El Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha solicitado a la Cámara Baja que se le entregue el escrito definitivo de alegaciones que tiene que presentar la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo hasta el 2 de enero próximo, con su fecha y hora de registro, y que versa sobre «el alcance temporal de la inmunidad de los miembros electos del Parlamento Europeo».
También «todos los borradores de dicho escrito que hayan sido remitidos entre la Abogacía del Estado y el Gobierno (cualquiera de sus Departamentos ministeriales y/o miembros y/o personal dependiente del mismo), con indicación expresa, en relación con cada borrador, del nombre y cargo de la persona remitente, el nombre y cargo de la persona receptora, el día y hora de remisión y el día y hora de recepción».
En total, son tres las solicitudes. Y están dirigidas -a través del Congreso- al Ministerio de Justicia, a la Abogacía del Estado y al Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes, y firmadas por Santiago Abascal, presidente del Grupo Parlamentario de VOX; y Macarena Olona, portavoz adjunto del mismo.
«Esta formación política no va a consentir que la intromisión de la Unión Europea en su soberanía obligue a España a incumplir esta sentencia. Menos aún cuando el incumplimiento de la misma podría estar siendo utilizada en las negociaciones de Pedro Sánchez con los golpistas para la formación de Gobierno en España», dicen en un comunicado hecho público.
CONTRA LAS CONDICIONES DE ERC
Esquerra Republicana de Catalunya ha puesto como condición al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para abstenerse en su investidura, que la Abogacía del Estado solicite la puesta en libertad inmediata de su líder, Oriol Junqueras, y la anulación del juicio a los responsables del «procés» por considerarlo «injusto».
Vox ejerció la acusación popular en el Juicio contra los golpistas catalanes que acabó con una sentencia del Tribunal Supremo que impuso, entre otras, penas de inhabilitación a los políticos separatistas condenados.
El castigo que recibió Junqueras fue de 13 años de cárcel y de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.
