La Fiscalía Provincial de Madrid ha afirmado que no ve “sospechoso” ni “disparatado” que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibiera de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) entre 2012 y 2022 un total de 34.314 euros, “de los que 9.131 euros parecen ser previos al ascenso de su marido a la Presidencia del Gobierno”.
Así lo recoge un escrito presentado en septiembre, en el que el Ministerio Público se adhería al recurso de apelación presentado por la defensa de Gómez contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputarle un presunto delito de malversación por la designación de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa y las supuestas funciones privadas que ésta habría realizado para Gómez en el marco de sus labores en la Complutense.
“Cuando hablamos repetida e incisivamente de negocios privados de la investigada Begoña Gómez no parecemos ser siempre conscientes, o lo olvidamos, de qué magnitudes estamos hablando”, señala el fiscal en el escrito.
El Ministerio Público detalla que, según la información económica incluida en la causa, Gómez percibió 34.314 euros entre 2012 y 2022. Por la cátedra de Transformación Social Competitiva recibió 0 euros; por el máster propio del mismo nombre, 13.634 euros; por el máster en dirección de ‘fundraising’ público y privado en organizaciones sin ánimo de lucro, 20.653 euros; y por el diploma de formación continua, técnico en ‘fundraising’, 4.883 euros.
“En todo caso, no parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado, ni que la actividad en la UCM pueda calificarse como negocios particulares”, añade el escrito, subrayando además que de la investigación patrimonial realizada a Gómez no se deducen “pagos sospechosos”.
«Chocante” la imputación de Begoña Gómez por malversación
La Fiscalía también calificó de “chocante” que el juez Peinado acordara en agosto imputar por malversación a Gómez y a Álvarez cuando, en un principio, al admitir la querella de Vox, había descartado investigarlas y dirigido las pesquisas únicamente contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por funciones desempeñadas en su anterior cargo en la Secretaría de Presidencia.
En su escrito, el fiscal critica que “más allá de sumar imputaciones y delitos” el juez no haya indicado qué ocurrió con el delito de corrupción en los negocios, “cuya improcedencia e imposible subsunción” siempre ha defendido el Ministerio Público. Añade además que “toda la temática de la supuesta apropiación del software instruida en la pieza principal se ha desvanecido”.
“Begoña Gómez no se ha apropiado de ningún ‘software’. Ni existía ánimo de lucro. No ha existido en ningún momento”, precisa la Fiscalía.
En relación con el presunto delito de intrusismo, que se atribuye a Gómez por la firma de un pliego de condiciones técnicas, el fiscal señala que la actuación se realizó “a instancia de los propios responsables y gerente de la UCM”. A su juicio, “ni parece un caso de índole penal y no existe elemento doloso por ningún lado, pareciendo a lo sumo una irregularidad administrativa”.
Desde la presentación de este escrito, el juez Peinado ha acumulado la pieza principal —relativa a los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo— con la pieza separada de malversación, tal y como le ordenó la Audiencia Provincial de Madrid. Además, el magistrado ha transformado las diligencias para que, en caso de llegar a juicio, sea juzgado por un jurado popular y no por un tribunal formado por jueces.
