El macrojuicio a 133 controladores por el cierre del espacio aéreo en 2010 arrancará el 15 de enero
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09/1/2020 00:00
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Actualizado: 09/1/2020 00:00
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El juicio a 133 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2010 que provocó la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno arrancará el próximo miércoles, 15 de enero, a las diez de la mañana.
Juzgará el caso la magistrada Margarita Valcarce de Pedro, titular del Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid.
Los casi 140 controladores aéreos implicados en esta causa en Madrid, incluidos antiguos miembros de la junta directiva de USCA, están acusados por la presunta comisión de un delito de abandono de función pública el pasado 3 y 4 de diciembre de 2010, que derivó en el caos aéreo y en la ‘militarización’ del servicio de control.
Este caos aéreo afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, con colectivos de afectados que iniciaron acciones legales.
El juicio se desarrollará los días 15, 16, 20, 22, 23, 27 y 29 de enero; los días 3, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24 y 26 de febrero y el 2, 4, 5, 10, 11, 12, 16 y 18 de marzo, cuando quedará visto para sentencia.
Es una de las causas que aún continuaban de las 20 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España, ya archivadas, y exculpatorios para los controladores en la mayoría de los casos.
El pasado febrero, el sindicato USCA alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid y acusaciones particulares por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010, una medida condicionada a la aceptación del mismo en Palma de Mallorca.
El acuerdo supuso para el sindicato el fin a un conflicto que dura diez años quedando pendiente la causa de Madrid.
En el proceso de Palma, 83 controladores de Baleares acusados por el caos aéreo de 2010 realizaron el pago de las indemnizaciones acordadas a los perjudicados y la mayoría se adhirió a un pacto con la Fiscalía por el que reconocían un delito de abandono de funciones públicas con asunción de una multa para evitar ir a juicio. Ello evitaba la acusación por supuesta sedición.
La indemnización acordada en ese procedimiento fue de 1.000 euros por perjudicado por los daños morales más el daño material, que ya fueron cobradas o consignadas en el juzgado para su recepción.
20 JUZGADOS ARCHIVARON LA CAUSA
USCA solicitó en diciembre de 2013 el archivo de la investigación sobre el supuesto abandono de sus puestos de trabajo durante el puente de la Constitución de 2010, por entender que «no hubo ningún plante» por parte del colectivo y que el cierre del espacio aéreo fue una decisión «unilateral» de Aena.
Tras el cierre del espacio aéreo, en 2013 se abrieron 23 causas contra los controladores en juzgados de toda España -las ya archivadas en Valencia, Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Alicante, Andalucía, Vigo, Reus, Sevilla y las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción de Granadilla de Abona (Canarias), Sevilla, San Cristóbal de la Laguna, El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga, Reus, Sabadell, Bilbao, Santiago de Compostela y Santa Colomba de Farners (Girona), además de Palma y Madrid- de las cuales 21 fueron sobreseídas.
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