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Ciudadanos recupera su reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales, portavoz adjunto de Cs y portavoz de Justicia del partido, se pregunta "si la propuesta de nombramiento de Delgado como fiscal general es expresión de la desjudicialización del conflicto político que Sánchez ha prometido a ERC".|Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales, portavoz adjunto de Cs y portavoz de Justicia del partido, se pregunta "si la propuesta de nombramiento de Delgado como fiscal general es expresión de la desjudicialización del conflicto político que Sánchez ha prometido a ERC".
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Edmundo Bal, portavoz adjunto y portavoz de Justicia de Ciudadanos, registró ayer en el Congreso de los Diputados una Ley de Reforma del Estatuto Orgánico Ministerio Fiscal en la que se incluye una modificación en el nombramiento del fiscal general del Estado.

Según ha detallado a Confilegal Edmundo Bal, esta reforma prevé que el fiscal general del Estado sea propuesto por el Gobierno, pero que el candidato deba someterse a una votación en el Pleno del Congreso y que su ratificación requiera el apoyo de al menos dos tercios de los diputados.

Además, el candidato debería ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 25 años de ejercicio de la profesión, en vez de los 15 años que se exigen ahora. Y no podría haber desempeñado ningún cargo político durante los diez años anteriores.

Ciudadanos también apuesta por ampliar de cuatro a seis años el mandato del fiscal general del Estado, permitir su destitución por parte del Congreso y que no cese en el cargo en cuando cesa el Gobierno, como sucede ahora.

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Asimismo, persigue reforzar las competencias del Consejo Fiscal y de las juntas de fiscales para que los fiscales «puedan ejercer su trabajo con independencia y estar sujetos únicamente a la defensa de la Constitución y del interés general, no a las instrucciones de sus jefes y del fiscal general del Estado», explica Bal.

Bal, tras registrar ayer mañana esta reforma.

Esta iniciativa ya la impulsó Ciudadanos en la anterior legislatura, pero fue rechazada por la Cámara Baja en febrero de 2018.

De haberse aprobado, habría impedido que fuese propuesto el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, por haber sido hasta días antes ministra de Justicia.

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Solo Unidas Podemos y Compromís votaron a favor de su toma en consideración, mientras que el PP, el PSOE, ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria y Nueva Canarias se opusieron, y EH Bildu se abstuvo.

Edmundo Bal dio ayer una rueda de prensa en el Congreso tras registrar esta reforma en la que lamentó que tanto el PP como el PSOE votaran en contra de esta reforma y dice que habrá que ver si los ‘populares’ han cambiado ahora de opinión ante esta «situación de emergencia».

«Se trata de la Fiscalía General del Estado, no del Gobierno, del PP o de Sánchez», ha subrayado.

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Bal ha expresado que, en opinión de Ciudadanos, proponer a Delgado como fiscal general del Estado va en contra de los principios de «imparcialidad, independencia técnica y despolitización» que debe cumplir el Ministerio Fiscal.

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“¿Vamos a politizar las causas penales? ¿Se van a retirar las acusaciones penales cuando el Gobierno quiera?”, se ha preguntado Bal, y ha criticado que como fiscal general del Estado se coloque a “una persona por un punto de vista político, no por virtud de mérito y de capacidad”.

Ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si «ésta es su idea de desjudicialización» del «conflicto político» en Cataluña y si ha pactado con ERC la designación de Delgado, «una persona de su confianza para saber qué instrucciones querrá dar a los fiscales».

El diputado Edmundo Bal considera que el objetivo del Ejecutivo con este nombramiento es «politizar la Justicia» y «satisfacer a los independentistas, los nacionalistas y populistas» que hicieron posible la investidura de Sánchez.

Bal ha señalado también que Delgado durante su mandato como ministra de Justicia realizó una serie de «ataques tendentes a la instrumentalización de la Abogacía del Estado al servicio del PSOE».

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«Ha presionado de manera intolerable a la Abogacía del Estado y ha instrumentalizado a este órgano a favor de intereses puramente políticos», ha denunciado.

Bal ha recordado que a él mientras ejercía como abogado del Estado en el ‘caso procés’, el Gobierno le hizo «quitar los hechos de violencia» del escrito de acusación.

También ha puesto como ejemplo la petición que hizo la Abogacía de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pudiese salir de prisión para acreditarse como eurodiputado.

Ha dicho que frente a estos «ataques» del Ministerio de Justicia, «quien se ha mantenido firme en el mantenimiento de la legalidad y el cumplimiento de los intereses generales ha sido la hasta ahora fiscal general del Estado, María José Segarra, que quizá no es lo suficientemente servil».

Asimismo, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso ha criticado la «absoluta falta de decoro» que ha demostrado el Gobierno en este «caso flagrante de puertas giratorias», al pasar Delgado del Ejecutivo a la FGE, y se ha preguntado si el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habrá expresado su criterio sobre este nombramiento.

Bal también ha cuestionado que la Fiscalía General del Estado pueda asumir en el futuro la instrucción de las causas penales ahora que el Gobierno pondrá al frente de esta institución a una persona de «clarísimo perfil político».

«¿Vamos a politizar todas las causas penales? ¿Se va a ejercer la acusación penal solo cuando el Gobierno quiera? ¿Se van a retirar las acusaciones penales cuando el Ejecutivo quiera?», se ha preguntado.

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