El Gobierno propondrá Dolores Delgado (1962, Madrid), ministra de Justicia saliente, como nueva fiscal general del Estado, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.
Sustituirá a María José Segarra, que ocupaba el cargo desde junio de 2018.
El pasado viernes Delgado fue informada de que no continuaría al frente de la cartera de Justicia, responsabilidad que había asumido en junio de 2018.
Hoy, el magistrado en servicios especiales Juan Carlos Campo tomará el relevo de Delgado al frente del Ministerio.
Antes de que Delgado asuma su nueva responsabilidad, el Consejo General del Poder Judicial tiene que hacer el preceptivo informe sobre la idoneidad de la candidata. Después tendrá que pasar por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde será preguntada por todos los grupos parlamentarios, un procedimiento que no es vinculante y no precisa de votación a favor o en contra.
En el paso siguiente, el Consejo de Ministros la nombrará.
Durante el mandato de Delgado en Justicia se han convocado 600 plazas de jueces y fiscales, se han creado 75 órganos judiciales, y salió adelante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió la dedicación completa a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, introdujo la «violencia de género» en la formación de los jueces.
También durante su etapa se instruyó el expediente para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, de la que tuvo que dar fe como notaria mayor del Reino
Y bajo su dirección se celebró a lo largo de 2019 el 80 aniversario del exilio republicano español.
Anteriormente, Delgado ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional.
En dicho órgano, y desde 1993, su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo de ETA-
Fue la fiscal encargada de la ‘operación Temple’ contra las redes colombianas del narcotráfico, con 34 condenados a casi 500 años de prisión, y ‘Hielo Verde’ contra una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la que colaboraron las autoridades de España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Costa Rica y Reino Unido.
Desde el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal, preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad.
Con «alma de fiscal», Delgado cree «firmemente en la jurisdicción universal, la Justicia, la libertad, la igualdad, y los derechos humanos».
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