Villarejo y Évole durante la entrevista. Atresmedia.
El Banco Central Europeo pide el informe del BBVA sobre el ‘caso Villarejo’ al juez García Castellón
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23/12/2019 00:00
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Actualizado: 23/12/2019 00:00
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El Banco Central Europeo (BCE) quiere conocer de primera mano las implicaciones de los actuales consejeros y directivos del BBVA en el caso Villarejo.
Por esta razón pidió hace semanas al juez de la Audiencia Nacional, José Manuel García-Castellón, que le facilite la investigación interna sobre esta cuestión realizada por el BBVA, denominada informe forensic o forense, que abarca desde 2004 a 2018, según El País.
El banco ha estado casi un año y medio analizando la implicación de los ejecutivos en los contratos que el BBVA habría suscrito con las empresas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, a través de su empresa Cenyt.
Todos los hechos significativos que han encontrado los expertos, capitaneados por la exfiscal Helena Prieto, socia del bufete Garrigues, así como los del despacho de Uría y Menéndez y de PwC, se han enviado a la Audiencia, según el BBVA.
BBVA pagó en total a Cenyt más de 10 millones de euros por estos servicios
Hasta el momento, el banco dirigido por Carlos Torres ha dicho que ningún cargo en activo está relacionado con el caso Villarejo. El BBVA pagó en total a Cenyt más de 10 millones de euros por estos servicios.
El BCE, a través del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), presentó un escrito ante el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con la petición de este informe, después de que se negara a entregárselo el BBVA por estar bajo secreto de sumario, según ha informado la Cadena SER.
Según el escrito, el BCE pretende conocer las posibles implicaciones de la cúpula directiva, sobre todo Carlos Torres, el actual presidente, que fue consejero delegado bajo el mandato de Francisco González, imputado en la causa, desde 2015 a 2018.
El supervisor europeo también está interesado en saber si algún otro miembro del consejo de administración pueden estar relacionados con las escuchas encargadas a lo largo de estos años a empresarios, políticos y periodistas.
En el caso de haber participado o haber tenido conocimiento de estos hechos, el BCE debería estudiar su implicación para analizar si han dejado de ser adecuados para continuar en sus cargos.
Además, el supervisor también estaría interesado en conocer las posibles sanciones a las que se enfrentaría la entidad, que está imputada en la causa como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.
Las sanciones por estos tres delitos podrían oscilar entre los 48.600 euros y los 21,6 millones de euros, según fuentes jurídicas.
Fuentes oficiales de BBVA explican que la entidad no puede interferir en la investigación judicial por tratarse de una instrucción penal bajo secreto de sumario. El banco trasladó esta restricción al organismo presidido por Christine Lagarde y le sugirió que presentara el escrito.
«La única manera en que podemos compartir los hallazgos (de la investigación interna) es si lo autoriza el juez», apuntan desde la entidad, que garantizan que comparten «todo» con el supervisor.
En su declaración ante el juez, el BBVA apuntó a la excupula del banco.
El papel de Julio Corrochano
Adolfo Fraguas, director de Servicios Jurídicos de BBVA España, que actúa como representante legal del banco y que estuvo 14 horas declarando ante el juez, señaló al exjefe de seguridad de BBVA Julio Corrochano, jubilado desde 2018 y en libertad bajo fianza de 300.000 euros, como responsable de la contratación del excomisario José Manuel Villarejo.
Fraguas deslizó que, dada su posición en el organigrama, difícilmente pudo hacerlo al margen de la dirección del banco.
El juez Manuel García-Castellón investiga si BBVA contrató a Cenyt para realizar trabajos de inteligencia para evitar que la constructora Sacyr se hiciera en 2004 con el control de la entidad y trabajos posteriores para conocer la situación de Ausbanc.
El juez sospecha que la cúpula de BBVA «consintió» los encargos a Villarejo «por el beneficio personal y empresarial» que eso podría reportar a la entidad.
La Fiscalía Anticorrupción tiene indicios de que «alguno de los directivos» habría recibido «dádivas» [sobornos] de Cenyt para facilitar dichas contrataciones.
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