María Jesús del Barco, decana de los Juzgados de Madrid: «La Justicia ha sido la gran olvidada de este país»

Hace un año y medio que María Jesús del Barco fue elegida democráticamente por voto secreto y directo de sus compañeros.

En esta extensa entrevista con Confilegal, repasa sus primeros meses en el puesto, orgullosa de representar institucionalmente a los magistrados de la capital, pero consciente de los problemas que se multiplican en el ámbito de la Justicia, “la gran olvidada de este país”.

¿Cuál es su balance, hasta ahora?

Supongo que el balance de estos catorce meses deben hacerlo mis compañeros y a ellos les corresponde hacer esa valoración.

A nivel personal, ha supuesto desde el primer día un reto profesional importante, porque las funciones gubernativas del decanato conllevan una forma de trabajar completamente diferente al ejercicio de la función jurisdiccional.

Yo llevaba veinte años trabajando en un juzgado, organizando cada mañana mi propia rutina, sabiendo cada día los juicios que tenía que celebrar, los recursos y las sentencias que tenía sobre la mesa para resolver, etc.

Y era un trabajo esencialmente técnico; en el Decanato no es así, porque más allá de las reuniones de trabajo que ya pueda tener señaladas en la agenda, surgen a lo largo del día incidencias de todo tipo y también cuestiones de intendencia muy básica pero que necesitan una respuesta si queremos que dar un servicio público de calidad al ciudadano y porque, a veces, lo básico puede entorpecer la labor del magistrado.

Pero para mí, la labor más complicada es la representación institucional de los magistrados de Madrid, que es un orgullo, pero también es una responsabilidad muy grande.

Los que me conocen saben que siempre he creído y he defendido que la función que hacemos los jueces es esencial en un sistema democrático, que tenemos una verdadera vocación de servicio público, que trabajamos desde la responsabilidad, con una gran preparación técnica, y lo hacemos con una enorme sobrecarga de trabajo y sin los medios materiales y, -en muchas ocasiones también personales-, adecuados.

Y entiendo que como Decana tengo que hacer llegar esta realidad a todos aquellos foros donde me quieran escuchar y, desde esta premisa, hacer todas las reivindicaciones de aquello que precisa este partido judicial. Y las necesidades de Madrid son muchas y no siempre son atendidas.

«Los que me conocen saben que siempre he creído y he defendido que la función que hacemos los jueces es esencial en un sistema democrático, que tenemos una verdadera vocación de servicio público, que trabajamos desde la responsabilidad»

¿Ha podido tratar todos los temas pendientes?

En un partido judicial como Madrid, con más de 300 órganos judiciales, muchos de ellos con medidas de refuerzo, siempre hay temas pendientes.

Además, a medida que conozco cada orden jurisdiccional y hablo con mis compañeros, detecto más necesidades y más problemas, y hay que tratar de ver cuál es la posible solución.

Si esa solución no requiere una inversión económica por parte de Administración competente, es más fácil afrontar ese problema y resolverlo; cuando no es así, cuando la solución requiere la intervención de otros, entonces las cosas van un poco más despacio.

No porque no exista la voluntad política de la Administración concreta de dar una solución, sino porque los propios tiempos de contratación administrativa, de aprobación de gasto, etc., impiden una rápida respuesta.

Pero es que todos sabemos que la Justicia ha sido la gran olvidada en este país y por todas las administraciones, tanto a nivel estatal como autonómica.

Porque somos conscientes de que no damos votos y que, en términos de rédito electoral, la Justicia interesa poco al político, por tanto, me temo que la lista de temas pendientes a las que se refiere en su pregunta es interminable.

EL PROBLEMA DE LAS OCUPACIONES ILEGALES

¿Fue fructífera su reciente reunión con el consejero de Justicia y la fiscal provincial? ¿Abordaron el tema de las ocupaciones de pisos? 

Entiendo que todas las reuniones lo son desde el momento en que juntos detectamos un problema y tratamos de buscar una solución.

Como sabe, el tema que tratamos en esa reunión fue el de las ocupaciones ilegales y los desahucios. Pero muchas de las soluciones que se plantearon pasan por reformas legales que deben abordarse desde el Parlamento nacional.

