El representante legal de Miguel Sebastián (en la imagen) es el exministro de Justicia Francisco Caamaño Domínguez, socio de Caamaño, Concheiro y Seone Abogados (CCS).
El exministro Miguel Sebastián solicita personarse como acusación por el presunto espionaje de Villarejo para el BBVA
habría sido espiado en 2004 por elexcomisario siguiendo un encargo del BBVA de parar el 'asalto' a su consejo de administración por parte de la constructora Sacyr
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25/2/2019 17:19
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Actualizado: 25/2/2019 17:45
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El exministro socialista Miguel Sebastián ha solicitado hoy al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón personarse como acusación particular en el ‘caso Tándem’, en la pieza 9, relativa al espionaje que el excomisario José Manuel Villarejo habría perpetrado para el BBVA y que le habría perjudicado.
El escrito, al que ha tenido acceso Confilegal, está firmado por el exministro de Justicia Francisco Caamaño Domínguez, socio de Caamaño, Concheiro y Seone Abogados (CCS), y el procurador Jorge Vázquez Rey.
Caamaño pide que se le dé por personado y que cuando se levante el secreto de sumario se le dé acceso al mismo.
El bufete ha lanzado un comunicado en el que explica que «la acusación se fundamenta en las informaciones difundidas por diversos medios de comunicación en relación con las operaciones de espionaje y vigilancia realizadas por grupos operativos coordinados por el entonces comisario de policía Sr. Villarejo cuyos servicios habrían sido contratados en el año 2004 por responsables del BBVA con el fin de favorecer los intereses económicos del Sr. Francisco González Rodríguez, entonces presidente ejecutivo de la entidad».
«Estas informaciones acreditarían que las comunicaciones telefónicas de nuestro representado, en aquel tiempo secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, tanto las privadas como las oficiales, habrían sido intervenidas; que, asimismo, habría sido objeto de seguimientos y vigilancias continuadas y que, incluso, se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intentar torcer su voluntad», manifiesta.
Además, destaca que «se habrían utilizado recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios».
Los digitales Moncloa.com y El Confidencial publicaron el pasado enero que Miguel Sebastián habría sido espiado en 2004 por Villarejo siguiendo un encargo del BBVA de parar el ‘asalto’ a su consejo de administración por parte de la constructora Sacyr.
Moncloa.com detalló que el 1 de diciembre de 2004, apenas tres días después de que Sacyr anunciara su intento de control, el BBVA solicitó “formalmente” a Villarejo una “colaboración profesional” a través del Gabinete de Investigación y Análisis (GIA), el pomposo nombre con el que bautizó al equipo de trabajo puesto a sueldo del BBVA”.
Es el ‘Proyecto Trampa’, que tenía como objetivo “encontrar aspectos negativos” de las personas que podían poner en peligro la presidencia de Francisco González.
Según el citado medio, el comisario dejó escrito que su misión era “conocer las actividades de GH [grupo hostil] y de manera fundamental influir en sus decisiones para boicotear sus proyectos”.
Ese grupo “grupo hostil” lo formaban el presidente de la constructora, Luis del Rivero; el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa a las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián; o el vicepresidente de la empresa de infraestructuras y que también ocupaba un puesto de consejero en el BSCH -hoy Banco Santander-, Juan Abelló, informó Moncloa.com.
Hay más nombres de presuntas víctimas del espionaje de Villarejo, entre ellos los medios de comunicación PRISA, Intereconomía y el digital Hispanidad, de acuerdo al citado digital.
Caamaño expone en el escrito, de seis páginas, las informaciones que se han publicado sobre la llamada ‘Operación Trampa’.
Recuerda que, según informó Moncloa.com, los servicios contratados también incluían encontrar actividades y “aspectos negativos” de las personas del llamado “grupo hostil” como relaciones sentimentales, costumbres sexuales, consumo de alcohol o drogas, problemas con Hacienda, sospechas sobre su patrimonio y cualquier otro incidente o irregularidad con los que conseguir influir en sus decisiones y boicotear sus proyectos e, incluso, se ofreció al cliente denunciar en los tribunales cualquier irregularidad que se advirtiese en los enemigos investigados.
