La Fiscalía de Madrid ha solicitado prisión incondicional para tres de los doce detenidos por las protestas del pasado sábado contra la sentencia del procés por delitos de desórdenes públicos y por atentado a la autoridad, han informado a Europa Press fuentes fiscales.
Los arrestados han prestado declaración a lo largo de la mañana ante el juez de Guardia de Detenidos de Plaza de Castilla. En las vistillas celebradas, el fiscal ha solicitado prisión para dos hombres y una mujer, según las mismas fuentes.
Hasta el momento, han abandonado las dependencias judiciales al menos cuatro detenidos, que habrían quedado en libertad. Decenas de personas están apostadas a las puertas de los juzgados para recibir a los arrestados.
Los incidentes en la manifestación se saldaron con catorce personas arrestadas, entre ellos dos menores que fueron puestos en libertad.
Diez de los detenidos pertenecen a grupos de extrema izquierda, mientras que otros dos a colectivos de ultraderecha. Durante la protesta se produjeron cargas policiales en los alrededores de Gran Vía, Callao y la Puerta del Sol.
Concentración en apoyo a los detenidos
Mientras se producían las declaraciones, cerca de 150 jóvenes del Movimiento Antirrepresivo de Madrid se han concentrado en apoyo a los detenidos.
Al grito de ‘Libertad, detenidos por luchar’ y custodiados por una quincena de agentes de la Policía Nacional, los concentrados se han apostado a las puertas de los juzgados ordinarios de la capital, portando una gran pancarta en la que se podía leer:
«Libertad Manifestación. Detenidos Absolución. Movimiento Antirrepresivo de Madrid’.
El portavoz del colectivo ha exigido la puesta en libertad de los detenidos, ya que a su juicio han sido «víctimas» de «la represión que está habiendo estos días en Cataluña y que se está extendiendo al resto del Estado».
«Hubo muchas cargas y porrazos. Manifestarse no es delito», ha aseverado, cargando contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, después de que ayer manifestara que la Delegación de Gobierno tiene que extremar la autorización de manifestaciones, algo de lo que entiende es una «vulneración de derechos fundamentales».