Tendremos que ver cuál va a ser la dirección política del gobierno que se forme en las próximas semanas. Si va a hacer alguna modificación legal en esta materia y en qué medida va a conjugar el derecho a la tutela judicial efectiva, –como derecho fundamental– la protección del derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Y tendremos que ver también si existe una voluntad real por parte de ese nuevo gobierno para el efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Porque, muchas veces, ha sido precisa la colaboración policial para que por parte del servicio común de lanzamientos de este decanato se pudiera practicar un desahucio, -acordado en una sentencia judicial firme-.

Y no ha existido la voluntad política y la orden a la policía para llevar a efecto el cumplimiento de esa sentencia. De modo que el sistema judicial ha actuado, el procedimiento se ha tramitado correctamente, el juez ha puesto su sentencia conforme a Derecho.

Finalmente hemos dejado desprotegido al ciudadano que, con una resolución judicial que ampara su derecho de propiedad, el derecho a que su vivienda quede libre de ocupantes ilegales, y ha visto cómo no se podía ejecutar esa sentencia o no se hacía en el plazo establecido.

«Tendremos que ver también si existe una voluntad real por parte de ese nuevo gobierno para el efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales»   

En muchas ocasiones se acuerda un desahucio por la falta de pago de renta en un contrato de arrendamiento. Y ese impago del alquiler pactado se produce porque el arrendatario carece de recursos económicos.

Es entonces cuando debe activarse toda la protección social que sea precisa, bien sea a través de la concesión de una vivienda de protección oficial con un alquiler social.

Bien sea asumiendo la propia administración competente el pago de ese alquiler o buscando cualquier otra solución que ampare a quien se encuentran esa situación de especial vulnerabilidad.

Pero para ello es necesario que se activen esos mecanismos de protección de manera inmediata por los servicios sociales, bien sea desde los ayuntamientos o desde la Comunidad Autónoma respectiva.

Pero no podemos transmitir a la sociedad la idea de que el sistema legal no funciona.

De que se ampara el incumplimiento de la ley y el incumplimiento de los contratos, porque entonces estamos generando una situación de inseguridad jurídica y económica que nos perjudica como sociedad democrática y, en definitiva, quiebra nuestro progreso económico.

Y además, como somos un Estado social y así lo dice nuestra Constitución, el ciudadano que precisa esa protección de la Administración, porque se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad, porque carece de recursos económicos, porque tiene hijos menores a cargo y tiene que decidir entre pagar el alquiler o que sus hijos coman, deben saber también que existe una respuesta adecuada en los servicios sociales que ampara su situación y que no va a estar desprotegido.

¿Cómo se pueden impedir las ocupaciones ilegales? ¿Las que se producen en pisos habitados son especialmente sangrantes?

Estamos hablando de la ocupación ilegal como la comisión de una actividad delictiva castigada con una pena de multa de tres a seis meses creo que, con carácter preventivo, poco se puede hacer.

O tal vez se puede hacer mucho y es cambiar el discurso que hemos escuchado en los últimos años a algunos responsables políticos que han amparado y considerado justo y loable la ocupación de viviendas y de pisos vacíos si estos eran propiedad de un banco, por ejemplo.

Más allá de que, evidentemente, los bancos tienen también reconocido constitucionalmente el derecho de propiedad, desde el momento en el que quienes ostentan responsabilidad política e institucional justifican con sus intervenciones públicas la comisión de una actividad delictiva, difícilmente puedes evitar que esa ocupación de viviendas perjudique a una anciana que cuando vuelve del hospital de operarse tras sufrir una caída y la rotura de su cadera, se encuentra con su casa ocupada.

Situación que creo que a cualquier ciudadano le resulta intolerable y sangrante.

Ni tampoco vas a poder evitar que, bajo el paraguas de quienes ocupan por su especial situación de vulnerabilidad social una vivienda ajena, nos encontremos con mafias que trafican con esas viviendas que no son de su propiedad.

