El extrabajador de seguridad del BBVA que ha declarado es César Bilbao; trabajó a las órdenes de Julio Corrochano, que está en libertad bajo fianza.
Un extrabajador de seguridad del BBVA afirma que daba datos de clientes a policías sin saber que eran para Villarejo
El funcionario de Hacienda que supuestamente consultó información sobre los abogados espiados dice que alguien pudo robar en su despacho estos datos para Villarejo
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05/9/2019 15:57
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Actualizado: 05/9/2019 16:00
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Un extrabajador del equipo de seguridad del BBVA, que trabajaba a las órdenes de Julio Corrochano, ha reconocido hoy ante el juez que proporcionaba datos de clientes de la entidad financiera a demanda de policías, que como él están investigados.
Ha dicho que lo hacía pensando que eran para pesquisas oficiales, no para los proyectos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Se trata de César Bilbao, que ha comparecido ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en calidad de imputado por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho en el marco de la pieza 2 del ‘caso Tándem’.
Esta pieza, denominada Iron, es relativa al encargo que el despacho de abogados Herrero y Asociados habría hecho a Villarejo para que espiase a un bufete de la competencia.
Bilbao aparece en la documentación que obra en la causa como una de las dos personas del BBVA que proporcionaron datos sobre los abogados a los que Villarejo estaba espiando, cosa que ha explicado porque esa era su labor: a veces pasaba las consultas al departamento jurídico y en otras ocasiones contestaba él mismo a los requerimientos, según fuentes presentes en el interrogatorio.
En las fechas objeto de la investigación su jefe directo era Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del BBVA, en libertad bajo fianza por otra de las líneas de investigación de esta macrocausa que le sitúa como el interlocutor de Villarejo con la entidad financiera en los ‘trabajos’ que estuvo realizando para ella durante más de una década.
Siempre según las mismas fuentes, Bilbao ha alegado que cuando un policía solicitaba información, ya fuese mediante un oficio, correo electrónico «o incluso por teléfono», se «deducía» que era para una investigación oficial, si bien este extremo también se desconocía.
Ha señalado en concreto al inspector Constancio Riaño -citado a declarar el próximo 23 de septiembre- como la persona que le hacía las consultas, tal y como consta en el intercambio de correos electrónicos que obra en la causa.
LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Hoy también ha declarado ante García-Castellón un trabajador de Hacienda jubilado, Antonio Chaparro, por las consultas que según consta en un oficio policial, realizó sobre el despacho de abogados espiado, Balder IP, cuya información tributaria (el modelo 347 de 2012) obraba en poder de Villarejo, una información que conforme él mismo ha reconocido, sólo se puede entregar a terceros por orden judicial.
Chaparro es uno de los investigados en la pieza Iron, sobre un supuesto encargo de Herrero y Asociados a Villarejo para espiar a un bufete rival.
Chaparro ha negado negado haber facilitado datos fiscales para Villarejo, y ha planteado la posibilidad de que alguien usara su clave de acceso, y colándose en su despacho y en su propio ordenador, hubiese consultado los datos.
Ha asegurado que a las horas a las que se realizó la búsqueda él no se encontraba en su mesa porque sus funciones incluyen otros menesteres.
‘COMPROBACIONES’ DE INFORMACIÓN
El juez también ha tomado declaración a un subinspector con destino en la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional a quien también se investiga por presunta revelación de secretos, ya que habría consultado en bases policiales datos sobre uno de los abogados a los que Villarejo estaba espiando en el año 2014.
Este policía, que en esas fechas dependía del jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo(UCAO) Enrique García Castaño y que tuvo también de superior a Antonio Bonilla -ambos imputados en la causa por presunta participación en los proyectos de Villarejo-, ha reconocido que él hacía las consultas, ya fuese a demanda de cualquier superior de la unidad por el conducto reglamentario, ya fuese por iniciativa propia ante el conocimiento de un posible hecho delictivo.
De acuerdo a las citadas fuentes, este policía ha negado que Enrique García Castaño o Constancio Riaño le pidiesen nunca ninguna información o que recibiese
contraprestación alguna por facilitarla.
Sí ha reconocido que tenía relación con Bonilla, que en las fechas investigadas ya estaba en segunda actividad y trabajaba para una de las empresas de Villarejo.
Según su relato, no era habitual que le pidiese información y cuando lo hacía, él no se los proporcionaba.
No obstante, ha apuntado que Bonilla sí podía comentarle personalmente «sospechas» que tenía de algún hecho delictivo y él, en el marco de sus funciones, hacía «comprobaciones» de esa información sin necesidad de hablar primero con un superior porque «la policía investiga».
SALAMANCA TERMINA SU DECLARACIÓN
También ha declarado hoy el exjefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras Carlos Salamanca, investigado en la pieza 1 de la causa.
El que fuera comisario jefe de Barajas quedó en libertad en marzo de 2018, tras pasar cinco meses en prisión.
Está imputado por supuestamente pertenecer a la organización criminal que lideraba el comisario jubilado Villarejo y por expedir visados en Barajas a ciudadanos guineanos a cambio de comisiones y dádivas.
Tras comparecer el pasado 11 de julio, regresaba hoy a la Audiencia Nacional para terminar la declaración, pues faltaba por preguntar la defensa.
Salamanca ha insistido en el origen lícito de ese dinero, que habría estado ahorrando en efectivo en su casa, así como en que los coches de alta gama que ha venido conduciendo respondían a préstamos de amigos y personas cercanas.
Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, considerado mano derecha de Villarejo y que está imputado en varias piezas de la trama, también estaba citado este jueves, si bien su declaración se ha pospuesto, a instancias de la defensa y por motivos de agenda.
Será reprogramada para fechas próximas, dado que a lo largo de este mes el juez y la Fiscalía Anticorrupción celebrarán una veintena de interrogatorios relacionados con esta y otras piezas de la macrocausa.
García Castaño está investigado en esta pieza por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
Según la documentación que obra en la causa, Villarejo habría pedido al exjefe de la UCAO que le proporcionase información reservada sobre los miembros del bufete al que estaba espiando.
El comisario lo anotaba en un documento que bajo el título ‘Gestiones BIG’ -apelativo que los investigadores atribuyen a García Castaño- recogía las pesquisas que iba a encomendarle.
En esta pieza constan, además, una serie de emails que el policía Constancio Riaño había enviado a un interlocutor en el BBVA para, en nombre de «Enrique», recopilar información de las cuentas bancarias de los abogados a los que se estaba espiando.
García Castaño siempre ha negado que desempeñase rol alguno en los ‘proyectos’ del comisario. Sostiene que Riaño pudo estar utilizando su nombre para obtener información y se desmarca de las anotaciones que pudiera haber hecho Villarejo.
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