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La Asociación de Fiscales reivindica la independencia de la Fiscalía y reelige a Cristina Dexeus como presidenta

La reelegida presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, con la fiscal general del Estado, María José Segarra, en una foto tomada ayer, antes de la clausura del XXII Congreso de la asociación celebrado en Bilbao.
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La Asociación de Fiscales (AF) hizo ayer públicamente una declaración de independencia y rechazó cualquier injerencia del poder ejecutivo.

Esta fue la primera de las conclusiones que la AF, la asociación mayoritaria de las tres existentes (cuenta con 530 afiliados de una plantilla de 2.700),  aprobó al final de su XXII Congreso, que se celebró en el aula magna de la Universidad de Deusto, en Bilbao, en cuyo marco fue renovada la Ejecutiva de la asociación, siendo reelegida, nuevamente, Cristina Dexeus Ferrer en la Presidencia.

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Dexeus, de 56 años, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Entre 2014 y 2018 fue miembro del Consejo Fiscal.

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La renovada presidenta declaró, en referencia a la metedura de para del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la que dio por sentado que el Ejecutivo mandaba sobre la Fiscalía, que «a los políticos se les ha de exigir un nivel de conocimiento de las instituciones y de responsabilidad a la hora de hacer sus manifestaciones, porque esas palabras han sentado mal porque no dependemos del Gobierno como ha quedado en evidencia en el juicio del ‘procés'».

Dexeus aprovechó también para reivindicar la ruptura de la vinculación que todavía mantiene la Fiscalía General del Estado con el Ministerio, del que depende en presupuestos, medios materiales y formación.

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El aula magna, durante la clausura, estuvo hasta los topes.

Junto a la presidenta fueron reelegidos Miguel Rodríguez Marcos, de 39 años, como vicepresidente, fiscal de la Fiscalía del Principado de Asturias, y Pilar Sánchez Alcaraz, de 55 años, fiscal de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Jaén.

La nueva «savia» son Vicente Garrido García, de 63 años, fiscal de la Fiscalía de Las Palmas y fiscal superior de Canarias entre 2003 y 2019; Esther Moreno Amaya, de 42 años, destinada en la Fiscalía del Área de Marbella; Álvaro Terol Garaulet, de 42 años, con destino en la Fiscalía Provincial de Valencia; y Pedro Díaz Torrejón, de 39 años, es fiscal delegado de Protección y tutela de las víctimas del proceso penal y delegado de Menores en la Fiscalía del Área Getafe-Leganés, en Madrid.

Salen de la misma Jesús Alonso Cristóbal, Marta Valcárce López, Montserrat García DíezMónica Alonso Lumbreras.

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Esta es la segunda declaración de independencia, aunque es la primera adoptada por una asociación.

La anterior fue pronunciada el 2 de noviembre de 2018 por los cuatro fiscales de la causa del procés en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal –Fidel Cadena, fiscal de Sala Jefe, Consuelo Madrigal -exfiscal general del Estado-, Javier Zaragoza -exfiscal jefe de la Audiencia Nacional- y Jaime Moreno, y los dos en la Audiencia Nacional -el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira–, quienes mantuvieron la acusación de rebelión para los acusados frente al cambio de parecer de la Abogacía del Estado, que bajó su calificación a sedición.

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A los cuatro, los compañeros que han representado al Ministerio Fiscal «en el llamado juicio del ‘procés'» la AF expresó «su reconocimiento» por su profesionalidad.

El Congreso tuvo lugar entre el 8 y el 9 de noviembre en el aula magna de la Universidad de Deusto, un lugar imponente. En la foto de la derecha, Cristina Dexeus flanqueada por Gregorio García Torres, director de Santander Justicia, y Ana Barrilero, fiscal jefe de Bilbao.

QUE SE RESPETE EL ORDEN ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA LEY

La Asociación de Fiscales, en sus conclusiones, exige que «en todo el territorio nacional se respete el orden constitucional y la ley. Que la Fiscalia General del Estado lidere la defensa de la institución y su independencia». Y en el que «se garanticen las condiciones de trabajo de los Fiscales de Cataluña».

De la misma manera reivindican que se siga respetando el sistema actual de oposiciones, donde prima el principio de capacidad, «proporcionando un sistema de becas públicas que facilite el ingreso en igualdad de oportunidades».

También reclaman una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la Fiscalía asuma la instrucción de las causas penales así como la derogación inmediata del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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Para la Asociación de Fiscales, la elaboración de un futuro Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y un nuevo Reglamento, que lo desarrolle, adaptado a los nuevos tiempos, es esencial, pero ambos deben ser elaborados con transparencia y contando con el concurso de toda la carrera.

En esa línea se expresó la fiscal general del Estado, María José Segarra, quien recordó que la reforma del Estatuto es del año 2007 y hay que adaptarse a «las nuevas necesidades de los nuevos retos de la delincuencia».

La fiscal general durante la clausura. En la foto, Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, Cristina Dexeus, María José Segarra, Esther Fernández, fiscal superior del Principado de Asturias, y Ana Barrilero, fiscal jefe de Bilbao.

Indicó que continuará el trabajo hecho desde su nombramiento hace año y medio con esas «nuevas líneas» que supondrán un nuevo reglamento del Ministerio Fiscal y un nuevo Estatuto, como «prolegómeno necesario para esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que finalmente dé al fiscal la investigación de los procedimientos y sitúe a los jueces en el ámbito de las garantías».

Segarra apuntó que ese es el modelo «más garantista y al que tienden todas las instituciones modernas».

Afirmó, por último, que «necesariamente» quiere contar con las asociaciones y, según destacó, desde que asumió su responsabilidad siempre ha buscado la participación de los fiscales, tanto con las juntas de fiscalía como con las asociaciones.

De izquierda a derecha, Ana Barrilero, fiscal jefe de Bilbao; Esther Fernández, fiscal superior del Principado de Asturias, Cristina Dexeus, María José Segarra, Rosa rubio, vocal del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado, y Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco.