La Fiscalía pide multas de hasta 75.000 euros para 133 controladores por el cierre del espacio aéreo en 2010
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10/1/2020 00:00
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Actualizado: 10/1/2020 00:00
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La Fiscalía Provincial de Madrid solicita multas de entre 60.000 y 75.000 euros para 133 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo los días 3 y 4 de diciembre de 2010.
Por un supuesto delito de abandono de servicio público.
Según ha podido saber Confilegal, de esos 133 controlares, 119 han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
Las multas de 75.000 euros las reclama para siete que formaban parte de la junta directiva de USCA -sindicato mayoritario de controladores aéreos- o eran miembros de su comité ejecutivo.
Con seis de ellos, ha alcanzado un acuerdo de conformidad. Con César Cabo no.
La Fiscalía destaca la condición de funcionarios públicos de los acusados y el “esencial” servicio público que prestan para la comunidad “como es el transporte aéreo”.
El representante del Ministerio Público también reclama para los acusados el pago de una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por el/los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación “en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad”.
De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público AENA.
El juicio arrancará el próximo miércoles, día 15, en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, del que es titular la magistrada Margarita Valcarce de Pedro.
La Fiscalía recuerda en su escrito de acusación que “a consecuencia del abandono colectivo” de los acusados en sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en Madrid que obligó a decretar 443 cancelaciones de vuelos programados para el 3 de diciembre de 2010 y 909 de otros tantos programados para el 4 de diciembre.
Destaca que “dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta AENA y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación”.
También apunta que los vuelos que se vieron afectados fueron no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros que partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el centro de control de tráfico aéreo de Madrid.
Según relata la Fiscalía, entre las cinco y las cinco y cuarto del 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, “en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal”, presentó ante el responsable de la sala un documento “escrito de su puño y letra” en el que cada uno “a su manera” alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo.
Señala que en la práctica, la dirección de AENA estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador.
El Ministerio Público explica que el hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 controladores de 62 programados y casi de manera simultánea), obligó a la dirección regional centro-norte de AENA a la reducción progresiva de la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo.
Así, al comienzo del turno de noche en el Centro de control, tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados.
Dice que la mayoría de estos controladores estaban reunidos en una asamblea convocada por la dirección de USCA.
La Fiscalía expone que el 4 de diciembre ocurrió algo parecido, y que de los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, sólo lo hicieron 19 y de ellos una decena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores “con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal” alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función de controlador.
A juicio del representante del Ministerio Público, este tipo de acciones se hicieron teniendo los acusados constancia de la situación “límite” en que ponían a AENA “y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno”.
Además, hace hincapié en que la junta directiva del sindicato USCA, que intervenía en las negociaciones con AENA para el segundo Convenio laboral del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas “al margen de cualquier convocatoria formal de huelga” y contando con la colaboración esencial de los Delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo del sindicato.
De ahí que la Fiscalía reclame 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que formaban parte de la junta directiva de USCA o eran miembros de su comité ejecutivo y al resto les pida 60.000 euros.
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