La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de prisión que oscilan entre los 7 años y 4 meses y los 3 meses de cárcel a los protagonistas de la compleja trama financiera y societaria urdida en torno al Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011.
En el centro de la operación, Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, todos ellos hijos del desaparecido empresario José María Ruiz-Mateos han sido declarados culpables de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por utilizar un entramado societario opaco para captar fondos del público ocultando una situación crítica de insolvencia.
En diciembre de 2021 el Tribunal Supremo confirmó las condenas de dos años de prisión que la Audiencia Provincial de Baleares impuso a los 6 hijos de Ruiz-Mateos –fallecido en 2015–, por un delito de estafa agravada en relación a la compra en 2005 del hotel Eurocalas de Mallorca.
Asimismo, el Supremo también había confirmado, en 2018, otra de 2 años y medio de prisión por delito de estafa agravada a los mismos encausados, también por la compra de otros dos hoteles, uno, en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
672 páginas de sentencia
La sentencia de la Audiencia Nacional, de 672 páginas y con ponencia de la magistrada Teresa García Quesada, impone además 6 años, 3 meses y 15 días de prisión a José Ramón Romero, director de la oficina de Rumasa en Jerez, conocida popularmente como el “banquito de Jerez”.
El sobrino del patriarca, Zoilo Pazos, también ha sido condenado a 6 años y 5 meses por su papel como administrador y figura clave en el entramado societario.
Junto a ellos, los colaboradores Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada han recibido penas más leves por un delito de alzamiento de bienes por su participación en maniobras para proteger el patrimonio familiar ante la previsible avalancha de demandas y embargos.
Alfonso Barón Rivero, Manuel Sánchez Marín, Ricardo Álvarez Castaño y Rufino de la Rosa han sido absueltos de los delitos por los que habían sido acusados.
Un conglomerado opaco, sin matriz, pero con tesorería común
El tribunal describe el llamado “Grupo Nueva Rumasa” como un conglomerado de sociedades formalmente independientes, sin matriz consolidada, pero que operaban de facto como una única empresa.
Durante años, todas compartieron tesorería y patrimonio, y eran utilizadas indistintamente para las necesidades financieras del grupo familiar. En el fondo, una estructura orientada a captar capital bajo una falsa apariencia de solvencia.
Aunque el grupo respondía a los intereses de la familia Ruiz-Mateos, la titularidad formal de las empresas descansaba en sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales ‒como Belice, Panamá y Holanda‒, con apoyo de testaferros y despachos fiduciarios, lo que generó una opacidad deliberada que dificultó la trazabilidad del dinero.
Según la sentencia, los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero junto a su padre, dirigían el entramado asistidos por un reducido núcleo de confianza.
El colapso económico y el plan para captar dinero del público
En 2009, Nueva Rumasa se encontraba técnicamente quebrada. Su deuda superaba los 400 millones de euros, con pagos inmediatos por valor de 52 millones, sin liquidez ni acceso a la financiación bancaria.
Fue entonces cuando los Ruiz-Mateos decidieron ocultar la insolvencia y lanzar una agresiva campaña pública para captar capital entre pequeños inversores.
A través de anuncios en prensa nacional, ofrecían atractivos intereses a quienes confiaran su dinero al grupo, utilizando marcas conocidas como Clesa, Dhul o Trapa para reforzar una imagen de solvencia ficticia.
Los fondos se recogían mediante pagarés de empresa no a la orden, garantizados por sociedades insolventes del grupo. La operación era, según el tribunal, un fraude en toda regla, en el que se utilizaba la confianza generada por productos conocidos para ocultar un esquema insostenible.
Más de 337 millones captados a costa de 4.110 ciudadanos
Aunque no se ha podido determinar con exactitud cuántas personas invirtieron en la operativa, los propios responsables cifraron en 4.110 los afectados.
El importe total captado asciende, según la sentencia, a 337.377.450,60 euros, aunque el rastreo judicial ha confirmado la entrada de al menos 243.476.514 euros en las cuentas del grupo entre febrero de 2009 y febrero de 2011.
Ese dinero, lejos de emplearse para reflotar las empresas, era redistribuido internamente para cubrir necesidades diversas, gastos personales y mantener a flote la ficción empresarial.
Según el tribunal, la única entrada neta de capital del grupo en esos dos años procedía de esa captación pública.
Vehículos, inmuebles y gastos familiares: el destino de los fondos
La sentencia acredita que parte del dinero fue destinado a compras privadas para la familia Ruiz-Mateos, como vehículos e inmuebles, siempre a través de sociedades pantalla. También se pagaron con esos fondos gastos cotidianos de mantenimiento de esos bienes.
Al menos 1.050.190 euros fueron desviados directamente a este fin.
Una huida patrimonial planificada
A partir de marzo de 2011, y ante el colapso judicial y económico, los hermanos Ruiz-Mateos optaron por presentar concursos voluntarios para las principales sociedades.
Al mismo tiempo, comenzaron a proteger su patrimonio personal mediante transmisiones simuladas de empresas y nombramiento de administradores interpuestos, con el objetivo de esquivar embargos y demandas civiles o penales.
Fue en ese contexto cuando contactaron con Ángel de Cabo, experto en reflotar o liquidar empresas en crisis, que les ayudó ‒junto a Losada y Lavernia‒ a blindar sus activos frente a las acciones judiciales en curso.
La “oficina de Jerez”, un banco en la sombra
Una pieza clave del esquema fue la oficina del grupo en Jerez de la Frontera, apodada por los clientes como el “banquito de Jerez”. Esta oficina llevaba años operando con aparente normalidad, ofreciendo préstamos con intereses del 9% o 10%, que se registraban a veces con tipos más bajos para eludir la fiscalidad.
José Ramón Romero, su director, firmaba como apoderado de sociedades del grupo, conocía su insolvencia y mantenía informado al clan Ruiz-Mateos del dinero captado, incluso en efectivo.
El tribunal destaca que no ha sido posible rastrear el destino último de las grandes sumas ingresadas en mano en esa oficina.
Además, Romero ha sido condenado por un delito contra la Hacienda Pública: en 2007 habría ingresado al menos 360.000 euros en efectivo no declarados.
Dilaciones indebidas y nulidad parcial
El proceso, de extraordinaria complejidad, ha sufrido dilaciones indebidas muy cualificadas, según reconoce el propio tribunal. Desde la llegada de la causa a la Sala, en 2018, hasta la celebración del juicio, pasaron casi seis años, a lo que se suma un año más hasta dictarse sentencia.
La paralización judicial por la pandemia y la celebración de varias piezas del caso Gürtel contribuyeron a ese retraso.
Por ello, el tribunal ha aplicado la atenuante muy cualificada a los condenados.
Asimismo, la Sala ha estimado parcialmente la petición de nulidad presentada por la defensa, en lo que se refiere a las pruebas derivadas de las declaraciones del exabogado Joaquín Yvancos, condenado por revelación de secretos. No obstante, considera que el resto de la prueba fue independiente y válida, por lo que no invalida el núcleo esencial del juicio oral.
Una estafa masiva con apariencia de solvencia
La sentencia describe con detalle cómo el grupo Nueva Rumasa operó como una maquinaria diseñada para mantener una ilusión de prosperidad mientras se hundía financieramente, aprovechando la confianza del consumidor en marcas de toda la vida y la aparente respetabilidad de una familia conocida.
Pero bajo esa fachada, lo que se gestó fue una de las mayores estafas financieras cometidas en España en el ámbito societario, cuya resolución judicial se ha hecho esperar más de una década.
