La diputada electa de JxCat en el Congreso Laura Borràs. Foto: EP
La Fiscalía pide al Supremo que investigue a Borràs (JxCat) por fraccionar contratos de ILC y adjudicárselos a un amigo
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03/12/2019 00:00
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Actualizado: 03/12/2019 00:00
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La Fiscalía ha informado favorablemente para que el Tribunal Supremo abra causa contra la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs por supuestas irregularidades en 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) adjudicados a su amigo Isaías Herrero, programador informático.
Para investigarla por supuestos delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El fiscal Javier Zaragoza señala que hay claros indicios de que entre 2013 y 2017 Borràs «abusó» de su condición de directora de la ILC para adjudicar «directa o indirectamente de manera arbitraria» contratos de programación informática» a Herrero, cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, también investigado por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, y con el que se ha acreditado que tenía una «relación personal y profesional».
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, la magistrada Silvia López Mejías, investiga desde julio de 2018 las presuntas irregularidades en la adjudicación de casi una veintena de contratos de servicios informáticos para la web de la ILC en la etapa que Borràs era consejera de Cultura de la Generalitat y, por tanto, dirigía la institución.
Al ver indicios de delito inició los trámites para elevar al Supremo la investigación contra Borràs, al considerar que es el órgano competente para ello, ya que es aforada.
Tras recibir la exposición razonada, el Supremo pidió a la Fiscalía que informara sobre si se debe investigarla.
En un informe de 47 páginas, el fiscal Zaragoza solicita a la Sala de lo Penal del Supremo que declare su competencia para investigar a esta diputada de JxCat.
Afirma que hay indicios acreditados de que en estos cuatro años «hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados» por la institución a favor de Herrero.
Para el fiscal, Borràs y el informático confeccionaron presupuestos falsos para que fueran aportados «a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual».
Según expone, con la intención de dotar una «falsa apariencia de transparencia» al procedimiento de contratación y poder justificar que la oferta de Herrero era la más ventajosa, esta persona cercana a Borràs aportaba al procedimiento tres presupuestos, «de los cuáles dos, como mínimo, eran falsos o simulados».
Añade que también, presentaba ofertas de empresas de terceros para que éstas fueran las adjudicatarias, cuando en verdad era Herrero el que prestaba los servicios.
El fiscal concluye que Borràs y Herrero actuaron de «común acuerdo y de manera concertada» para defraudar a la ILC, mediante el fraccionamiento ilegal de los mismos en tramos de 18.000 euros, contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público.
También dice que realizaron de forma conjunta la «falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público».
Según el fiscal, los importes señalados en las facturas giradas no obedecían «al pago real y efectivo de los trabajos o servicios» por Herrero.
LOS CORREOS
El informe del fiscal incluye, al igual que la exposición razonada, una serie de correos electrónicos entre Borràs y Herrero.
Señala que en un correo del 22 de marzo de 2013, Borràs, tras informar a Herrero sobre la reducción del presupuesto anual con el que contaban de 64.000 euros a 50.000 euros, le comenta que ha hecho una redistribución de las tareas, y adjuntando 5 ficheros de word «le dice que lo revise (he modificado conceptos) y si no he dicho ningún disparate pasaremos los 50.000€ de diseño, análisis y gestión, programación e integración y fomento de la lectura y dejamos el de publicaciones para el año que viene».
En uno fechado a 28 de febrero de 2013, Borràs pide al informático que le pase los presupuestos del ‘Portal de las Letras Catalanas’ para mirarlos «conjuntamente» y hacer «los retoques que sean necesarios».
En emails del 18 y 19 de julio de 2015 Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borràs contesta que «hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto».
También recoge otros mensajes cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017, en los que Herrero explica que ya tiene hechos dos de los tres presupuestos y que «el del portal» lo ha elaborado «contemplando los 40.000 euros, siendo a la hora de facturar cuando se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros».
Borràs indica que «el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA».
En otra de las conversaciones, Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que «con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí», en alusión al ILC y que tiene que hacer «dos presupuestos buenos y cuatro no buenos…».
Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.
El fiscal entiende que Borràs «propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago».
Que su relación excedía de lo meramente profesional, según la Fiscalía, queda constatado por el hecho de que Borràs cooperó en la defensa» de Isaías Herrero, «facilitando documentación que acreditase su arraigo económico y laboral cuando fue detenido en noviembre de 2017, como lo acreditan los correos electrónicos» de ese mismo día o «enviándole el original del oficio policial de 9 de febrero de 2018 con registro de entrada en la ILC a las 14:09 horas de ese mismo día a fin de recabar la facturación realizada por aquél, y al que tuvo acceso a pesar de estar ya cesada como directora de la Institución».
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