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Expertos en dependencia reclaman inversiones urgentes al gobierno para atender a 270.000 beneficiarios que siguen a la espera

EL AÑO PASADO FALLECIERON 31.000 PERSONAS ESPERANDO A SER ATENDIDAS
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Profesionales y expertos en dependencia y servicios sociales ven con buenos ojos la creación de una Vicepresidencia de Derechos Sociales que priorice la problemática de la dependencia en nuestro país. Pero alertan de que el tiempo corre en contra de las cerca de 30.000 personas que podrían fallecer este año en las listas de espera si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado de este 2020.

José Manuel Ramírez, Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es uno de estos expertos. Éste ve con esperanza la creación de la cartera que gestionará Pablo Iglesias, donde esperan que haya una Secretaria de Estado de Servicios Sociales que gestione el enorme retraso en la gestión de las ayudas a la dependencia para los ciudadanos con derecho a percibirlas.

Sin embargo, la comparecencia reciente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez advirtiendo que los Presupuestos Generales del Estado no se aprobarán hasta finales del 2020 hace sonar todas las alarmas.

“Si no hay Presupuesto podemos encontrarnos con otro año tan malo como 2019, donde han fallecido 31.000 ciudadanos sin llegar a ser atendidos. Por eso Pablo Iglesias tendrá que buscar financiación adicional para reducir esta lista de espera”, indica este experto.

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En total, según Ramírez, se necesitarán 1.300 millones de euros para controlar esta situación.

Con este montante se lograría reducir la lista de espera en un 75%, esto es, incrementar el número de personas atendidas en 200.000. “Estas inversiones incrementarían la aportación estatal al sistema de dependencia que es solo del 20% cuando debería ser del 50% según marca la ley. Al mismo tiempo requeriría una gestión bien ordenada”.

El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. “estamos dispuestos a reunirnos con el vicepresidente Iglesias para que se dé cuenta de la importancia de nuestro sistema de dependencia, al que le faltan recursos económicos. No podemos esperar un año a que se aprueben los Presupuestos del Estado”, subraya.

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El peor año para la dependencia desde 2016

Los datos que ha ofrecido este martes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales son preocupantes e invitan a la acción inmediata para revertir esta situación.

En estos momentos, el saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera que ya se eleva a 270.000 personas con derecho a servicios o prestaciones que no reciben. Es el peor año desde el 2016 para las personas dependientes.

A esto hay que añadir, además, el incremento de personas pendientes de valoración de su situación de dependencia que ya asciende a 160.000, 30.000 más que el año pasado.

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Todas estas cifras contrastan con el aumento del número de personas atendidas, que el año pasado fue de 1.115.000 personas, 61.000 personas más. Esto hace ver que el trabajo realizado es claramente insuficiente para absorber la demanda, que ha aumentado a pesar de todo.

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“Estimamos que en 2019 esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. Es la forma tan tremenda en que se reducen algunas listas de espera”, comenta.

En cuanto a las comunidades autónomas, encargadas de la gestión de los servicios, hay resultados desiguales.

En ocho Comunidades ha subido la lista de espera, frente a dos Comunidades que terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó, (Asturias -966 y Extremadura -952). Las dos Comunidades que más beneficiarios incorporaron han sido la C. Valenciana (13.888) y Castilla y León (11.402)

Hasta el momento, tan solo se ha dado cumplimiento a dos de los compromisos del Pacto de Estado por la Dependencia: la recuperación del derecho de las cuidadoras a cotizar en el convenio especial de cuidadores no profesionales y la mayor transparencia del sistema, a la espera de la aprobación e implantación de la nueva estadística oficial.

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Para Ramírez “las prórrogas de los presupuestos recortados han devenido en una nueva ralentización del sistema durante el año 2019 que ha derivado en un muy preocupante empeoramiento de las cifras de manera que por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha vuelto a aumentar”.

Ramírez también señala que “al ritmo en que han aumentado el número de beneficiarios en 2019 y teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en la lista de espera se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes”.

Graves problemas de gestión

Desde esta asociación de expertos en servicios sociales indican que no todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados.

A este respecto Ramírez también señala que a todo este problema hay que añadir lo escandaloso de los plazos de tramitación; 426 días de media con grandes variaciones interterritoriales, lo que indica que a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión.

Otra consecuencia es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, muy especialmente a las mujeres ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes.

Dentro de las prioridades sociales existentes es ya urgentísimo acometer una inyección financiera decidida en el sistema dirigida a absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas.

Se trata, en definitiva, de que “el Gobierno de España cumpla urgentemente el Pacto por la Dependencia y recupere los recortes producidos desde el año 2012” algo indispensable para dar plena atención a todas las personas dependientes”.

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