El expresidente del BBVA, Francisco González. Foto: BBVA
Francisco González, expresidente del BBVA, declara este lunes en la AN como investigado por el ‘caso Villarejo’
El próximo miércoles declarará un representante legal de la entidad bancaria, imputada el pasado julio como como persona jurídica
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18/11/2019 07:00
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Actualizado: 17/11/2019 22:33
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El expresidente del BBVA, Francisco González, declarará hoy en la Audiencia Nacional (AN) en calidad de investigado por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, lo imputó el pasado jueves a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza separada número 9 de esta macrocausa, que investiga las actividades presuntamente ilícitas del excomisario José Manuel Villarejo, quien habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.
Francisco González abandonó la presidencia del grupo BBVA el 31 de diciembre de 2018, tras cumplir 75 años; cargo en el que le sustituye el hasta entonces consejero delegado Carlos Torres Vila, a quien sucedió el turco Onur Genç.
El pasado marzo, Gonzalez dejó temporalmente la presidencia de honor del BBVA y la Fundación por el ‘caso Tándem’, tras verse involucrado en una presunta trama de espionaje a políticos, empresarios y periodistas para supuestamente evitar el intento de Sacyr de controlar la entidad en 2004.
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, le agradeció el gesto, y encargó una auditoría y una investigación internapara esclarecer los hechos.
La entidad informó el pasado 24 julio que ya había presentado ante el Juzgado este informe, denominado ‘Forensic’.
La investigación ha estado liderada por los despachos Garrigues, Uría Menéndez y la consultora PwC, «todo ello con el impulso del consejo de administración», según ha señalado Torres.
Hoy también están citados a declarar ante García-Castellón el exdirector de comunicación de la entidad, Javier Ayuso, como testigo; y el investigado Antonio Bonilla, policía que en segunda actividad trabajaba para una de las empresas de Villarejo y que ya está imputado en otras piezas de la causa.
Para mañana están citados como investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; y Eduardo Arbizu, quien hasta el pasado julio ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA. Fue cesado entonces al conocerse la imputación del BBVA.
También están llamados a declarar mañana el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro; y los sucesivos responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, todos investigados por los mismos delitos, según ha publicado Europa Press, citando fuentes jurídicas.
Y para el próximo miércoles está citado el BBVA como persona jurídica investigada.
El juez instructor imputó el pasado julio a la entidad como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos supuestos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.
Según la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación del banco, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial de Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.
La Fiscalía afirmó entonces que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, propiedad de Villarejo, afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.
Asimismo, destacó en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.
La parte más conocida de la pieza número 9 es la denominada ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.
Según varias informaciones periodísticas, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimiento de políticos, empresarios y periodistas, entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.
Hasta el momento, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, entre ellos el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y a quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión, que abonó.
El excomisario José Manuel Villarejo, y en la imagen pequeña el exjefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano.
También están investigados la sustituta de Corrochano en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y su exdirector de finanzas, Javier Malagón Navas.
Todos ellos, salvo Béjar, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
QUERELLA DE PINEDA CONTRA VILLAREJO, EL BBVA, GONZÁLEZ, CORROCHANO Y BONILLA
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc), Luis Pineda, se querelló el pasado 8 de julio contra Villarejo, el BBVA, el expresidente del BBVA Francisco González, contra Julio Corrochano, y contra el inspector retirado de la Policía Nacional Antonio Bonilla.
Los acusa de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, así como todos los demás delitos que pudieran aparecer durante el transcurso de la investigación.
Un día después de que el bufete Durán & Durán Abogados, que representa a Pineda, interpusiera la querella ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el BBVA retiró la acusación contra Ausbanc en la causa que se sigue contra esta entidad en la ANcomo presunta organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.
Miguel Durán Campos, socio-director de este bufete, considera que la retirada de la acusación por parte del BBVA en la causa que se sigue contra Ausbanc en la Audiencia Nacional «es una consecuencia lógica de la querella que presentó contra el banco».
«Es normal que la actual cúpula de la entidad financiera desee tomarle el máximo de distancia a las presuntas grandes irregularidades que habría protagonizado la anterior presidencia y su equipo», señaló Durán entonces.
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