Según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, esto es "una bomba de relojería que de no desactivarse estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad".
De 6 a 10 millones de personas: El número de usuarios de servicios sociales se disparará a medio plazo
Algunos expertos que conocen bien esa problemática demandan más agilidad en los trámites de los más de 400.000 dependientes que hay en lista de espera en España
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02/5/2020 06:35
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Actualizado: 01/5/2020 19:19
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«Ha llegado el momento de reconfigurar los servicios sociales como servicios esenciales. Para evitar el sufrimiento de las personas vulnerables es preciso prestaciones y servicios por derecho, que eviten riesgos sociales y la quiebra de la cohesión social”.
Son palabras de José Manuel Ramírez, presidente de Asociación de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que avisan de una realidad que está a la vuelta de la esquina.
Y añade: “Más allá de las consecuencias sanitarias y del impacto económico, los Servicios Sociales deben prevenir los riesgos sociales del coronavirus para mantener la convivencia y proteger a las personas vulnerables”.
Lo que está viviendo España, la pandemia del COVID-19 «está poniendo a prueba nuestra cohesión social. Y muy especialmente algunos colectivos y personas en exclusión social a las que, con frecuencia, pasamos a convertir de víctimas en victimarios”.
En nuestro país había hasta finales de febrero, seis millones de personas usuarias de los servicios sociales. Personas que venían siendo atendidas por un Sistema de Servicios Sociales disperso y maltratado por los efectos de los recortes.
“Esto ha dado como resultado unos dispositivos residenciales y de atención domiciliaria que ya eran escasos e insuficientemente dotados y que han mostrado y se mostrarán en el futuro si nadie lo evita en absolutamente precarios para afrontar el tsunami del COVID-19”.
A medio plazo Ramírez advierte que “cuando afloren sus peores consecuencias sobre la pobreza y la exclusión social de enormes sectores de población el número de personas usuarias puede llegar a diez millones”.
En este contexto señala que “se volverán a hacer evidentes los efectos de esos mismos recortes sobre la Atención Primaria del Sistema donde las decisiones se toman desde los Gobiernos Autonómicos y los Ayuntamientos a los que no acaba de llegar la financiación suficiente, ni siquiera la prometida por el Gobierno con ocasión del inicio del confinamiento”.
Ramírez afirma que “los gobernantes en este sector suelen hacer caso omiso de los profesionales e investigadores del Sistema que ya veníamos clamando en el desierto que los procedimientos administrativos para hacer llegar las prestaciones y servicios de los Servicios Sociales a los ciudadanos son tan complejos y eternos que finalmente se vuelven ineficaces”.
En este contexto, “no hay que ser adivino para saber que esta ineficacia se agravará en el afrontamiento de la situación de emergencia social que estamos viviendo y que aflora con más fuerza en la medida que se va superando la urgencia sanitaria”, subraya.
En su opinión, “la consecuencia es palmaria, una bomba de relojería que de no desactivarse estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad”.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Agilizar tramitación de ayudas
Para este experto en el sector de servicios sociales hay que “simplificar los procedimientos y actuar diligentemente. Se debe considerar el criterio de los profesionales, la prescripción facultativa de los Servicios Sociales, como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas”.
A su juicio, “frente al reparto de bolsas de comida, hay que priorizar las prestaciones económicas hasta tanto se aprueba el ingreso mínimo vital y se agilizan los procedimientos de las rentas mínimas autonómicas”.
Otras medidas que propone este colectivo de expertos es que “se debe volver a valorar el medio millón de prescripciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar las tareas más adecuadas y reasignar con nuevas intervenciones a estas personas beneficiarias o a otras nuevas usuarias, especialmente las personas que vivan solas y sean mayores de 65 años”.
A este respecto considera que sería ideal el “potenciar los servicios de teleasistencia y asegurar la atención a las cien mil personas en situación de dependencia beneficiarias de centros de día que desde la declaración del estado de alarma están en sus casas”.
Ramírez recuerda que “hay que continuar la tramitación de los expedientes de las más de cuatrocientas mil personas en situación de dependencia que están en las listas de espera, en algunas de las fases de los procedimientos y, priorizar la urgencia de la intervención”.
Al mismo tiempo recuerda que “casi la mitad de las familias atendidas por los Servicios Sociales tienen menores; tenemos que garantizar la continuidad profesional de los proyectos de intervención con los menores y adolescentes en situación de riesgo”.
“En las zonas desfavorecidas o barrios altamente vulnerables es imprescindible que se realicen planes específicos donde se facilite el acceso de estas familias a prestaciones que garanticen sus necesidades básicas mientras no les sea posible desarrollar sus actividades económicas habituales”, también añade.
Ramírez pide un compromiso de todos para proteger a los más vulnerables.
Para Ramírez, “las entidades del Tercer Sector (al igual que se ha hecho con el sistema sanitario) deben poner a disposición de las autoridades sanitarias y de los Servicios Sociales autonómicos y municipales aquellos centros y dispositivos que pudieran ser necesarios para atender necesidades de urgencia provocadas por la epidemia del coronavirus”.
En definitiva, los expertos en servicios sociales reclaman justicia social frente a caridad. Presupuestos públicos, gestionados con agilidad por autonomías y ayuntamientos. También demandan profesionalidad con la prescripción facultativa de los profesionales y sensibilidad social desde la cercanía y empatía.
Ramírez también pide un compromiso de todos para proteger a los más vulnerables “estas personas y la cohesión social son nuestra razón de ser. La capacidad de respuesta debe ser más ágil porque nos encontramos con una nueva situación, nuevas demandas y más personas en exclusión social”.
En este escenario este experto cree que ha llegado el momento de también trabajar desde la imaginación para poder llegar a todos los frentes. “Se trata de contar con nuevos recursos, más agiles y nuevas modalidades de organización que se adapten al nuevo entorno con el que nos vamos a encontrar los profesionales de servicios sociales”.
A este respecto, la última reflexión que Ramírez hace a Confilegal es que “los gobernantes deben escuchar y considerar las orientaciones de los profesionales. Se trata de reforzar el sistema público de servicios sociales para parar la crisis social”.
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