La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes será juzgada los días 11, 12, 13 y 14 de mayo en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al ‘caso Máster’.
La Fiscalía pide para ella 3 años y 3 meses de cárcel. La considera inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster.
También reclama que se le impongan 20 meses de multa a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros).
El Ministerio Público afirma que Cifuentes indujo a esa falsificación «a sabiendas» de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM), «que jamás se produjo», y exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
El exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados, falleció el pasado abril en medio del proceso judicial.
La juez de Instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel cerró la investigación de este caso en noviembre de 2018 y abrió el procedimiento abreviado, el paso previo al juicio que se celebrará en mayo por falsedad documental respecto al Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta.
La instructora consideró que los hechos relativos son susceptibles de tipificarse como falsedad documental y recuerda que las dos docentes que figuran en el polémico acta del TFM (Alicia López de los Mozos y Clara Souto), aseguraron que no estamparon su firma en dicho documento. También recalcó que López de los Mozos no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes.
Por otro lado, determinó que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración en sede judicial «no resultaron creíbles» sobre si efectivamente hizo este trabajo, condición necesaria para obtener la titulación.
«Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor AC (Álvarez Conde) o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo», expuso.
En esta línea, a la juez no le pareció verosímil que en 2012 se «obviaran» esas fórmulas de comunicación «tan ágil, sencilla, rápida y accesible» y «fuera todo manual». «No resultan convincentes las alegaciones» de Cifuentes, apostillaba la magistrada.
«En conclusión, hay indicios de que Cristina Cifuentes no defendió el trabajo de fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue recibida», apostilla Rodríguez Medel.
Cristina Cifuentes dimitió el pasado 25 de abril como presidenta regional y del PP de Madrid por la polémica de su máster y el vídeo en el que presuntamente aparecía hurtando dos cremas faciales en un supermercado.
En octubre se dio de alta como colegiada del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para ejercer como abogada, por cuenta propia.
Cifuentes (1964, Madrid) es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Administración Pública y Dirección de Empresas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Llevaba 25 años desempeñando cargos en la administración, como diputada en la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno y presidenta madrileña.
El 25 de octubre colgó en Twitter una fotografía de cómo celebraba la obtención de su carnet de colegiada en el ICAM en el restaurante Ramses, ubicado en la Puerta de Alcalá.
En la imagen, dos copas de Champagne rosado junto a su carnet de colegiada. “¡Celebrando!”, escribió.
El 1 de enero de 2019 reconoció en un mensaje en Instagram que 2018 había sido «un año difícil, muy duro», y que empezaba el año «cargada de energía, optimismo y esperanza».
