De izquierda a derecha: Pilar Llop, Juan José González, Vicente Magro, José Luis Requero, Miguel Durán, María Jesús del Barco, Julián Sánchez Melgar, José María Alonso, María Jesús Moro, Enrique López, Edmundo Bal, Javier Jordan de Urríes, Victoria Ortega, Javier Ortega Smith, José María Fuster-Fabra, Antonio Salas, Cristina Dexeus, José María Macías, José Ramón Navarro y Manuel Almenar.
Los deseos, propósitos y retos de 20 personalidades del mundo de la Justicia para 2020
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13/1/2020 00:00
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Actualizado: 13/1/2020 00:00
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Veinte destacadas personalidades del mundo de la Justicia comparten en Confilegal sus deseos, propósitos y retos para este año.
Entre los deseos están «que entre todos seamos capaces de encontrar soluciones a las amenazas que ponen en peligro nuestra convivencia»; «un pacto de Estado por la Justicia que evite que se convierta o utilice como elevento de confrontación, salvaguarde la separación de poderes y fije las líneas de consenso necesarias que garanticen una Administración de Justicia con la calidad y eficacia que merecen los ciudadanos»; así como «clarificar y ejecutar el pago de todos los servicios prestados por el turno de oficio, aprobar una ley sobre el Derecho de Defensa y llevar una reforma en profundidad de la Asistencia Jurídica Gratuita».
«El impulso y puesta en marcha definitiva del proyecto que debe reunir en Valdebebas (Madrid) toda la actividad judicial de la capital, y culminar el proceso de modernización de los otros 20 partidos judiciales de la Comunidad»; y «contribuir, desde la firmeza, a que futuros profesionales de la justicia accedan a sus respectivos cuerpos atendiendo exclusivamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con la mejor formación posible para contar con profesionales imparciales, competentes y comprometidos con sus funciones» son algunos de los propósitos.
Y entre los retos de algunos de ellos está «la derogación del artículo 324 de la LECrim para eliminar las trabas que los plazos absolutamente inadecuados suponen para cualquier investigación penal, en especial, la de las causas contra la corrupción»; y «la reforma del sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ por jueces y magistrados de modo que se garantice un Poder Judicial independiente y único en España sin cesiones a las pretensiones territoriales».
Pilar Llop, magistrada en servicios especiales y presidenta del Senado
«El 2020 se presenta como un año apasionante, lleno de oportunidades, que además tengo el honor y el privilegio de iniciar presidiendo una institución tan importante como el Senado. En este país ha habido demasiado tiempo de parálisis y bloqueo; demasiado para una sociedad en la que muchos hombres y mujeres siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de las tensiones territoriales. Pero ahora se abre un nuevo ciclo y, desde la instituciones y los poderes públicos, debemos aprovechar para recuperar la política como herramienta esencial a la hora de cambiar y mejorar la vida de la gente.
Hay que dar respuesta a muchos desafíos y retos planteados, y el diálogo, la palabra, es el instrumento para abordar todas esas cuestiones. Diálogo y respeto. En ese sentido, en una legislatura que arranca en este 2020 y que está llamada a ser la del diálogo territorial, aspiro a acercar el Senado a la gente e impulsarlo como lo que es, la cámara territorial de España, aquella que refleja toda su diversidad y riqueza. La Cámara Alta debe ser un actor fundamental en la resolución de los problemas que afectan a este país y a sus ciudadanos, desde lo más pequeño a lo más grande».
Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional
«Los mejores deseos de paz y felicidad para todo el pueblo español por el año que acabamos de comenzar.Como propósito, que mejoren las condiciones sociales y económicas de todos los españoles, y como reto, la próxima celebración en el mes de julio del 40 aniversario del Tribunal Constitucional y su obligación de servicio a todos los ciudadanos en el cumplimiento de sus importantes funciones recogidas en la Constitución».
Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo y exfiscal general del Estado
«Con la llegada del nuevo año, todos hacemos nuestros propósitos y definimos nuestros retos. A mí me gustaría hacerlo, como magistrado, en Justicia, sin perder por ello mi visión como exfiscal general del Estado.
Pero antes de hablar de retos y esperanzas, me gustaría, sobre todo, que en el año nuevo se pudiera erradicar el delito de nuestra sociedad, y si ello no fuera posible, que nuestro ignominioso baldón de la violencia de género pudiera ser atajado con un Pacto de Estado que sirviera para que todas las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto pudieran rubricar un acuerdo para luchar contra esta lacra social.
