el contrato público titulado DFP-Creativitat y producción campanya registre cat.exterior, para el que se adjudicó a la entidad Estudi Dada S.L, por 10.829,50 euros, el diseño del anuncio de registro de catalanes en el exterior.
Por la ejecución de esa inserción publicitaria, Focus Media S.L. emitió una factura por 130.863,15 euros sin IVA. Detalla la resolución.
SOBRES Y PAPELETAS
Asimismo, detalla que la UTE Nothingad y Kardumen que emitió una factura de 97.332,63 euros (IVA incluido) por la difusión del Registro de Catalanes en el Exterior a través de internet que habrían llevado a término.
La sentencia recoge que el Consorcio Catalán de Medios Audiovisuales difundió esos mismos anuncios a través de los canales de TV, emisoras de radio y medios digitales.
Esta gestiona y giró al departamento de Presidencia dos facturas por importe de 93.179,56 euros -emisiones del 4 al 12 de septiembre- y 184.624,85 euros por las emisiones de la tercera fase -del 16 al 29 de septiembre-.
En cuanto al material para la votación en el referéndum, la sentencia da por acreditado que «la Generalitat encargó a Unipost, en la oculta y clandestina manera con que intentaba disimular los gastos del referéndum».
«También la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos en las mesas electorales y 5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas censales».
Esta encomienda costó 979.661,96 euros, «cuya procedencia en esa tarea de enmascaramiento, se dividió en cinco departamentos» del Govern. Se suman a esta cuantía otros 851,50 euros por el importe de los sobres en los que obraban las notificaciones intervenidas encargados a Zelatun.
GASTOS EN INTERNACIONAL
Por otra parte, se detallan gastos relacionados con los observadores internacionales.
Como el contrato a Paul Sinning, director de la institución The Hague Center for Strategic Studies por un importe de 167.065 euros, del que han sido abonadas dos partidas por importe de 119.000 euros en total quedando pendientes de pago otros 47.635.
Se añade en la sentencia el «programa de visitantes internacionales» por un importe de 64.654,09 euros, así como los honorarios al grupo de Helena Catt por un total de 114.592,50 euros, más 62.712,40 euros en alojamientos, viajes y otros conceptos relacionados con su misión de «observadora».
Además, se da por constatable «que un miembro del equipo central, Michael Grange, abogado y analista irlandés, dirigió un debate por el que obtuvo una remuneración de 4.873 euros».
Un gasto al que habría que sumar el alquiler del local, las dietas y los desplazamientos, si bien la cuantía no consta en la sentencia.
«La documentación obrante en la causa pone de manifiesto la existencia de gastos que reflejan el quebrantamiento de las más elementales reglas de lealtad en el manejo de fondos públicos».
«En ningún caso podían haber sido aplicados al desarrollo o promoción en el extranjero de una consulta popular que había sido declarada ilegal», dice la sentencia.
VIAJES Y LOBBY POR UNA CONSULTA ILEGAL
Expone que «ha quedado patente la existencia de las visitas de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal referéndum» por importe de 43.341 euros.
Y la contratación de un equipo de investigación experto en elecciones internacionales -International Election Expert Research Team por 177.304,90 euros.
Así como la contratación con MN2S Managemet Limited de un equipo en el que estuviera integrado el político holandés D. Willem “Win” Kok, en los días del referéndum: 54.030 euros; si bien fueron devueltos, porque la prestación no se realizó.
«Además de esa vinculación presupuestaria con el consorcio Diplocat, han de enumerarse los gastos generados a través de las Delegaciones en el Exterior del Gobierno de la Generalitat, todas ellas vinculadas a decisiones susceptibles de control por el acusado Raül Romeva», dice el Supremo.
Es el caso, por ejemplo, de la contratación de una consultora en Estados Unidos, en agosto de 2017, durante tres meses para hacer tarea de «lobby» en defensa de la celebración del referéndum por 60.000 euros o la contratación de The Hague Center for Strategic Studies como observadores internacionales para verificar el referéndum del 1 de octubre con un presupuesto de 167.065 euros, si bien restan 47.635 euros por abonar.
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