La Comunidad de Madrid trabaja en la redacción del anteproyecto de Ley que plantea eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para que los magistrados de estas Salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así lo informaron ayer el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, el magistrado en servicios especiales Enrique López, tras la celebración del Consejo de Gobierno.
Esta iniciativa se enmarca en las medidas de la Comunidad que persiguen «despolitizar» la Justicia.
El Consejo de Gobierno conoció ayer un informe sobre este anteproyecto de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas que conlleva la modificación de dos artículos: el 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
En el primero de ellos se propone que en las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el CGPJ sea el encargado de cubrir por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma.
Hasta ahora la elección se realiza, a partir de una terna, a propuesta de la Asamblea de Madrid.
Con el cambio legislativo planteado, las restantes plazas también serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ entre los que lleven diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad autónoma, como ya se hace en la actualidad.
En el otro artículo que se modifica, «se suprime la propuesta de nombramiento entre la terna promovida por la Asamblea de Madrid y, al igual que en el anterior punto, se sustituye por magistrados nombrados por juristas de reconocido prestigio, en la forma prevista en el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)».
En el Ejecutivo autonómico no quieren, tal y como ha indicado López, que se dé una «apariencia de parcialidad como consecuencia del origen de los nombramientos». Este cambio normativo fortalece «la imagen» y profundiza también en «el mérito y la capacidad» de los mismos, dado que la Asamblea no está obligado a tener esto en cuenta para su elección.
▶ Iniciamos la tramitación de la ley que plantea eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para elegir jueces del TSJM #ConsejoDeGobierno https://t.co/KCuRa5sgtA pic.twitter.com/kEcMCcQVni
— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 22, 2019
Cuando se apruebe el anteproyecto de Ley en el Consejo de Gobierno, continuará la tramitación hasta que le dé luz verde como proyecto y luego se enviará a la Asamblea. De salir adelante, la Cámara regional lo remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados.
La ley orgánica entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
«Uno de nuestros principales objetivos es que los ciudadanos confíen en este gobierno, independientemente del partido al que hayan votado. Para confiar lo necesario es aportar por la transparencia y la regeneración», ha señalado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
Cabe recordar que el pasado diciembre, la Cámara Baja tumbó la propuesta de elección de los 12 vocales jueces por la carrera judicial y mantuvo la elección parlamentaria de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por 176 votos en contra -la mayoría absoluta- del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Bildu, y 164 a favor del PP, Ciudadanos, Foro y UPN, el pasado jueves fueron rechazadas las enmiendas del PP y Ciudadanospara la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducidas en el Senado, que suponían cambiar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ, de modo que fueran los propios jueces los que designaran a sus representantes en este órgano.
DEFENSOR DEL DENUNCIANTE DE CORRUPCIÓN
Por otro lado, Ignacio Aguado informó que el ejecutivo madrileño también ha comenzado los trámites para crear la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción, otro de los puntos del acuerdo entre PP y Ciudadanos.
Ha explicado que será un departamento «independiente y autónomo», que orgánicamente dependerá de la Administración pero que lo elegirá una mayoría cualificada de la Asamblea de Madrid.
El objetivo es que cualquier funcionario público que quiera denunciar alguna irregularidad pueda hacerlo, garantizando su confidencialidad.
Trabajamos para que los madrileños confíen en el Gobierno de la @ComunidadMadrid independientemente del partido al que hayan votado.
✅ 3 medidas de regeneración y transparencia en tan solo 60 días ?? #VamosMadrid pic.twitter.com/F7gaCtEXY1
— Ignacio Aguado (@ignacioaguado) October 22, 2019
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