También propondría un acuerdo en materia de Justicia, que hiciera que contempláramos a la Justicia con esperanza y con confianza. Que la Justicia adquiera cada vez más calidad, que las resoluciones judiciales sean más comprensibles utilizando un lenguaje cada vez más accesible para todos, sensibilizándonos en temas sociales y en especial, con la discapacidad.
Debemos ser capaces de comunicar más y mejor, utilizando mi viejo lema de que no haremos nada que no seamos capaces de explicar, como solía decir en aquella faceta de mi vida profesional en la FGE. Porque solamente creando un canal entre la justicia y la sociedad a través de los medios de comunicación, podemos ser más transparentes.
Es necesario demostrar nuestra rigurosa independencia, hay que saber educar a nuestros jóvenes en Justicia, nuestras instituciones deben ser capaces de tratar mejor a todos los funcionarios judiciales, a los letrados de la Administración de Justicia, que tanta calidad demuestran en el día a día, y hay que reconocer la gran labor jurídica que llevan a cabo los abogados, los procuradores y los graduados sociales. Ellos, junto a los fiscales, son los grandes actores del proceso, y sin ellos, es imposible hacer Justicia.
Para finalizar, me gustaría que en este y en sucesivos años se hiciera realidad un anhelo: resoluciones previsibles en un plazo razonable.
Feliz Año 2020 y que se cumplan todos nuestros deseos».
Enrique López, magistrado en servicios especiales y consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid
«Como español comprometido con mi país y preocupado por las dificultades que afectan a los españoles, mi deseo para este año es que, entre todos, seamos capaces de encontrar soluciones a las amenazas que ponen en peligro nuestra convivencia.
Recién estrenada mi carrera política, mi principal objetivo es contribuir desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer de España un país mejor. Por eso, me gustaría que el Gobierno de Pedro Sánchez defendiera con responsabilidad y lealtad institucional tres cosas que me parecen básicas y que están garantizadas por la Constitución: la unidad de España, la igualdad de los españoles y el imperio de la ley.
Respecto a mis obligaciones como consejero de Justicia, Interior y Víctimas, existen múltiples retos para estos 12 meses. Entre ellos, destaca el impulso y puesta en marcha definitiva del proyecto que debe reunir en Valdebebas toda la actividad judicial de la capital, así como culminar el proceso de modernización de los otros 20 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid, proyecto al que, solo en esta legislatura, tenemos previsto destinar cerca de 100 millones de euros.
En materia de seguridad, vamos a seguir impulsando la coordinación de nuestros servicios de emergencias a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
En relación a las víctimas, queremos defender la importancia de dar una cobertura integral a las víctimas del delito, prestando especial atención a las víctimas del terrorismo.
Y, por último, respecto a nuestras competencias relativas al juego, vamos a trabajar en las mejores medidas que nos permitan ordenar y regular el sector, de manera que la seguridad y la salud pública, especialmente la de los menores, estén plenamente garantizadas”.
Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
«La bolsa de asuntos pendientes que afectan a la Justicia agotaría por sí misma la lista de deseos de cualquier representante de un colectivo profesional. Y es que son demasiadas las reclamaciones que parecen haber cristalizado en el tiempo degradando una situación a la que el sentido común pide a gritos hace demasiado tiempo.
Pero si me viera obligada a sintetizar empezaría por lo más urgente: clarificar y ejecutar el pago de todos los servicios prestados por el turno de oficio; para continuar por lo más importante: aprobar una ley sobre el Derecho de Defensa y llevar adelante una reforma en profundidad de la Asistencia Jurídica Gratuita.
Tristemente la Justicia, y con ella quienes ejercemos una labor indispensable en su funcionamiento, parece ser si no la única al menos la más relevante de la asignaturas pendientes que nuestra democracia sigue aplazando sine die.
Sin dejarme vencer por el pesimismo, quiero pensar que esta vez sí habrá acuerdo entre una amplia mayoría de partidos políticos para alcanzar el tan anhelado como necesario Pacto por la Justicia. En él debemos jugar los abogados un papel insustituible. Y desde ese pacto y partir de él contribuiremos a seguir haciendo de España un país más libre, más igualitario y más moderno».
Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona y presidenta de la Asociación de Fiscales (AF)
«Año tras año se repiten los mismos deseos. No parece que la Administración Justicia importe en exceso a los políticos. Ahora bien, eso no debe hacernos caer en la abulia o el abatimiento.
Por ello, mantengo la esperanza de ver cumplido el deseo de que se adopten medidas de mejora realistas, prácticas, para lograr una justicia más rápida, más eficaz, que haga posible dar un mejor servicio a la sociedad y que necesariamente supone incrementar la dotación de medios materiales y personales y dotar de herramientas informáticas adecuadas.
Pero realmente aspiro a mayores logros. Deseo que se alcance un modelo de Justicia adecuado a las necesidades actuales, elaborado con visión de futuro, no cortoplacista, que no responda a intereses partidistas, sino a la necesidad de organizar la planta judicial para resultar más eficientes; con sistemas de nombramiento del FGE y del CGPJ que generen confianza de imparcialidad; con sistemas procesales más ágiles y adaptados a los de las democracias de nuestro entorno; un modelo profesional en el que nadie pueda poner la ley al servicio de su ideología político partidista, donde se potencie la excelencia profesional, manteniendo el actual sistema de acceso a la carrera que garantiza la igualdad, la capacidad y la objetividad.
Propósitos para este nuevo año: seguir trabajando, seguir convenciendo, para continuar creciendo como asociación estrictamente profesional, que es lo que representa la Asociación de Fiscales y le da la fuerza, permitiéndole hacerse eco de las necesidades y reclamaciones de la carrera y, asimismo, dar a conocer a la sociedad las importantes funciones que realiza el fiscal en defensa de la Constitución, del interés público tutelado por la ley y de los más desprotegidos; poniendo en valor nuestra labor frente a la visión sesgada e interesada que desde determinados ámbitos políticos se quiere trasladar a la ciudadanía.
Entre los retos que se presentan se encuentra la derogación del artículo 324 de la LECrim para eliminar las trabas que los plazos absolutamente inadecuados suponen para cualquier investigación penal, en especial, la de las causas contra la corrupción; el estudio de las cargas de trabajo en la carrera y de los riesgos laborales; la cobertura de plazas vacantes, especialmente en determinados territorios; en definitiva, todas las reclamaciones que venimos haciendo desde 2017 ante los distintos equipos ministeriales, tanto del PP como del PSOE y que nos llevaron a realizar jornadas de huelga frente a cada uno de ellos.
Pero el gran reto que se debe afrontar es la reforma de la Justicia a través de un Pacto Nacional de Estado por la Justicia abordando los problemas que la acucian y adaptándola a las necesidades y a la realidad del siglo actual».
Antonio Salas Carceller, magistrado de la Sala de lo Civil del Alto Tribunalt
«Mis deseos para el año que comienza, dejando aparte los estrictamente personales y familiares, son fundamentalmente los siguientes:
Que se recupere el respeto a nuestras instituciones públicas y, en concreto, que se reforme nuestra Ley Electoral General para exigir un porcentaje de votos a nivel nacional significativo, de forma que no accedan al Parlamento Nacional partidos regionales que abiertamente confiesan no estar interesados en la gobernabilidad general de España.
Que se respete al Poder Judicial como un poder independiente, que es garantía del mantenimiento del Estado de Derecho; siendo el respeto a este último absolutamente incompatible con la llamada “desjudicialización” en determinados ámbitos.
Y que el Tribunal Supremo recupere el papel que le corresponde en la cúpula judicial española.
Propósito: No entrar en polémicas públicas de ningún tipo a través de las redes sociales. Son una buena fuente de comunicación y de información, pero también albergan y dan voz a los peores sentimientos del ser humano.
Reto: Contribuir en la medida de lo posible a que desaparezca el régimen transitorio que rige los recursos de los que conoce la Sala Primera del Tribunal Supremo, pues dicho régimen está en vigor -con dicho carácter transitorio- desde el año 2000, generando no pocas disfunciones en el trabajo de la Sala».
María Jesús del Barco, juez decana de Madrid
«El comienzo de cada año siempre viene acompañado de un listado de deseos, de propósitos y de retos que, en muchas ocasiones, no llegan a hacerse realidad, quizá porque fuimos demasiado ambiciosos o tal vez porque no pusimos el empeño y la ilusión que la nueva empresa requería.
