Rubiales pretende profesionalizar la Segunda División B, categoría de fútbol semiprofesional.
La profesionalización de la Segunda División B podría poner en riesgo la sostenibilidad de algunos clubes
, y en Tercera, donde el número de equipos es sensiblemente superior: 216, divididos en 18 grupos.
|
21/11/2019 06:15
|
Actualizado: 21/11/2019 00:28
|
Uno de los objetivos de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), es profesionalizar y fortalecer el fútbol semiprofesional y aficionado.
Y una de las medidas, en esa dirección, fue la reforma del Reglamento General de la RFEF, aprobada en noviembre del año pasado por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD).
Reforma que está obligando a muchos clubes de Segunda B a hacer frente a unos desembolsos que podrían poner en riesgo su sostenibilidad.
Dicha reforma tiene que ver con la situación laboral de los futbolistas y concierne, de forma específica, al artículo 121 del Reglamento respecto a la licencia profesional en Segunda División B, donde militan 80 equipos divididos en cuatro grupos de 20 equipos cada uno.
La Segunda División «B» es una categoría semiprofesional en la que existen, según las normas de la RFEF, dos tipos de fichas de jugadores: Las licencias «P» y las licencias «A».
Las licencias «P» corresponden a los jugadores profesionales, quienes figuran ante la Federación y los organismos laborales como trabajadores.
Éstos cuentan con un contrato debidamente cerrado y cumplimentado.
Hasta la pasada temporada, los clubes estaban obligados a tener un mínimo de 10 jugadores con fichas «P».
La Tercera División, por el contrario, es una categoría no profesional.
Actualmente está estructurada en un grupo por cada federación autonómica, dos grupos en el caso de la Federación Andaluza por su gran extensión. Son en total 216 equipos, divididos en 18 grupos.
“Tratándose de clubes de Segunda B, Tercera División el número máximo de los futbolistas de su plantilla será de veintidós, de entre los cuales no podrá haber más de dieciséis mayores de 23 años debiendo ser el resto menores de la citada edad (…)», dice el mencionado artículo 121 del Reglamento.
«En lo que atañe a los clubes de Segunda División B deberán disponer con carácter obligatorio de un número mínimo de diez licencias P, desde que finalice el primer plazo de inscripciones hasta final de temporada, siendo este un requisito de participación en la competición”, añade.
Traducido: La plantilla tiene que estar formada por 22 jugadores y 10 de ellos deben de disponer de una licencia «P», profesional.
Cada una de estas fichas «P» suponen un desembolso de 3.005 euros, en caso de ser de primera inscripción.
CON SEGURIDAD SOCIAL
El artículo modificado del Reglamento General de la RFEF, en cuestión, dice: «Será obligatorio tramitar licencia de carácter profesional a aquellos futbolistas que se encuentren, al tiempo de suscribir la licencia, en situación de afiliación/alta en la Seguridad Social a cargo del club».
La modificación no implica únicamente que el club de dicha categoría acredite un mínimo de diez jugadores que ostenten la ficha federativa «P», sino que incluye la obligación de inscribir como profesionales a los jugadores afiliados en la Seguridad Social.
Y pagar lo que corresponde.
Dicho cambio normativo supone una ventaja clara para los propios futbolistas. Porque la medida impuesta por Rubiales para profesionalizar la denominada categoría de bronce, mejora la condición del futbolista.
Cuestión que será mucho más gravosa para aquellos que cuenten con un presupuesto reducido o que hayan descendido recientemente.
El proyecto de Rubiales, sin embargo, afecta al nivel económico de los clubes que militan en esta Segunda División B. Porque implicaría que todas las licencias federativas tipo «A» se convirtieran en «P».
Las fichas «A» representan, prácticamente, a la mitad de los futbolistas de la Segunda División B: 830 de un total de 1660 jugadores.
El coste de la licencia federativa «A» asciende a la cantidad de 105,23 euros por cada jugador.
O lo que es lo mismo, un total de 87.340,9 euros por todos los 830 jugadores amateurs.
La profesionalización de la competición implicaría una inversión adicional de 30.085,11 euros por club para poder hacer frente a esta medida. O 2.406.808,8 euros, entre los 80 equipos de la Segunda División B.
Una situación que podría llegar a ser insostenible para muchos de los clubes que conforman la división de bronce y que puede suponer fuertes reveses en su economía y sostenibilidad.
Por otra parte, Rubiales está tratando de aumentar los beneficios que esta categoría obtendría para poder llevar a cabo su profesionalización.
En este diario se ha hablado del reporte económico que genera a la RFEF el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.
Además, se ha llevado a cabo una mejora de los ingresos con el denominado impulso 23.
Esperemos que próximamente se pueda llevar a cabo una profesionalización de dicha categoría que tanta importancia y prestigio genera en el fútbol español, sin producir un perjuicio en aquellos clubes que no puedan hacer frente a dicha medida.
Noticias Relacionadas:
