El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc), Luis Pineda, se ha querellado hoy contra el excomisario José Manuel Villarejo, el BBVA, el expresidente del BBVA Francisco González, contra Julio Corrochano, exjefe de seguridad de esta entidad bancaria, y contra el inspector retirado de la Policía Nacional Antonio Bonilla.
Los acusa de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, así como todos los demás delitos que pudieran aparecer durante el transcurso de la investigación.
La ha presentado esta mañana ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Manuel García-Castellón, el bufete Durán & Durán Abogados, que representa a Pineda.
Este despacho de abogados de Miguel Durán y su sobrino Miguel Ángel Durán ha lanzado un comunicado en el que informa que interpone esta querella «en la confianza de que, más pronto que tarde, quede al descubierto toda la trama encabezada –según todos los indicios y pruebas iniciales, por Francisco González, los más directos colaboradores de éste, y el entonces comisario Villarejo, ayudado este último por otros miembros de la Policía».
El bufete manifiesta en el comunicado que «existen indicios racionales de criminalidad que determinan que Francisco González, el que fuera presidente del BBVA, y José Manuel Villarejo han dirigido una organización criminal en la que el primero fijaba los objetivos y el segundo, junto con el resto de integrantes de la asociación para delinquir, a cambio del precio que abonaba el BBVA, han recurrido sistemáticamente a la comisión de numerosos delitos, tales como escuchas clandestinas de conversaciones ajenas, acceso ilícito a bases de datos, tráfico de influencias o la ejecución de actos propios inherentes a los cargos públicos que ocupaban, y todo ello para cumplir los ilícitos encargos en beneficio del BBVA y de su presidente».
Explica que Durán y Durán Abogados, en nombre de Luis Pineda, llega a esta conclusión a raíz de las abundantes fuentes de prueba publicadas por periodistas que han cubierto desde hace meses lo concerniente al “entramado Villarejo”; «la información instructora que ha aflorado al dominio público en el marco de los distintos procedimientos seguidos en este Juzgado; la documentación que se aporta en la querella, junto con las revelaciones de un testigo integrado en el ámbito BBVA que se pone a disposición de la autoridad, previa su declaración como testigo protegido ante el riesgo de sufrir daños contra su persona».
Relata que distintos medios de comunicación han publicado hasta un total de «22 facturas en las que se pone de manifiesto cómo el BBVA abonó al menos 5.083.099,38 euros (más 1.026.788,94 euros de IVA) a las dos compañías de José Manuel Villarejo entre los años 2012 y 2017«.
De la mera constatación de dichas facturas, se pone de manifiesto «cómo Francisco González y el resto de los cargos directivos del BBVA -supuestos integrantes de la organización criminal- conscientes de que los trabajos ilegales que encomendaban al Comisario Villarejo y al resto de policías» relacionados con este caso «eran ilícitos, ocultaban el contenido real de los mismos a través de facturas falsas o que, por lo menos, en modo alguno se correspondían con los servicios delictivos que se llevaban a cabo», indica.
Además, Durán & Durán Abogados dice que «más allá» de todos los presuntos delitos que se «circunscriben a la cuestión estrictamente económica inherente al blanqueo de capitales y cómo justificar dentro del circuito legal del dinero las operaciones ilícitas que se pagaban por el BBVA, lo que resulta evidente ante todas las fuentes de prueba que existen es que, mediante la entrega de importantes sumas de dinero desde la entidad BBVA y su presidente, Francisco González, al Comisario Villarejo y al resto de miembros del Cuerpo Nacional de Policía» colaboradores de Villarejo, «se ha creado un hampa policial al servicio y amparo exclusivo de quienes estuvieran dispuestos a pagar el dinero que exigían».
Apunta que «entre la pluralidad de personas que han sufrido las “acciones agresivas y desestabilizadoras”, expresión que utiliza el propio Corrochano en una de las grabaciones afloradas en prensa, para destruir a los enemigos del BBVA, se encuentra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por cuya destrucción pagó el BBVA más de dos millones de euros».
Para Durán & Durán Abogados, «las razones de Francisco González y el BBVA para llevar a cabo ese desembolso económico contra» Pineda estaban «perfectamente justificadas».