Mi deseo desde que soy juez siempre ha sido que nuestros políticos se tomaran en serio la Justicia, que alcanzaran acuerdos sobre un pilar esencial del Estado de Derecho y que apostaran por una inversión adecuada en la creación de juzgados, en infraestructuras y medios.
He entendido siempre que debía respetarse mi independencia, pero he dado hecho que, fundamentalmente por quienes ostentan responsabilidades institucionales y políticas, ese respeto existía.
Los últimos tiempos me han demostrado que la realidad es otra. Que se cuestiona el contenido de las sentencias que dictamos, no desde la crítica técnica y el rigor jurídicos, sino tachándonos de fascistas, de machistas, de prevaricadores, etc. y trasladando a la sociedad, por aquellos que pueden hacerlo por la posición pública que ocupan, que los jueces resolvemos de acuerdo con nuestra ideología, tratando así de cercenar nuestra función, de cuestionar el cumplimiento y el acatamiento de la ley, pero fundamentalmente minando así nuestra democracia.
Así que mi deseo para 2020 es que se respete la independencia judicial y el Estado de Derecho; con ese propósito también inicio el nuevo año porque creo que puedo aportar mi granito de arena para hacer llegar al ciudadano la realidad de lo que somos los jueces, de que actuamos sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley, porque sólo de esta forma existe la democracia y sólo así mantendremos los
derechos y libertades que ahora disfrutamos.
El reto es conseguirlo».
José María Fuster-Fabra, abogado, socio decano de Fuster-Fabra Abogados
«Deseos: En lo personal por tópico que parezca, salud y trabajo para mí, mi familia y amigos; como ciudadano que el Estado de Derecho funcione; y no puedo olvidar mi pasión futbolística, por lo que espero que se salve el Español.
Los propósitos y retos son seguir ganándome la vida honradamente, seguir aportando todo lo que pueda en defensa de la unidad de España desde Cataluña, y continuar cumpliendo lo que le prometí a mi mujer el día que nos casamos: «A mi lado no te aburrirás ni un solo día de tu vida»».
Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)
«En apenas cuatro años hemos asistido a cuatro elecciones generales. La consecuencia directa, en el ámbito legislativo, ha sido la ausencia de una verdadera política en materia de Justicia, cuando no su ninguneo o, peor aún, su utilización con fines populistas, dentro y fuera del Parlamento.
De ahí que el principal deseo/petición para la legislatura que comienza vaya dirigida a los partidos políticos, en especial a los que ahora gobiernan: un Pacto de Estado por la Justicia que evite que se convierta o utilice como elemento de confrontación, salvaguarde la separación de poderes y fije las líneas de consenso necesarias que garanticen una Administración de Justicia con la calidad, eficacia y agilidad que merecen los ciudadanos, lo que implica que se dote de los medios personales, materiales y técnicos necesarios, se actualice la organización de los tribunales y la demarcación y planta judicial, se aprueben las reformas procesales pendientes…
No obstante, visto el baño de realidad que suponen las declaraciones de ciertos personajes públicos, me conformo con que se respeten los principios constitucionales que garantizan la independencia judicial y que constituyen la base de nuestro Estado de Derecho, esto es, la división de poderes y la sujeción en exclusiva a la Constitución y a la ley. Cualquier intento de desconocer estos principios determinará la aplicación estricta de la ley.
Proporcionen medios y déjennos trabajar.
Éste constituye, asimismo, nuestro propósito y reto para esta legislatura. Continuar luchando, desde la responsabilidad institucional, pero con la firmeza necesaria, para afrontar y resolver los problemas de la Justicia en España. Conocemos las causas y las soluciones; desde la reorganización estructural y territorial, hasta normas procesales que limiten la litigiosidad excesiva y permitan un funcionamiento más eficiente, pasando por medidas que refuercen la credibilidad de la Justicia, como la indispensable reforma del sistema de nombramiento de los
vocales judiciales del CGPJ para que sean elegidos por los propios jueces.
Ahí están las 14 propuestas para la mejora de la Justicia, consensuadas entre todas las asociaciones judiciales y que nos marcan el camino a seguir».