De acuerdo a ese digital, dicho encargo le obligaría a realizar “un trabajo sutil, moviéndose de manera sigilosa y actuando con procedimientos de ‘respuesta clandestina’ para que el rastro dejado, sea prácticamente inexistente”, sin reparar en medios ni estrategias, incluido el uso peyorativo de la orientación sexual de los miembros del llamado Grupo Hostil.
Y a tal fin, se habría articulado un sistema de pagos opaco con la finalidad de camuflar las ilícitas prestaciones de esta relación mercantil, bien mediante el empleo de sociedades con fines de ocio, estudios de mercado y/conceptos similares (siempre ajenos a criterios de investigación), bien mediante pagos en el exterior.
Caamaño también se hace eco de que la actual presidencia del BBVA ha enviado una carta a todos los empleados del banco admitiendo que el banco contrató a Villarejo y que Cenyt proporcionó distintos servicios al banco, pero no se han encontrado documentos relacionados con el control e intervención de comunicaciones privadas publicados por los medios desde el día 9 de enero, según publicó Cinco Días.
Recuerda que el BBVA manifestó estar realizando una supuesta investigación interna desde junio de 2018, y dice que «será absolutamente ineficaz».
Argumenta que la persona al frente de la auditoría interna del BBVA fue jefe de gabinete del anterior presidente del BBVA Francisco González, y persona de su confianza, tal y como ha publicado medios de comunicación.
Además, afirma que la investigación interna acumula despachos de máximo prestigio profesional, pero que pudieran no ser los idóneos para tal tarea por sus previas vinculaciones personales y profesionales con las personas que deben ser objeto de dicha investigación interna, tal y como ponen de manifiesto medios de comunicación mediante informaciones que, de ser ciertas, inhabilitarían a dichas entidades para desarrollar con objetividad dicha labor de investigación interna por la existencia de un claro conflicto de intereses.
‘PODRÍAN CONSTITUIR EL MAYOR ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN CORPORATIVA DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA’
Caamaño manifiesta que «el examen de todos los materiales hasta ahora conocidos pone de manifiesto que estamos ante unos hechos especialmente graves que, de resultar finalmente probados, podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española».
Destaca que «se habrían utilizado recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios» y que «las unidades operativas contratadas de forma encubierta para acometer las indicadas tareas de espionaje y reconstrucción falsaria de la realidad, estarían coordinadas y tendrían una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales y de seguridad del Estado, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas».
«Si fue posible intervenir, como indiciariamente acredita la documentación y los archivos de audio publicados, la línea telefónica oficial de nuestro representado, entonces secretario de Estado con sede en el Complejo de la Moncloa ¿Qué garantía del derecho a la intimidad pueden esperar los hombres y mujeres el común y, en particular, aquellos que han depositado en la entidad bancaria datos personales sensibles?», indica.
HABLA DE ‘OPACIDAD Y PASIVIDAD EN LA RESPUESTA’ DEL BBVA
El abogado expone que «con independencia del esclarecimiento penal de los hechos, la más elemental política de compliance obligaba al actual equipo directivo del BBVA a ofrecer una mínima explicación a las personas cuya intimidad fue drásticamente vulnerada» y a las que, como dice que ocurrió a su cliente, se les “fabricó”, por encargo, «un falso relato acerca de su vida personal, con el solo propósito de desacreditarlo ante los demás y crear un contexto intimidatorio dirigido a torcer su voluntad».
Caamaño también señala que frente a esto, ni se ha adoptado «una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar» de personas «presuntamente implicadas» que siguen en el BBVA ni la entidad se ha puesto en contacto o se ha «disculpado públicamente» con Sebastián.
«Esta opacidad y pasividad en la respuesta, unida a los hechos anteriormente descritos que, sin perjuicio de su definitiva calificación jurídico-penal, son indiciariamente delictivos y atribuyen a Miguel Sebastián la condición de persona ofendida por el delito/os, justifica y legitima su personación como acusación particular», expresa el letrado.
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