Iberdrola ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Bilbao para pedir que investigue un supuesto documento interno, publicado por El Confidencial, que la compañía considera inexistente o falso, y según el cual la dirección de la empresa ordenaba espionajes.
La presentó el pasado jueves, 5 de diciembre, según ha informado en un comunicado.
Iberdrola ha señalado que ha realizado una búsqueda de dicho documento y que «ha sido totalmente imposible localizarlo».
También dice que ha preguntado a los anteriores y actuales responsable de administración, control y regulación, que «de existir el supuesto documento, deberían haber sido los receptores del mismo».
Explica que tanto José Luis San Pedro, anterior responsable, como Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo, los actuales, han asegurado que «no se reconoce ni la emisión ni la recepción del mismo», y que el documento «no se ha localizado en ninguno de los archivos oficiales de Ibedrola.
Los responsables también defienden que el pago de las facturas a las que se alude «no evidencia ninguna irregularidad en la relación a Castellana de Seguridad (Casesa)».
Ibedrola también señala en su escrito que los fundadores de Casesa y propietarios de la sociedad hasta 2010 han emitido un comunicado oficial en el que «niegan rotundamente» relaciones comerciales o cualquier tipo de pagos a Cenyt o cualquier sociedad relacionada con el excomisario José Manuel Villarejo.
La energética ha confirmado que ha localizado las facturas emitidas por Casesa, que se encuentran en los registros contables de Ibedrola y presentan las firmas «exigidas por la normativa de control interno», por lo que considera que dichas facturas «corresponden a servicios realmente prestados».
De esta forma, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán ha indicado que ha enviado un requerimiento al firmante del «supuesto documento», José Antonio del Olmo, para que se pronuncie sobre la veracidad del mismo y comunique si dispone de «cualquier información relacionada con Iberdrola de la cual la compañía no tenga constancia ni archivo».
Ha solicitado a la Fiscalía que investigue si estos hechos pueden presentar indicios de delito y que se identifique a las personas responsables de los mismos.
Ha informado de esta denuncia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, ha citado como investigado al responsable de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, por supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos, en relación a los contratos que la eléctrica habría suscrito con las empresas del excomisario José Manuel Villarejo.
Asenjo ha sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica que le mantiene de baja médica, por lo que la defensa de Asenjo registró un escrito ante el Juzgado poniéndose a disposición de los investigadores e informando de que su situación médica le impediría comparecer en al menos un mes.
No ha trascendido si ya ha sido fijada la fecha de su comparecencia.
Asenjo está siendo investigado en la pieza separada y secreta número 17 de la macrocausa Tándem, en tanto que presunto interlocutor de Villarejo con la eléctrica, a la que habría servido en diversas tareas como el espionaje y el intento de desacreditar desde a un grupo ecologista hasta la empresa ACS y su presidente, Florentino Pérez, personado como perjudicado.
El juez abrió a finales de octubre esta pieza separada para investigar los trabajos que el Villarejo ha realizado para Iberdrola entre 2004 y 2017.
Dicha pieza quiere llegar hasta el fondo de las relaciones que la empresa energética tuvo con el excomisario, en prisión preventiva por el ‘caso Tándem’ desde hace dos años, prorrogada recientemente otros dos más.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, manifestó la pasada semana en una entrevista en la Cadena Cope que «la cúpula» de la energética «no se dedica a espiar a nadie».
Defendió que Iberdrola tiene un sistema de gobierno corporativo y de cumplimiento «muy sólido» y que, tras conocerse las informaciones sobre el presunto espionaje que Villarejo habría perpetrado en diferentes ocasiones por encargo de la energética, se abrió una investigación con medios internos y externos en la que «no se ha encontrado nada que no se adapte a la ley».
En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre 2004 y 2017 y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la compañía.