José María Macías, magistrado en excedencia, abogado de Cuatrecasas, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y profesor de Derecho administrativo y de la UE de la UAB
«Curiosamente, mis deseos, propósitos y retos para el nuevo año que se inicia coinciden con una única palabra, que en sí mismo dibuja un objetivo muy modesto: normalidad. Mi deseo es que los españoles consigamos una normalidad innecesariamente alterada en muchos ámbitos, y me propongo trabajar para conseguir lo que es tanto un reto individual como colectivo.
En lo más próximo en mi función como responsable público, espero que esa normalidad alcance al Consejo General del Poder Judicial y que se consiga una renovación en plazos breves y razonables, con una composición ponderada de jueces y juristas de reconocido prestigio que continúen el trabajo por la mejora de la Carrera Judicial y el crédito de la institución.
Mientras esa renovación llega, trabajaré como hasta ahora, en el puesto que me corresponda, para que el Poder Judicial actúe con la responsabilidad con la que ha trabajado en todo momento y no sufra ningún tipo de vacío.
Como jurista catalán profundamente amante de España, y otra vez en el puesto que me corresponda en cada momento, me propongo trabajar para el logro de lo que es un reto colectivo: que mi tierra recupere la senda del Derecho que nunca debió abandonar. Sólo así es posible la convivencia, el progreso y la felicidad, que es la aspiración primera y última de toda comunidad».
Javier Ortega Smith, secretario general de VOX, diputado y concejal portavoz en el Ayuntamiento de Madrid del partido, que ejerció la acusación popular en el juicio del ‘procés’
«Para este 2020 tenemos muchos deseos, que también son propósitos, para conseguir la España que queremos: lograr la inhabilitación definitiva y efectiva de los condenados por el golpe de Estado como es el caso de Junqueras, lograr la detención y entrega a España del fugado golpista de Puigdemont, lograr el procesamiento en España y en Bolivia de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Ínigo Errejón y demás personas implicadas en la financiación ilegal de Podemos por el narcoterrorismo del gobierno de Evo Morales, la Venezuela chavista de Nicolás Maduro o la teocracia iraní.
Asimismo, lograr el procesamiento de la exministra de Justicia, de la abogada general del Estado y de la abogada del Estado que prevaricaron con el informe de la Abogacía del Estado para intentar facilitar la inmunidad de los golpistas.
Y como retos lograr qué Vox logre una importante representación en los parlamentos catalán, gallego y vasco, merecida representación para aquellos españoles que entienden la importancia de una España unida y que luchan cada día por la Constitución, la democracia y el buen funcionamiento de la España de derecho».
María Jesús Moro, diputada del PP, portavoz de Justicia del partido en el Congreso y profesora titular de derecho civil en la Universidad de Salamanca
«Deseos: Que se recupere el respeto que la justicia merece, porque la falta de respeto al que venimos asistiendo ahonda, como con ninguna otra acción, en el deterioro profundo de la democracia. Tras construir una sombra de sospecha sobre la justicia, se pierde la confianza en ella, se debilita y es el primer paso para quien pretende eliminar la independencia de este pilar esencial de la libertad y los derechos de los ciudadanos.
Propósitos: Contribuir, desde la firmeza, a que los futuros profesionales de la justicia accedan a sus respectivos cuerpos atendiendo exclusivamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con la mejor formación posible, para contar con profesionales imparciales, competentes y comprometidos con sus funciones.
Promover un debate sereno y eficaz sobre lo esencial (recursos humanos y materiales; organización y planificación; mejora, modernización y actualización normativa) huyendo de los titulares efectistas, pero vacíos e inútiles para mejorar la justicia. Y contribuir a que se ejecute.
Retos: Trabajar por todos aquellos instrumentos normativos que contribuyan a blindar la independencia judicial.
Contribuir a eliminar, en el mayor grado posible, la demagogia a la hora de afrontar las reformas y medidas que necesita la justicia española.
Construir herramientas que permitan hacer la pedagogía necesaria para que la sociedad entienda que justicia no es conseguir lo que cada uno desea por encima de todo y de todos. Sólo superar esa concepción permitirá avanzar en una justicia de calidad. No basta con mejorar en el lenguaje judicial, en la comunicación y en la explicación de las resoluciones judiciales (que debemos hacerlo). Se precisa de una amplia pedagogía sobre el significado de las instituciones de la justicia y su funcionamiento y sobre los principios básicos propios de un Estado de Derecho».
Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales, portavoz adjunto y portavoz de Justicia de Ciudadanos
«Cada año comienza con la formulación de nuevos deseos, propósitos y retos con los que pretendemos mejorar todo aquello que no funcionó en el pasado. Mi principal deseo para este año, y no sé si peco de ingenuo, es que el Gobierno de España tenga, simplemente y al menos, algo de sentido común y conciencia de la importancia de las reformas que son urgentes.
En materia de Justicia deseo, además, que el nuevo ministro de Justicia, a diferencia de su predecesora, afronte con seriedad los verdaderos problemas que asedian desde hace años a la Justicia, dejándose de palabrería y demagogia. Necesitamos, en primer lugar, más jueces, de modo que España alcance la media europea de 20 jueces por cada 10.000 habitantes, jueces que cuenten, además, con una retribución justa.
A ello que hay añadir la necesidad de una evaluación seria de cargas de trabajo y un estudio de la situación de los juzgados y tribunales para poder dar el impulso que precisa la oficina judicial, que ha de contar, además de con el personal necesario y suficientemente preparado, con unas instalaciones dignas para un servicio público tan relevante.
Finalmente, no podemos olvidar la necesidad de contar con sistemas informáticos compatibles e interconectados en todo el territorio nacional, la dignificación del turno de oficio, y el desarrollo de fórmulas de mediación y arbitraje como vías alternativas a la vía judicial y que puedan contribuir a la agilización de la Justicia. Son muchos los retos pendientes tras 40 años de bipartidismo en los que el Ministerio de Justicia ha sido siempre el gran olvidado.
Mi propósito principal será, aparte de mis tareas como portavoz de Ciudadanos, convencer en el seno de la Comisión de Justicia sobre la necesidad de llegar a acuerdos y consensos, porque una Justicia digna que funciona hace mejor a un país: la economía, los trabajadores, las empresas, los inversores nacionales e internacionales, los ciudadanos, en definitiva, necesitamos una Justicia rápida, ágil y segura en la que se pueda confiar.
Por último, mi reto son las propuestas de cambios y reformas. Y no me refiero precisamente a la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial, puesto que el sistema actual funciona razonablemente bien garantizando la igualdad, el mérito y la capacidad, y a lo que huele la reforma propuesta es a querer nombrar jueces a dedo.
Me refiero, entre otras reformas, a la supresión de aforamientos; la derogación del artículo 324 de la LECrim, que entorpece la instrucción de las causas penales más complejas (relacionadas precisamente con los delitos de corrupción de los partidos de siempre); la reforma del sistema de elección de los doce vocales del CGPJ por jueces y magistrados de modo que se garantice un Poder Judicial independiente y único en toda España sin cesiones a las pretensiones territoriales; independizar de verdad al Fiscal General del Estado del Poder Ejecutivo reformando el Estatuto del Ministerio Fiscal, lo que permitiría atribuirles la instrucción de las causas penales; la limitación de las competencias del Gobierno en materia de indultos, lo que redundaría en beneficio de la división de poderes; la recuperación de las competencias penitenciarias de Cataluña; y finalmente, la aprobación de una Ley de Enjuiciamiento Criminal y un Código Penal nuevos, actualizados y modernos, con penas proporcionadas y sin complejos porque somos una democracia consolidada y avanzada.
Con que saliera adelante una sola de las reformas señaladas, me daría por satisfecho, porque tras 26 años de abogado del Estado ayudando a la Justicia y sufriéndola puedo decir que se ha hecho muy poco o casi nada».
José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)
«Mis proprósitos y objetivos son seguir tomando medidas desde el Colegio para que la Abogacía madrileña se convierta cada día en un actor más potente y más influyente, y para que cale ante la opinión pública la idea del abogado como figura capital en el engranaje del Estado de Derecho.
Dar la batalla ante los poderes públicos para la dignificación del oficio, empezando por las condiciones en las que se lleva a cabo el ejercicio del derecho de defensa desde el turno. En este sentido, será un objetivo capital la renegociación con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia de la mejora de unos baremos que están totalmente desfasados.
Potenciar el área de Defensa de la Abogacía para determinar y reaccionar con firmeza y eficacia ante aquellos supuestos en los que los órganos jurisdiccionales u otros entes de la administración de justicia no traten a los abogados con el respeto y la dignidad que merecen.
Impulsar, con el CGAE, la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, cuya tramitación lleva años parada y es fundamental para la Abogacía.
