El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaroz (Castellón), Javier Verdeguer Gorrea, ha encausado a dos directivos de la empresa Escal UGS, controlada por ACS y adjudicataria del proyecto Castor de almacenamiento de gas en la costa de esta localidad castellonense, por un presunto delito de prevaricación medioambiental.
El juez instructor ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra estos dos directivos, y ha adoptado la misma decisión respecto de la mercantil, como persona jurídica.
El auto, con fecha de ayer, ya ha sido notificado a las partes.
Con este auto, el juez acaba la investigación, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y comunica a las partes que se abre plazo para que pidan la apertura de juicio oral, presenten los escritos de acusación en los que concretarán delitos y penas, o bien soliciten el archivo de la causa.
En otro auto, el juez Verdeguer ha acordado el sobreseimiento libre de las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado, al descartar que incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén.
Verdeguer considera que su actuación en la tramitación de proyecto, que contaba con una declaración de impacto ambiental favorable, incluyó la firma de un convenio que, probablemente, permitió advertir el riesgo de peligrosidad sísmica que la actividad podía acarrear, «y muy probablemente, la realidad, sin dicha monitorización sísmica, después de los más de 500 sismos producidos en septiembre del año 2013, sería catastrófica».
‘ACORDARON EMPEZAR LA FASE DE INYECCIÓN DE GAS, PESE A QUE ERAN CONSCIENTES DE LA POTENCIAL PELIGROSIDAD QUE SU ACTIVIDAD PODRÍA ACARREAR’
El juez instructor relata en su auto que los dos responsables del proyecto acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 la fase de inyección de gas en la planta «a caudal nominal», pese a que eran «conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear».
Indica que esa actividad en el gasoducto provocó el 5 de septiembre un aumento de la sismicidad, del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.
«En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas», detalla el juez.
Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre «a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores», añade.
El juez señala que esa situación desencadenó una «gran serie de sismos en la zona», hasta 519, que se prolongó hasta el 4 de octubre, y ocasionó «daños de consideración» en nueve viviendas de Vinaroz y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto.
Además, relata que esos movimientos sísmicos generaron «una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno».
«Hoy en día continúa el gas almacenado en el almacenamiento subterráneo sin que sea posible su extracción en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente», apunta.