Y, sin embargo, cobran un alquiler a estas personas desfavorecidas para poder vivir en esa vivienda o que, se utilicen esos pisos para traficar con drogas.

¿Cómo se puede aplicar la ley para solucionar el tema con rapidez? 

Desde el momento en el que entra en un juzgado una demanda de desahucio por la ocupación ilegal de una vivienda o en la que se reclama la resolución del contrato de arrendamiento por la falta de pago de renta, la tramitación ordinaria de ese procedimiento es relativamente rápida.

Sucede que, efectivamente, en muchas ocasiones nos encontramos con personas que se encuentren en una especial situación de vulnerabilidad social, con hijos menores a cargo y que carecen de recursos económicos.

En estos casos, la propia legislación procesal, y así se hace en los órganos judiciales, prevé que, desde el respeto a la normativa en materia de protección de datos, se dé traslado a los servicios sociales para que determinen si, efectivamente, concurren en los demandados esa situación de especial vulnerabilidad social y pueden ser beneficiarios de esa ayuda y protección públicas y debe activarse entonces el mecanismo en la Administración competente.

Entre los «ocupas» también habrá casos dramáticos de familias con niños que no tienen dónde vivir, ¿qué Administración es competente en estos casos?

A principios de año se firmó un protocolo entre el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma de Madrid, -a través de la Consejería de Justicia-, y la Federación Madrileña de Municipios y corresponde a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma, a través de sus políticas sociales y de vivienda pública, prestar esa protección.

Lo que sí entiendo es que estos servicios sociales deben dar una respuesta inmediata.

De modo que, si quienes están ocupando esa vivienda tienen derecho a esa protección pública, deben ser protegidos de manera urgente; pero si no es así, también deben estos mismos servicios sociales dar una respuesta inmediata al órgano judicial, comunicar que no procede dar ese paro social, para que en el Juzgado se continúe toda la tramitación establecida legalmente, se dicte sentencia y se puede ejecutar en plazo para dar una respuesta a ese ciudadano que se ha visto privado ilegítimamente de su propiedad.

UNA JUSTICIA MÁS RÁPIDA Y JUSTA

¿Alguna vez se conseguirá que la justicia sea más rápida y por tanto más justa?

Efectivamente una justicia lenta es menos justa y en eso coincidimos todos los que ahora llaman “operadores jurídicos”.

Creo que a nosotros, los jueces, nos resulta especialmente traumático no poder dar una respuesta en plazo porque somos conscientes de que si resolvemos tarde, por muy buena que sea nuestra resolución y muy motivada que esté, no habremos amparado al ciudadano en el momento oportuno.

Y sólo va a ser posible dar esa respuesta en plazo cuando quienes tienen responsabilidades políticas, fundamentalmente a nivel nacional, crean en la Justicia; crean en el derecho a la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y se tomen en serio alcanzar un pacto de Estado con una visión de futuro y con una altura de miras, que parta del conocimiento real de las necesidades del sistema judicial español y con la voluntad clara de afrontar el problema, buscar soluciones y ponerlas en práctica. Soluciones que no pueden ser a coste cero como hasta ahora ha venido sucediendo

¿Qué hace falta para ello, medios, personal y…?

Pues hacen falta muchas cosas. La primera de ellas la voluntad decidida de apostar por la Justicia.

Es necesario examinar la realidad de cada partido judicial, de acuerdo con la población de ese partido, no sólo la población real y censada, también la población flotante que recibe cada día, porque es necesario adecuar la planta judicial a esas necesidades concretas; es necesario abordar reformas procesales de calado que nos permitan ser más rápidos y ágiles en nuestra respuesta judicial; parece razonable que, por ejemplo, ante una reclamación de cantidad en un juicio verbal de una cuantía inferior a 3000 €, contra la que no cabe recurso, podamos dictar nuestra sentencia in voce que, además, queda debidamente documentada en la grabación de la vista.

Es necesario que estas reformas legales permitan, por ejemplo, la extensión de efectos de sentencias que afectan a consumidores en supuestos que son idénticos; pero es que el legislador debe adelantarse también y prever mecanismos de mediación previa al procedimiento judicial que eviten que se saturan los órganos judiciales con demandas que no alcanzan los 100 € en la reclamación.

