La Fiscalía estudia impugnar la citación en calidad de investigados de 12 periodistas de ocho medios de comunicación –El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Cadena Ser y RTVE– por un presunto delito de revelación de secretos tras publicar información del sumario de la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR) cuando estaba bajo secreto.
Han sido citados por el magistrado Juan Carlos Peinado García, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.
«Estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución», ha señalado la fiscal general del Estado, María José Segarra en declaraciones a los medios de comunicación en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
Segarra ha apuntado que han conocido la incoación del procedimiento a través de los medios, por lo que ha evitado detallar su opinión.
«La vamos a verter en el procedimiento en cuanto ultimemos las posibilidades de impugnación que desde luego estamos estudiando», ha explicado.
La fiscal general del Estado ha recordado que la competencia sobre revelación de secretos no es de la Audiencia Nacional, sino de los Juzgados de Instrucción de Madrid, y ha precisado que «la Fiscalía, desde la perspectiva de la defensa del derecho a libertad de transmitir información y opinión veraz, va a analizar esa incoación y las decisiones que se han adoptado».
La investigación a los periodistas tiene su origen en una petición realizada el pasado 4 de octubre por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que instó a que un juzgado de Madrid y no la Audiencia Nacional -por cuestión de competencia- indagara una revelación de secretos por la filtración a la prensa del contenido de los autos de prisión.
El Ministerio Público adoptó esta decisión después de que las defensas de los siete miembros de los CDR en prisión provisional por presunto terrorismo le solicitaran que abriera una pieza separada para investigar el origen de las filtraciones a la prensa de las partes secretas de la causa, además de la adopción de medidas cautelares para evitar que volviera a ocurrir.
En su escrito al magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso, el Ministerio Público compartía que las filtraciones pueden suponer la posible comisión de un delito de revelación de secretos, pero descartaba que ello fuera incluido en la causa principal en la Audiencia Nacional, al entender este órgano carece de competencia para instruir la revelación de secretos.
La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha manifestado su «sorpresa y absoluto rechazo» ante la medida adoptada por el juez Peinado.
«Desde el más escrupuloso respeto a las resoluciones judiciales, que ha sido y es consustancial a esta asociación, ACIJUR discrepa de esta decisión que pone en entredicho el valor constitucional de la libertad de prensa y sobre todo el del derecho a la información, del que son titulares todos los ciudadanos», ha señalado esta asociación que preside Patricia Rosety.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) también ha mostrado su rechazo a esta citación judicial.
Considera que «quienes tienen que guardar silencio son los funcionarios y no los periodistas, cuyo deber es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público».