Conseguir que todas y cada una de las actuaciones profesionales realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva sean compensadas; y que no se traslade a los abogados de oficio que cada día hacen efectivos estos derechos fundamentales los problemas de financiación de un servicio público que se presta con un alto grado de calidad.
Los deseos son que no haya dedisiones del poder político que lleven a la tentación de interferir en el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes, y que, por tanto, se respete en toda su extensión la independencia de los tribunales y la separación de poderes, intrínseca a un Estado social y democrático de Derecho.
Que cesen los ataques a nuestro ordenamiento jurídico y a la Constitución, y que aquellos conflictos territoriales que pueden suponer, y de hecho han supuesto, una erosión en la convivencia entre españoles se resuelvan desde el diálogo y, al tiempo, desde el respeto a la ley y su cumplimiento».
Javier Jordan de Urríes, presidente de CSIF Justicia
«Desde nuestro punto de vista como sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, debemos sacar a la Administración de Justicia de su particular día de la marmota. Una vez más se anuncia un Pacto por la Justicia, pero, una vez más, no se explica cómo se va a obtener el consenso y la estabilidad necesarias para alcanzar dicho pacto.
Para CSIF, la Justicia, la reforma y modernización organizativa, funcional y tecnológica es imprescindible y debe articularse a través de un pacto inclusivo, realista y dotado de recursos suficientes personales, materiales y económicos. Un pacto que debe contar con la participación real y efectiva de los funcionarios de Justicia y que debe aprovechar y poner en valor el enorme y valioso capital humano del personal de la Administración de Justicia desde letrados de la administración de Justicia a auxilio judicial, pasando por los médicos forenses y el resto de cuerpos especiales.
En el corto plazo y fijando metas para este año, en CSIF creemos que este 2020 debe ser el año en el que el Registro civil se modernice contando para su gestión con los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Debe ser el año en el que se ponga fin al agravio salarial entre Comunidades Autónomas que es especialmente grave en el complemento específico de los funcionarios destinados en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
Debe ser el año en el que se sienten las bases de la carrera profesional en Justicia, de la revisión de los servicios de guardia, la recuperación del complemento de violencia sobre la mujer y sus retribuciones y del establecimiento de un justo reparto de la productividad.
Debe ser el año en que se sienten las bases de la revisión y de la adecuación salarial de los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.
Deber ser el año en el que se terminen de cumplir los acuerdos firmados en 2014 y 2015 con el Ministerio de Justicia poniendo en valor la Justicia de Paz y estableciendo sistemas de provisión de puestos de trabajo eficaces y transparentes (concursos de traslados,
interinos, sustituciones y comisiones de servicio).
Y debe ser el año en el que se sienten las bases para una revisión y redistribución de las funciones dentro de la oficina judicial poniendo en valor el capital humano de la Justicia y dando funciones de verdadero valor añadido a todos los Cuerpos evitando sobrecargas de trabajo y de su reconocimiento laboral y retributivo.
José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional
«Año nuevo, propósitos y deseos nuevos.Comienza un año 2020 cargado de retos muy importantes para nuestro país. A nivel profesional, le pido a este año un fortalecimiento de las instituciones públicas y del Estado de Derecho. También, el consenso necesario para que España pueda afrontar las reformas en materia judicial necesarias y así disponer de una Administración de Justicia ágil y eficaz para reforzar la confianza de los ciudadanos.
A nivel personal, le pido el huir de las confrontaciones. Desearía, también, erradicar, de una vez por todas, la violencia de género. Todo esto con el objetivo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria.
Feliz 2020″.
Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
«La desaparición de los fenómenos de violencia en el hogar y en la familia, así como de la violencia sexual y los delitos contra la seguridad vial es un deseo, propósito y reto que la sociedad debe afrontar para 2020. No puede haber más víctimas inocentes.
Resulta por ello, fundamental que se aprueben ya las 200 medidas del pacto de Estado contra la violencia de género que se redactaron en el año del año 2017; 200 medidas que fueron consensuadas tanto en el congreso como el Senado y que darían mayor cobertura a las víctimas y mayor seguridad jurídica en la aplicación del derecho a los hechos.
La tecnologización máxima de la justicia no puede esperar más.