«En los juzgados no sólo estamos los jueces, están también los letrados de la Administración de Justicia, y hay una queja común de ambos cuerpos: la falta, en muchas ocasiones, de funcionarios cualificados»

Es imprescindible que se creen más juzgados, porque en Madrid, por ejemplo, el nivel de saturación de asuntos y la enorme complejidad y envergadura de muchos de ellos, impiden dar una respuesta en plazo.

Los Juzgados de Primera Instancia de Madrid tienen una carga de trabajo superior al 250% del módulo que en su día estableció el Consejo General del Poder Judicial.

Los Juzgados de lo Mercantil del 348%.

Más de 20 Juzgados de lo Social están reforzados para tramitar las demandas de despido.

Los juzgados penales están también reforzados por el elevado volumen de trabajo y hablamos de asuntos en los que se enjuician delitos de violencia sobre la mujer o en los que hay causas con preso.

En los Juzgados de Familia donde se resuelve sobre la guarda y custodia de menores de edad y sobre el régimen de visitas de esos menores con sus progenitores, se está dando una respuesta tardía por la falta de medios, porque son precisos más órganos judiciales, pero también un funcionamiento eficaz y rápido de los equipos psicosociales que deben informar sobre la situación concreta de ese núcleo familiar.

PROBLEMAS PARA TODOS LOS GUSTOS 

¿Cuáles son los mayores problemas que se le presentan?

Los jueces de instrucción me trasladan cada día sus quejas porque en mitad de la guardia cae el sistema informático y no pueden acceder a la red y ver si el detenido tiene vigente o no una orden de busca y captura.

O se retrasa el tiempo de espera para la toma de declaración a una víctima porque el intérprete no llega a tiempo para asistir a esa persona.

También los jueces de lo contencioso administrativo sufren una elevada carga de trabajo, que se traslada, en la mayoría de las ocasiones, en la imposibilidad de dar una respuesta al ciudadano frente a la Administración, y lo hacen en un edificio que no reúne las condiciones que la dignidad de la función jurisdiccional requiere.

Pero es que en los juzgados no sólo estamos los jueces, están también los letrados de la Administración de Justicia, y hay una queja común de ambos cuerpos: la falta, en muchas ocasiones, de funcionarios cualificados.

Es cierto que, en la mayoría de las ocasiones, nos encontramos con unos profesionales que padecen la misma sobrecarga de trabajo que nosotros, pero son funcionarios responsables y con una enorme voluntad que hacen posible que su negociado salga adelante.

Esta profesionalidad se predica no sólo del titular sino también del funcionario interino.

Pero también es verdad que, en no pocas ocasiones, ante una baja por enfermedad, por ejemplo, desde la Administración autonómica se cubre esa plaza temporalmente vacante con un interino no cualificado, que ignora los trámites esenciales del procedimiento, que no ve la transcendencia y la urgencia del asunto que ha llegado a su mesa y que ralentiza el trabajo de ese juzgado, en muchas ocasiones, a costa del funcionario de la mesa de al lado que, como está más cualificado y, además, trabaja bien, acaba haciendo su trabajo y el del interino.

Y a todo lo anterior, tenemos que añadir que en Madrid no podemos hablar hoy de una completa digitalización judicial y que no terminamos de entrar en el siglo XXI.

«Es preciso la clase política de este país crea en la Justicia y tenga una visión de Estado. Me temo que aún no hemos encontrado ese unicornio»

¿En qué área cree que habría que actuar de inmediato para un mejor funcionamiento de la justicia?

La actuación más inmediata y urgente, aunque me temo que no es novedosa, es la adecuación del número de jueces de España a la media europea: casi 12 frente a los 21 jueces por cada 100.000 habitantes.

Si no existe una adecuación de la plantilla judicial al número de asuntos que cada año entra en nuestro país, casi 6 millones de procedimientos, y con una tasa de litigiosidad que ha aumentado de las más altas de Europa, difícilmente puede darse una respuesta al ciudadano en plazo y podemos decir que realmente estamos administrando Justicia.

