Nadie puede cuantificar cuántos cientos de miles, pero la campaña que el pasado mes de octubre se lanzó a través de la redes sociales bajo el hashtag #10NYoVapeoYoVoto, podría contribuir a privarle de unos votos que podrían ser preciosos a la hora de obtener una mayoría suficiente.
Una campaña que, según se ha ido acercando la fecha de la votación, ha ido a más y que ha alcanzado a más de medio millón de personas.
Todo comenzó cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo, que ostenta María Luisa Carcedo, lanzó una campaña asimilando –y equiparando en su peligrosidad– los cigarrillos electrónicos al propio tabaco.
Una de las empresas que comercializan “vapeadores” en España, MyBlu Spain, denunció al Ministerio de Sanidad ante la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, que depende de Presidencia de Gobierno, por dicha campaña, que costó un millón de euros.
«SÍNTESIS PUBLICITARIA»
La publicidad, para MyBlu Spain, era engañosa.
Pero aunque Sanidad admitió que no era del todo cierto, había que respetarlo porque era la consecuencia de la síntesis publicitaria.
Por eso no se retiró.
«Eso, desde nuestro punto de vista, vulnera el derecho constitucional a recibir una información veraz», explicó a Confilegal, Rocío Ingelmo, representante de Imperial Brands.
La campaña anticigarrillos electrónicos, ni que decir tiene que ha afectado al sector, que mueve en España 90 millones de euros.
«Esto es una tragedia, porque mucha gente que se había pasado a los vapeadores, como alternativa al tabaco, y, para dejarlo, están volviendo a él», apuntó Ingelmo.
La gran beneficiada es la multinacional Pfizer, con la que el Ministerio de Sanidad suscribió un acuerdo para subvencionar sus comprimidos Champix –por 30 millones de euros–, cuyo principio activo es la varenicilina, que asegura, en 12 semanas, la desaparición de la adicción al tabaco.
El resultado directo es que al criminalizar los vapeadores, como método para ayudar a dejar de fumar, al mismo tiempo se favorecen los comprimidos Champix, sobre los que le quedan dos años de uso de patente a Pfizer, porque en 24 meses le expira la patente.
Las urnas dirán, finalmente, si el Ministerio de Sanidad socialista se equivocó al plantear la campaña contra los cigarrillos electrónicos.