El expediente digital, la videoconferencia, las citaciones y notificaciones electrónicas y la inteligencia artificial en la justicia deben ser ya una realidad que acorte los tiempos y dé una justicia de calidad.
La justicia no puede seguir quedando al margen de la evolución tecnológica y por ello necesitamos y precisamos de medios materiales que introduzca en la tecnología en la justicia y abandonen la idea de una justicia arcaica y no adaptada a la realidad social. Pero debería haber una adaptación a nivel de Estado en el que el proceso de tecnologizacion si al mismo en todas las comunidades autónomas y en el territorio ministerio de justicia, a fin de realizar una aplicación en todo el contexto nacional de todo el proceso tecnológico. Por último añadir que será importante que todos aquellos protocolos e ideas innovadoras que se han ido implantando en todo el territorio de forma individual por iniciativas particulares en órganos judiciales sean extendidas al resto del país con protocolos aprobados por el Consejo General del poder judicial y el ministerio de justicia para que aquellos proyectos que han resultado exitosos en algunos territorios puedan ser implementados en todo el país, a fin de darnos la idea de una justicia moderna ágil y eficaz».
Miguel Durán, abogado, socio director de Durán & Durán Abogados
«Son deseos imposibles. Que alguien se atreviera a hacer una reforma en profundidad, una revolución en profundidad de la Administración de Justicia resucitando con plenitud el espíritu de Montesquieu, pero eso -iba a decir que no lo verán mis ojos, pero no es lo más adecuado- creo que este Gobierno no es capaz de afrontarlo, entre otras cosas porque en este Gobierno hay unos componentes que tienen muy claro que la Justicia es un instrumento del poder y no creo que los podemitas crean en absoluto en la separación de poderes. Los comunistas tienen otra forma de entender el poder.
A título personal deseo mucha salud para todo el mundo, y en especial para mis seres queridos y para mí.
En términos generales y políticos, y de sector como jurista me apetecería mucho que se encarase con verdadera voluntad una reforma en profundidad, una reforma-revolución de la Administración de Justicia y que se despolitizara absolutamente la Administración de Justicia.
En cuanto a propósitos, sigo en el plano estrictamente profesional, es completar la extensión territorial de nuestro bufete procediendo a la apertura de las sedes en el norte de España, en Galicia, y de los archipiélagos, que se sumarían a las ya existentes en Zaragoza, Sevilla, Valencia, Madrid y Barcelona. Mi propósito es completar en este año la red mediante la implantación probable en Bilbao, La Coruña, en Palmas, Tenerife, en Palma de Mallorca y probablemente en Ibiza. Lograr que toda esa estructura encaje bien.
Los retos se parecen mucho a los propósitos, pero el reto lo tengo marcado por una serie de juicios importantes que tengo que afrontar, muy próximamente el tema de Pineda, y después otra pieza separada del ‘caso Gürtel’ y cuestiones relativas al tema de Mercasa y otros asuntos que son de mucha trascendencia… Hacerlo lo mejor que sé.
Y perder algunos kilos.
El reto básico de cualquier persona que se precie es tratar de hacer felices a los que nos rodean y a todos los que de alguna manera dependen de nosotros».
José Luis Requero, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo
«Creo que en 2020 va a estar de más pedir los consabidos medios para la Justicia o apelar -ya rutinariamente- a
Lo que pido es algo elemental y que lo desee me produce vértigo: Que se respete a la Justicia, su independencia, sus resoluciones y su modelo constitucional; en definitiva, que se respete que España es un Estado de Derecho en el que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Esa es la base del respeto hacia la Justicia. Con esto me daría por satisfecho porque con medios cortos se pude subsistir, pero si no hay independencia judicial es porque no hay Estado de Derecho y sin eso viviremos un infierno.
Este es mi principal deseo y en cuanto a propósitos, como tal los propósitos tiene un alcance muy personal, los míos son los de siempre: En lo que de mí dependa, hacer cada vez mejor mi trabajo. Creo que, no ya en la Justicia, sino en cada actividad profesional; si cada uno se esfuerza por cumplir y cumplir bien con sus obligaciones, estaríamos ante una de las mayores revoluciones.
Y en cuanto a retos como magistrado del Tribunal Supremo el principal es que nuestra función casacional sea coherente con su sentido y fin: Fijar doctrina legal a base de interpretar el ordenamiento para generar certeza y seguridad jurídica en cada vez más aspectos».
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