Pero todo esto conlleva una inversión económica importante, y no se trata de crear juzgados de manera ilimitada o irracional, o de intentar cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial bajo el pretexto de que son necesarios más jueces y así meter por la puerta de atrás a aquel que se adecúe al ideario del político de turno, obviando los criterios básicos de acceso a esta función que deben ser, única y exclusivamente el mérito y la capacidad.

Hay que incrementar esta planta judicial donde realmente es preciso y esto debe, además, acompasarse con las reformas legales procesales en el sistema para hacerlo más eficiente, con una justicia del siglo XXI y capaz de dar soluciones reales a los problemas reales del ciudadano.

Pero como le he dicho antes, es preciso la clase política de este país crea en la Justicia y tenga una visión de Estado. Me temo que aún no hemos encontrado ese unicornio.

LOS PRÓXIMOS RETOS

¿Cuáles son sus retos más inmediatos?

Creo que todos los jueces, sea en el ejercicio de la función jurisdiccional desde el juzgado, sea desempeñando tareas gubernativas desde un decanato, tenemos el mismo reto: queremos solucionar desde la aplicación de la ley los problemas de los ciudadanos.

Este reto lo tenemos cada día y con cada uno de los asuntos que tenemos en nuestra mesa porque es evidente que cada ciudadano es importante, todos tienen ese derecho la tutela judicial efectiva y todos merecen esa respuesta en plazo y conforme a Derecho.

Como decana creo que tengo el mismo reto que hace 14 meses que no es otro que conseguir una mejora en las condiciones profesionales de los magistrados de Madrid porque esto redundará, sin ninguna duda, en una mejor calidad del servicio público que prestan al ciudadano.

Y es necesario que esas condiciones profesionales sean las adecuadas a la dignidad de la función jurisdiccional. Es imprescindible que la entrada de asuntos en cada órgano judicial de Madrid sea inferior al actual porque sólo así podrá darse una respuesta rápida y, por tanto, más justa.

Y me gustaría que mis compañeros que están en esta profesión por vocación, muchas veces robándole tiempo a su vida familiar y personal para sacar adelante juzgados sobresaturados de trabajo porque les puede el sentido de la responsabilidad, lleguen cada día a su despacho sin perder la ilusión y sin el desencanto que muchas veces me cuentan.

A LA COLA EN DIGITALIZACIÓN

¿Cómo va en Madrid la implantación de Lexnet?

El sistema de presentación de escritos a través de Lexnet se puso en marcha por el Ministerio de Justicia hace unos años y lo cierto es que, con relativa frecuencia, está dando problemas a los profesionales que se relacionan con los órganos judiciales porque se producen caídas del sistema.

La Consejería de Justicia tiene atribuida la competencia en la dotación de medios materiales y también, por tanto, de los sistemas informáticos con los que trabajamos en los juzgados de Madrid.

A través de los sistemas de gestión procesal se tramitan todos los procedimientos, con una serie de modelos estandarizados, que son los que utilizan los funcionarios en el trabajo diario y que funcionan relativamente bien.

Sin embargo, la asignatura pendiente sigue siendo el expediente judicial digital y aquí los juzgados de Madrid estamos a la cola de la era digital si nos comparamos con el desarrollo de este expediente ha tenido ya en el territorio competencial del Ministerio de Justicia o en aquellas Comunidades Autónomas que han asumido el mismo sistema que el Ministerio.

«Hasta ahora lo que se ha denominado ‘papel cero’ no ha sido sino una entelequia en el mundo real de los juzgados, donde sufrimos cada día la lentitud en el funcionamiento de los sistemas informáticos instalados»

Y lo cierto es que la implantación de este expediente judicial digital, hecho correctamente, facilitaría el trabajo diario de los jueces.

Es verdad que no todos los jueces estamos abiertos al cambio y que, en muchas ocasiones, vemos con reticencias estas innovaciones.

Pero no creo que se trate de un rechazo frontal.

