Dentro de tres semanas la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolverá sobre la medida cautelar solicitada por la magistrada Pilar de Lara, hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, de suspender la imposición de la sanción de siete meses de empleo y sueldo, impuesta por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por una falta muy grave, lo que conlleva la pérdida de su actual destino.
La Abogacía del Estado ya se ha pronunciado negativamente.
En los últimos 30 años el Supremo solo ha fallado una petición de medida cautelar, en el sentido que pretende la magistrada De Lara, en dos ocasiones, por lo que las posibilidades de que el Supremo se pronuncie a su favor son escasas.
Una vez que el Alto Tribunal decida si estima o no la medida cautelar, el abogado de la magistrada pedirá que se le entregue del expediente del CGPJ, que dio pie a la sanción. Después tendrá 20 días para interponer la demanda.
El Supremo resolverá sobre el caso en el plazo de un año.
