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Resultado de la “prueba del algodón”: Córdoba y Huet, nuevas magistradas de la Sala Tercera del Supremo

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Ya lo avanzamos esta mañana. Las magistradas Esperanza Córdoba Castroverde y Ángeles Huet de Sande han sido elegidas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nuevas magistradas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sustitución de los magistrados, José Manuel Sieira Míguez y por Juan Carlos Trillo Alonso, que se han jubilado.

Córdoba ha obtenido el aval de 15 vocales –2 por encima de los 13 necesarios–. Sus rivales, María Nieves Buisán García y el magistrado Manuel Isidro Fernández Lomana-García obtuvieron 3 votos cada uno.

Huet, por su parte, ha obtenido 14 votos. Tres votos han sido para María Nieves Buisán García y dos para María Concepción García Vicario, mientras que Manuel Isidro Fernández Lomana-García y Vicente Manuel Rouco Rodríguez han obtenido un voto cada uno.

La “prueba del algodón” ha demostrado lo que, desde Confilegal, hemos afirmado: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del pasado mes de diciembre no ha cambiado nada las cosas. Continúan los “intercambios de cromos”.

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Se siguen nombrando a los nuevos vocales de la forma que se hacía antes, en lo que calificaron tres vocales del CGPJ, Enrique Lucas, Roser Bach y Victoria Cinto, y los magistrados Raimundo Prado y Manuel Ruiz de Lara: lo que estamos viviendo es una versión actualizada, y a la española, del “Gatopardo”, la conocida novela del italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

En la misma se materializó uno de los principios políticos más conocidos: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».

Y es lo que ha ocurrido.

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El sistema de elección ha cambiado pero sigue siendo el mismo.

Lesmes apoyaba a Esperanza Córdoba, hermana de uno de sus hombres de confianza en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Diego Córdoba Castroverde, y a cambio del apoyo necesario él y los suyos apoyaron a Ángeles Huet, una de las históricas de Juezas y Jueces para la Democracia.

¿De qué sirven las sesudas bases de requerimientos que se elaboran en función de los perfiles de cada puesto?

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¿Para qué valen los exámenes de 50 minutos a los aspirantes, profesionales con décadas de carrera judicial a las espaldas?

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¿Con qué fin se elaboran preguntas inteligentes y llenas de interés para los candidatos sobre cómo ven las cosas y cómo se podrían mejorar?

Es evidente que para nada si un mes antes se puede predecir, como lo hemos hecho desde Confilegal, el resultado.

Con esto, el mensaje que se ha mandado a la carrera judicial es muy negativo.

Y siento mucho escribirlo.

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Un mensaje de desconfianza suprema en su órgano de autogobierno, prolongado artificialmente, un año fuera de su tiempo de cumplimiento, durante el cual han realizado decenas de nombramientos que no le correspondían.

El sistema de elección ha cambiado pero las cosas siguen siendo las mismas: Hay que seguir visitando a los vocales para que les tengan en cuenta y buscarse padrinos. Porque ya se sabe, el que tiene padrinos, se bautiza.

QUIÉNES SON

Dicho esto, lo que dice el CGPJ sobre las nuevas magistradas es esto:

Esperanza Córdoba ingresó en la carrera judicial en marzo de 1985, siendo sus primeros destinos judiciales los juzgados de distrito 2 de Benidorm (Alicante) y 31 de Madrid.

Ascendió a la categoría de magistrada en diciembre de 1988, prestando servicios en el juzgado de primera instancia 8 de Madrid.

En noviembre de 1991 fue nombrada Letrada de los órganos Técnicos del Consejo General del Poder Judicial, donde ocupó durante ocho años la Jefatura de la Sección de Recursos y trabajó asimismo en la Sección de Estudios e Informes.

Durante su etapa al frente de la Sección de Recursos del CGPJ, fueron incoados, tramitados y resueltos un total de 2.209 recursos. Como Letrada de la Sección de Estudios e Informes participó, entre otros asuntos, en la redacción del Reglamento 171995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial y en la elaboración del Informe al Anteproyecto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De noviembre de 1999 a febrero de 2014, fue magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En febrero de 2014, fue nombrada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial Jefa de su Servicio de Inspección, cargo en el que continúa en la actualidad, tras ser renovada en el mismo en enero de 2019.

En este tiempo ha llevado a cabo una profunda reorganización del Servicio de Inspección, lo que ha posibilitado la obtención del sello de excelencia europea EFQM (European Foundation for Quality Management), convirtiéndose el Servicio de Inspección del CGPJ en la primera organización española en el ámbito de la Justicia que ha conseguido una certificación europea en esta materia.

Autora de diversas ponencias y publicaciones, ha colaborado de manera destacada en actividades docentes en colaboración con los servicios de formación inicial y continua del Consejo general del Poder Judicial.

Ángeles Huet ingresó en la carrera judicial en enero de 1983, siendo sus primeros destinos los juzgados de distrito de Manzanares y de San Martín de Valdeiglesias y el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Loja.

Entre los años 1984 y 1996, ocupó cargos como asesora responsable del Área de Justicia en el Defensor del Pueblo y como letrada del Tribunal Constitucional.

En julio de 1996, fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial, puesto en el que permaneció hasta su reincorporación al servicio activo, en noviembre de 2001, como magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde sigue prestando servicio en la actualidad.

Como asesora responsable del Área de Justicia en el Defensor del Pueblo, Ángeles Huet realizó funciones de asesoramiento técnico jurídico en la labor de supervisión que dicha institución realiza respecto de la administración de justicia, la administración penitenciaria, colegios de abogados y procuradores, notarías y Registro Civil, entre otros. Fue asimismo la encargada de la redacción de los capítulos correspondientes de los informes anuales que el Defensor del Pueblo remite a las Cortes Generales.

Redactó, en cumplimiento de las funciones encomendadas por ley al Defensor del Pueblo, numerosas recomendaciones cuya finalidad fue proporcionar criterios de interpretación legislativa o sugerencias para la eventual modificación de las normas vigentes. Sus estudios, realizados siempre al amparo de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afectaron, entre otras normas, al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal o a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Es autora de numerosas ponencias que han versado, entre otras materias, sobre la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantías constitucionales del internamiento de enfermos mentales, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre extranjería y asilo o los juicios paralelos.