Destaca que «Ausbanc es la que ganó, en primer lugar, ante el Tribunal Supremo la declaración de abusividad de las cláusulas suelo que el BBVA incluía en sus préstamos hipotecarios y, en segundo lugar, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la obligación de devolver la totalidad de lo cobrado indebidamente por el banco; lo que supuso para el BBVA unas pérdidas económicas directas de más de 600.000.000,00 euros (cifra que, en todo caso, se calcula a la baja al ser los datos económicos del BBVA opacos en este punto)».
«De igual forma, otra razón, además de esos seiscientos millones de euros directos perdidos por las prácticas abusivas del BBVA, justificaba hacer lo que hiciera falta para, desde el Banco, acabar con Luis Pineda y Ausbanc», añade el bufete.
Asimismo, señala que el 23 de diciembre de 2014, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, dando respuesta a una denuncia presentada Ausbanc el 26 de noviembre de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:
“Analizadas las alegaciones contenidas en el escrito de denuncia y realizadas las oportunas comprobaciones procede remitir escrito a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. requiriéndole para que lleve a cabo las actuaciones necesarias para garantizar que, antes del 30 de septiembre de 2015, se complete la identificación de los clientes a los que esté aplicando cláusulas suelo sin que consten dichas cláusulas en los correspondientes contratos y la restitución a los mismos de las cantidades indebidamente percibidas”.
Este despacho de abogados expresa en la querella que «lo que denunció Ausbanc es que simple y llanamente el BBVA estaba cobrando cláusulas suelo en préstamos hipotecarios en los que no existía esa cláusula suelo», y que «ante estos gravísimos hechos, la asociación presentó las suficientes evidencias que llevaron a la Comisión Ejecutiva del Banco de España a adoptar el indicado acuerdo».
«Evidentemente con la destrucción de Ausbanc se silenciaba esta gravísima conducta financiera del BBVA en perjuicio de sus clientes», afirma.
Durán & Durán Abogados explica que «es en ese contexto temporal de éxitos procesales y denuncias de prácticas fraudulentas cometidas por el BBVA, cuando Francisco González decidió pagar más de dos millones de euros al Comisario de Policía en activo, José Manuel Villarejo, por el encargo de desarticular la asociación de consumidores y destruir a su presidente».
«Y, de hecho, tal como se pone de manifiesto a lo largo de toda la querella presentada, además del propio significado delictivo que supone corromper a funcionarios públicos por parte del entorno BBVA, disponiendo del Cuerpo Nacional de Policía para espurios intereses particulares, no dudaron en recurrir al acceso ilícito a datos personales de Luis Pineda y todo su entorno personal, familiar y social; al tráfico de influencias en la propia UDEF y otros organismos, y a la generación de todo tipo de pruebas falsas para incriminar y destruir a una persona y a una asociación que habían logrado que el banco tuviera que devolver a los clientes del BBVA -que Luis Pineda y Ausbanc defendieron- más de mil millones de euros».
EL BBVA INVESTIGA DESDE JUNIO DEL AÑO PASADO LOS SERVICIOS PRESTADOS POR VILLAREJO
El BBVA informó el pasado enero en un comunicado que en junio de 2018 abrió una investigación interna sobre la contratación y los servicios prestados por la empresa Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, y que solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible.
La investigación está liderada por los despachos Garrigues, Uría Menéndez y la consultora PwC, «todo ello con el impulso del consejo de administración», según ha señalado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.
Además, Torres agradeció a Francisco González su gesto de renunciar temporalmente como presidente de honor de BBVA y de la Fundación, hasta que concluyan las investigaciones en curso por este caso, e informó que PwC le había trasladado que se requerirán «varios meses» más de trabajo en la investigación externa.
Explicó que a raíz de las noticias aparecidas en medios decidieron poner en marcha una investigación interna que consistía en la revisión de contratos, facturas, servicios prestados, procedimientos de contratos seguidos, «con la complejidad» que tiene trabajar con información relativa a un periodo de tiempo tan largo. Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.
Fue a partir del 9 de enero, fecha en que comenzaron a aparecer informaciones que apuntaban al seguimiento e intervención de comunicaciones privadas, cuando BBVA decidió cambiar su estrategia. «Esa fecha marcó un punto de inflexión», informó Torres.
También recordó que envió una carta a los empleados de la entidad tras la aparición de las primeras noticias, que de ser ciertas, «se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables y contrarias a los valores de BBVA».
La entidad también está analizando los posibles efectos que las informaciones pudieran tener en la actividad del grupo y en el mercado. Según aseguró Torres, a día de hoy BBVA no ha encontrado impactos relevantes en su negocio o en la cotización ocasionados por la investigación.
