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Altodo denuncia el ‘uso electoralista’ del pago a los abogados de oficio en Gürtel

Pide que "no se utilice" a los letrados del turno de oficio que fueron designados en este procedimiento "como arma arrojadiza electoral", y solicita "mayor rigor jurídico" y que "no se viertan informaciones inexactas que perjudican la imagen del colectivo"Esta asociación, presidida por el letrado Juan Manuel Mayllo, reivindica el "derecho" de estos letrados a percibir la compensación que les corresponda por su trabajo; además, señala que el baremo aprobado por el Ministerio para el pago a los letrados en los macroprocesos "es absolutamente insuficiente y manifiestamente mejorable".
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La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) denuncia que se haga «uso electoralista» del pago a los abogados que actuaron de oficio en el caso Gürtel.

Esta asociación, que preside el letrado Juan Manuel Mayllo, considera que se está pretendiendo «sacar rédito político» con este asunto.

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Así lo manifiesta en un comunicado tras unas informaciones publicadas por el ‘El País’, tituladas ‘Justicia pagó en época del PP la defensa de acusados de Gürtel que no tenían derecho a ello’, y ‘La Abogacía del Estado avisó de que pagar las defensas de empresas de Gúrtel es ilegal’; así como las declaraciones vertidas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en este mismo sentido en el debate electoral en TVE.

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Altodo pide que «no se utilice» a los letrados del turno de oficio que fueron designados en este procedimiento «como arma arrojadiza electoral», solicita «mayor rigor jurídico» y que «no se viertan informaciones inexactas que perjudican la imagen del colectivo de abogados de oficio, que se ha limitado a garantizar por imperativo legal la efectividad del derecho constitucional» a la defensa en este caso de los investigados en el sumario del caso Gürtel».

Reivindica el «derecho» de estos letrados a percibir la compensación que les corresponda por su trabajo, y, además, señala que el baremo aprobado por el Ministerio para el pago a los letrados en los macroprocesos «es absolutamente insuficiente y manifiestamente mejorable».

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Esta asociación recuerda que «según los artículos 118.3 y 119. 1 a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), las personas físicas y jurídicas investigadas en los procedimientos penales deben imperativamente estar defendidas por abogado, y si no lo nombran particularmente, se les designará de oficio, con independencia de que tengan o no derecho a la justicia gratuita, quedando el letrado designado de oficio obligado a asumir la defensa (artículo 31 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita)».

Añade que de no haberse nombrado abogado a estas personas físicas o jurídicas investigadas, el proceso de la Gurtel hubiera quedado paralizado y nunca hubiera habido sentencia o bien ésta hubiera sido nula de pleno derecho, con el consiguiente escándalo.

«De ahí que el tribunal, ante la falta de nombramiento de letrados de libre elección por parte de varias personas físicas o jurídicas investigadas requiriera al Colegio de Abogados de Madrid para que se procediera al nombramiento de abogados de oficio», señala esta asociación.

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Asimismo, recuerda que la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita establece en su artículo 30 que “la intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sólo podrá ser indemnizada cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en esta ley”, sin perjuicio del derecho del letrado designado de oficio a reclamar a su defendido, en tal supuesto, los honorarios correspondientes a las actuaciones practicadas (artículo 27 de la LAJG).

Añade que cosa distinta son las posibilidades de éxito de esa reclamación, habida cuenta de que la mayoría de las personas físicas o jurídicas para cuya defensa los letrados fueron designados de oficio «estaban en probable situación de insolvencia, entre otras cosas por tener todos sus bienes preventivamente embargados por el tribunal, para asegurar sus posibles responsabilidades civiles, lo que hubiera supuesto en la práctica esclavizar a un grupo de letrados, obligados a asumir la defensa de esta macrocausa, sin percibir compensación económica alguna».

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Altodo subraya que «sin perjuicio de la urgente necesidad de una reforma de la LAJG para que quede garantizado el cobro de los profesionales de oficio en todo caso, y sin perjuicio del derecho de la administración a repetir contra el justiciable a quien se deniegue el beneficio, era necesaria, por estrictas razones de justicia, una regulación “ad hoc” dada la inmensidad y peculiaridad de la causa».

Indica que «con el cambio de Gobierno se politizó esta cuestión» y el Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, reclamó al Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía Española «la devolución de los pagos que habían sido abonados a los letrados».

Afirma que lo hizo «bajo la amenaza o chantaje de no liberar los pagos que se adeudaban a todo el colectivo de abogados de oficio de todos aquellos territorios dependientes del Ministerio por no tener transferidas las competencias de justicia».

«Pagos que estaban retenidos desde hacía varios meses, entre el 17 de agosto y el 22 de noviembre de 2018», añade.

Altodo lamenta que «pasado un año, y coincidiendo con la nueva convocatoria electoral, se pretende seguir sacando rédito político de este asunto».

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También apunta en su comunicado que el sumario de Gürtel constaba de mas de un millón de folios y 126 sesiones de juicio oral, y que «los compañeros designados no solamente se dedican al Turno de Oficio, sino que todos ellos llevan también asuntos privados, por lo que es casi inimaginable lo que les pudo suponer encontrarse inesperadamente con que debían asumir esta inmensa carga de trabajo».

«No sólo les suponía paralizar sus despachos, sino tener que rechazar nuevos casos, que serían incompatibles con el estudio de un procedimiento de tal extensión y sesiones de juicio a jornada completa», agrega.

Esta asociación indica que le consta que «algunos se plantearon incluso abandonar la profesión, como única forma de “escapar” de la brutal sobrecarga de trabajo que se les venía encima», y dice que «poner en duda ahora su derecho a percibir una justa compensación por su trabajo es mezquino y muy difícil de entender».

Altodo espera «que este debate sirva para que el próximo Gobierno por fin reforme el artículo 30 de la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG)» y «se garantice, en todo caso, que los profesionales obligados por el Estado a intervenir en un asunto por expresa designa de oficio cobren por el trabajo realizado, con independencia de que el investigado tenga o no derecho de justicia gratuita, y sin perjuicio de que la Administración, que no el letrado, reclame posteriormente el reintegro de esa indemnización al justiciable que indebidamente se haya servido de estos profesionales».