José María Ruiz-Mateos insiste en que su padre era el que "mandaba" en todo y que "siempre confiaron" en que tributaban los impuestos conforme a la ley./ EP
Seis hijos de Ruiz-Mateos serán juzgados en marzo por un supuesto delito fiscal en la compra del Hotel Beverly de Mallorca
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14/1/2020 00:00
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Actualizado: 14/1/2020 00:00
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Seis hijos del famoso empresario jerezano José María Ruíz-Mateos -fallecido en 2015- serán juzgados a partir del próximo 30 de marzo en Palma por un supuesto delito fiscal en la compra del Hotel Beverly Playa Paguera de Mallorca en 2008.
Se trata de Pablo, Zoilo, José María, Francisco Javier, Alfonso y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.
La Fiscalía, que cifra el supuesto fraude en 1,9 millones de euros, pide cuatro años de prisión para cada uno y una multa de 9,5 millones.
La defensa de los seis hermanos no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en la vista previa convocada hoy en el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma.
Los seis hermanos han comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Aranjuez, donde cumplen condena por una estafa en la compraventa de este mismo hotel.
Estos seis hermanos fueron condenados por el Tribunal Supremo en octubre de 2018 a dos años y medio de prisión por una estafa agravada, en relación a la compra de dos hoteles, éste en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
Entonces, Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero ya estaban en prisión por otras causas.
Además, el pasado octubre, la Audiencia Provincial de Baleares los sentenció a penas de entre dos años de cárcel, y un año y nueve meses por estafa agravada en la compra en 2005 del hotel Eurocalas de Mallorca.
Pablo y Javier Ruiz-Mateos fueron sentenciados a 2 años de prisión, y José María, Álvaro, Alfonso y Zoilo a un año y 9 meses.
El tribunal los condenó también a indemnizar, conjunta y solidariamente, a los perjudicados con 12.706.213 de euros, con responsabilidad civil subsidiara de las sociedades Bastimentero, Calwell y Clesa, pertenecientes a Nueva Rumasa.
Además, cada uno de ellos tendrá que pagar 9.000 euros de multa.
Su madre, Teresa Rivero, expresidenta del Rayo Vallecano, también fue sentenciada a finales de septiembre de 2018 a siete años de cárcel por fraude fiscal.
EL JUICIO SE CELEBRARÁ ENTRE EL 30 DE MARZO Y EL 2 DE ABRIL
El juicio por un supuesto delito fiscal en la compra del Hotel Beverly de Mallorca se celebrará entre el 30 de marzo y el 2 de abril.
Los acusados no asistirán físicamente a las sesiones.
La defensa, el letrado Juan Manuel García-Gallardo, se ha comprometido a instruir a los hermanos sobre toda la documentación del caso para evitar que tengan que desplazarse y puedan declarar por videoconferencia el primer día del juicio.
Declararán más de una quincena de testigos, la mayoría propuestos por la defensa.
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau acusa a estos seis hermanos de defraudar al ‘Govern’ en el pago de un impuesto autonómico en la transmisión del hotel, que ahora reclama la Agencia Tributaria de Baleares a través de la Abogacía de la Comunidad.
La defensa dice que no hay delito porque entiende que la operación estaba exenta de ese tributo y que no se produjo una ocultación a la Hacienda pública.
Argumenta que no se trató de la compra de un inmueble, sino del 100% de una sociedad que poseía dos hoteles: el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria.
La defensa también señala que en la escritura el notario emitió juicio de legalidad y que el plazo para realizar la liquidación ya se habría extinguido. La operación tuvo lugar en diciembre de 2008.
Asimismo, sostiene que los seis hermanos no eran los responsables de estas decisiones.
El pasado septiembre, durante el juicio por estafa en la compra del hotel Eurocalas de Mallorca, José María Ruiz-Mateos hijo aseguró que tras la quiebra de Rumasa lo perdieron todo.
«No tenemos nada, nuestras casas están hipotecadas, ejecutadas y embargadas; y no tenemos absolutamente patrimonio de ningún tipo, a pesar de las calumnias, estamos arruinados», manifestó.
Fuentes próximas al caso han indicado a Europa Press que precisamente la carencia de recursos ha sido uno de los motivos que han dificultado llegar a un acuerdo con la Fiscalía puesto que la acusación solicita una elevada multa.
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