Las asociaciones convocantes de la huelga de jueces y fiscales han informado de que este segundo día de parón ha tenido un seguimiento que roza el 70% del total. Una cifra que continúa siendo un éxito, pero ante la que lamentan la falta de contacto con el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños.
Las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía han provocado que cinco de las asociaciones de jueces y fiscales hayan convocado una huelga durante los días 1, 2 y 3 de julio. Ello, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho. Especialmente, debido a la falta de comunicación que han tenido con los creadores de esta nueva norma.
En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Una huelga que, en su primer día, conseguía un seguimiento del 75%, según las asociaciones convocantes. Un «éxito» que se repetía este miércoles.
Así, según un comunicado conjunto de las asociaciones, «con carácter provisional y a las 12:00 del mediodía», el seguimiento ha sido de un 70%.
La huelga, sin contacto con Bolaños
Un parón de jueces y fiscales ante el que las asociaciones han puesto en relevancia los servicios mínimos ofrecidos a la ciudadanía.
«Gracias a la planificación de los servicios mínimos esenciales establecidos por este Comité, confiamos en que el impacto directo sobre la ciudadanía haya sido limitado. Ello, garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable», han destacado.
Misiva en la que APM, FJFV, FJI, AF y APIF no han dudado en lamentar la mala relación con el Ministerio de Justicia en estos momentos críticos. Ello, sin haber recibido contacto alguno con el ministro socialista tras dos días de huelga.
«Lamentamos profundamente que, por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación«, han asegurado. También la falta de respuesta a las reivindicaciones del sector hacia una normativa que parece mantenerse inalterable por el parón judicial y fiscal.
