Un comisario investigado en el caso Villajero consigue una jefatura en una comisaría en Madrid

El comisario Andrés Gómez Gordo, investigado en la Audiencia Nacional dentro del ‘caso Villarejo’, ha conseguido una plaza para la jefatura de una comisaría de Madrid.

Gómez Gordo está destinado actualmente en la Brigada de Seguridad Ciudadana en la comisaría de Alicante.

Anteriormente, fue alto cargo de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.

En noviembre se presentó al concurso convocado por la Dirección General de la Policía para cubrir 37 vacantes de comisario en diferentes plantillas de España, y obtuvo la sexta mejor puntuación entre los candidatos.

El pasado lunes, su nombre apareció en la Orden General de la Policía Nacional entre los 12 adjudicatarios de una de ellas.

Fuentes del Ministerio del Interior han señalado que al tratarse de un concurso de méritos legalmente no se puede hacer nada para impedir que Gómez Gordo acceda a este puesto, aunque condicionan su consolidación en la jefatura al proceso judicial en el que se encuentra inmerso.

El juez prohibió a Gómez Gordo y al que era chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, que salieran del territorio nacional.

‘KITCHEN’

Gómez Gordo está investigado en ‘Kitchen’, la séptima pieza del ‘caso Tándem’, por el que el excomisario José Manuel Villarejo está en prisión preventiva.

Se abrió a principios de noviembre de 2018 tras un atestado policial que apuntaba a la existencia de ese supuesto operativo que buscaba entrar hasta ‘la cocina’ de los Bárcenas utilizando a una persona de su confianza para conseguir cualquier documentación comprometedora para el PP que se hubiera podido llevar. De ahí su nombre.

Se está investigando un supuesto operativo policial que se habría puesto en marcha en 2013 por el que se habría pagado con fondos reservados al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, para que sustrajera documentación sensible que el extesorero habría sustraído del partido cuando le despidieron.

El pasado 8 de octubre, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño ratificaron ante el magistrado que instruye el caso, Manuel García Castellón, sus declaraciones anteriores en las que vincularon al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez con la ‘operación Kitchen’, según informaron fuentes jurídicas.

De acuerdo a las mismas fuentes, Pino, tanto en su declaración inicial como en la de ese día, mantuvo que ‘Kitchen’ como tal no existió, sino una operación policial legítima desplegada con objetivo de buscar fondos ocultos y testaferros de Bárcenas, en aquel momento investigado en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP y que acabaría entrando en prisión provisional en junio de 2013.

Defendió así el empleo de fondos reservados para este asunto, alegando que se utilizan precisamente para pagar este tipo de operativos que requieren de confidentes y volvió a referirse al papel de Francisco Martínez para reiterar que despachaba con Enrique García Castaño cuando éste formaba parte ya del operativo, si bien dijo desconocer el contenido de las reuniones, según las citadas fuentes.

El exUCAO se ratificó en su relato sobre cómo se clonaron dos teléfonos móviles de Bárcenas y el contenido, del que ha aportado parte al Juzgado, se volcó en un ordenador del que se hizo entrega a Francisco Martínez, que no está investigado en la causa, para que lo viera.

Ambos han venido sosteniendo, según ha publicado Europa Press, citando a fuentes jurídicas, que ‘Kitchen’ nació como ‘Operación Bárcenas’ y se comandaba desde la DAO de Eugenio Pino, que también se encargaba de sufragarla con su caja de fondos reservados, con conocimiento de Martínez, pues es competencia del secretario de Estado firmar las asignaciones.

En concreto, su relato es que Pino tenía a la Unidad de Asuntos Internos en la que entonces estaba el comisario Marcelino Martín Blas, también investigado en la causa, haciendo los seguimientos a Bárcenas, pero perdió la confianza y decidió encomendarle esa tarea a Enrique García Castaño. Sin embargo, desde la secretaría de Estado de Seguridad se le impuso que, además, involucrase al comisario Villarejo.

SEÑALAN A GÓMEZ GORDO

Fue entonces cuando se intentó captar como confidente al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también investigado en esta causa.

Conforme declaró en su momento García Castaño, se acercó a él, pero no consiguió convencerle, y fue el entonces asesor de seguridad de la presidenta de Castilla-La Mancha Maria Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, quien aprovechando que ambos habían coincidido anteriormente trabajando en la comunidad de Madrid, le captó para la causa a razón de 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados que salían de la DAO.

Siempre según el relato de los hechos que defienden Pino y García Castaño, de acuerdo a fuentes jurídicas consultadas por EP, Pino pidió entonces el reingreso en la Policía de Gómez Gordo para que llevase la relación con el nuevo confidente y así acabó involucrado en ‘Kitchen’ y ahora, que ya es comisario, investigado en la Audiencia Nacional.

Sobre este asunto, García Castaño declaró en marzo que tal vez Gómez Gordo se había hecho con la documentación de Bárcenas que el operativo estaba buscando.

Así lo dijo después de reconocer ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que entró personalmente en un inmueble de la mujer del extesorero en busca de unos discos duros que podrían almacenar esos datos.

Mientras, Villarejo iba emitiendo «notas informativas» sobre los avances del operativo dirigidas a Eugenio Pino.

Fue él, de acuerdo a la declaración de García Castaño, quien bautizó el despliegue, porque le parecía que Sergio Ríos tenía ‘pinta’ de cocinero y cuando daba parte, se refería siempre al operativo como ‘Operación Kitchen’.

Parte de esas notas, así como los recibís de los pagos a Sergio Ríos estaban entre la documentación intervenida cuando fue detenido en noviembre de 2017 y figuraban también en los archivos del Ministerio del Interior, que ha aportado la documentación hallada al Juzgado.

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