Finalmente ayer el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Entrará en vigor dentro de 21 días, el 17 de diciembre próximo.
España tendrá, a partir de ese día, dos años para transponerla.
La nueva Directiva establece unos canales protegidos de denuncias y prohíbe cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.
De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Comisión en 2017, la falta de protección de los denunciante de corrupción –“whistleblowers”, en la terminología inglesa– está provocando unas pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en el campo de la contratación pública en la Unión Europea en su conjunto.
La Directiva busca acabar con esta sangría de plano.
Los denunciantes, tal como destaca la Comisión, tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes, y también ayudan a los periodistas a obtener información indispensable para hacer su trabajo.
Pese a su aportación social, los denunciantes sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud.
La encuesta Global Business Ethics, realizada en 2016, dice que un 36% de los trabajadores que hicieron públicas las irregularidades manifestaron haber sufrido algún tipo de represalia. La Directiva viene a protegerlos, a partir de ahora.
Los mecanismos incluyen el establecimiento de canales de denuncias, tanto dentro como fuera de las organizaciones, en los que estará garantizada la confidencialidad.
Se considera un proceso de denuncias en tres niveles: primero, en las vías internas de la organización; si esto no funciona, a las autoridades competentes; y si no se toman medidas en este sentido o si hay peligros inminentes, entonces se prevé la utilización de los medios de comunicación.
La propuesta de la Comisión considera la protección de los denunciantes que informen sobre asuntos relacionados con las compras públicas, los servicios financieros, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la seguridad del transporte, la protección ambiental, la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria, la salud de los animales, la salud pública, la protección a los consumidores, la protección y la seguridad de los datos y sistemas de información, y las regulaciones tributarias e intereses financieros de la UE.
«Ha costado mucho llegar hasta aquí»
De acuerdo con Josep Jover, presidente de la Asociación Mediterránea de Peritos de las TIC (ASPERTIC), que participó en su elaboración aportando propuestas, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece en su jurisprudencia que una Directiva tendrá un efecto directo si sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas y cuando el país de la UE no haya transpuesto la Directiva antes del plazo correspondiente. Eso es lo que dice la Van Duyn», explica.
«Los países que forman parte de la Unión Europea están obligados a aplicar las Directivas. Esa es la síntesis de la Ratti», añade.
«Por lo tanto, un día después de que la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción entre en vigor, en el día 21, podrá ser invocada ante cualquier tribunal español por cualquier denunciante o «whistleblower», como se les conoce en Europa. Y los jueces tendrán que aplicarla, aunque no haya sido traspuesta al sistema legal de nuestro país», señala.
Jover se muestra contento, «ha costado mucho pero ya está aquí. La Directiva supera con creces la proporción de ley Ciudadanos».
DESCARGAR: Directiva de protección a los denunciantes