Hoy en día ningún juez busca jurisprudencia acudiendo a un libro, sino que accede directamente a las bases de datos digitales y lo hace porque agilizan su trabajo.

Así que, si el expediente judicial digital funcionara correctamente y, en vez de entorpecer nuestro trabajo diario, lo hiciera más ágil, estoy segura de que todos nos apunta haríamos a esa “vida mejor”.

Sucede, sin embargo, que muchos de los compañeros que, por ejemplo, firman digitalmente, ven cómo en la pantalla de su ordenador aparece el reloj de arena y lo que antes firmaban en cinco minutos ahora puede llevarles casi una hora.

Que, en muchas ocasiones, con la demanda presentada en el formato digital a través de Lexnet, resulta que no pueden acceder a más de un documento a la vez porque el sistema se cuelga; o no permite trabajar copiando y pegando parte del texto de esos documentos.

O marcar ese documento que es esencial o tener varios documentos abiertos a la vez.

Estoy segura de que si los jueces vemos que el expediente judicial facilita nuestro trabajo no vamos a ser tan tozudos como para resistirnos a trabajar mejor.

Pero es muy difícil convencernos de lo contrario cuando hasta ahora lo que se ha denominado “papel cero” no ha sido sino una entelequia en el mundo real de los juzgados, donde sufrimos cada día la lentitud en el funcionamiento de los sistemas informáticos instalados.

TECNOLOGÍA CON HUMANISMO

 ¿Qué opina sobre «machine learning», el aprendizaje automático, y la tecnología aplicada al mundo del derecho?

Dicen que hoy, en la era del «big data», los datos son el nuevo petróleo.

Es evidente que los jueces generamos cada día cientos de datos y datos de interés porque resolvemos sobre los derechos y libertades de los ciudadanos y sobre sus bienes.

El tratamiento de estos datos, la aplicación de esa inteligencia artificial y predecir la respuesta judicial puede ser la gran baza del abogado a la hora de decidir no interponer una demanda, definir su estrategia procesal y ver así las posibilidades de éxito.

Negar esta posibilidad es negar la realidad actual. Lo importante es que este tratamiento de datos se haga siempre desde el respeto a la normativa protectora de datos personales, por ejemplo, y que la utilización de un determinado algoritmo no permita sesgar a los jueces ideológicamente y, fundamentalmente, que impida que se elija al juez que va a resolver la cuestión litigiosa.

Si esto llegare a ocurrir, vaciaríamos de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al juez predeterminado por ley-.

Es evidente quien podría elegir al juez, y no sería, precisamente, el que carece de recursos económicos, y se generaría así la mayor de las injusticias que es la desigualdad en el acceso a la jurisdicción.

Por ello todas estas innovaciones tecnológicas, -que son esenciales-, no pueden dejar atrás los valores esenciales del humanismo occidental.

«Cuando se crearon los juzgados de cláusula suelo y, a la vista del rendimiento que se exige a los jueces destinados en estos órganos, diría que la aspiración del Consejo General del Poder Judicial fue convertirnos a los jueces en robots»

¿Veremos a un algoritmo dictar una sentencia?

Pues si me permite la confidencia, creo que cuando se crearon los juzgados de cláusula suelo y, a la vista del rendimiento que se exige a los jueces destinados en estos órganos, diría que la aspiración del Consejo General del Poder Judicial fue convertirnos a los jueces en robots.

Por suerte, seguimos siendo personas los que dictamos sentencia.

Noticias Relacionadas:

Guilarte plantea mantener el sistema actual de elección del CGPJ si los vocales no tienen «contaminación política»

La APM apoya el voto telemático pero afirma que primero hay que reformar la LOPJ

El conflicto entre la número 2 de Fiscalía y la fiscal del caso del novio de Ayuso subraya el problema no resuelto de la independencia

Los sindicatos de Justicia en Cataluña consiguen un preacuerdo de subida salarial similar al del Ministerio

3 de las 4 asociaciones de jueces piden al CGPJ que se aplique el voto telemático en las elecciones a salas de gobierno

Fallece el magistrado emérito de Tribunal Constitucional Pablo García Manzano; tenía 91 años