La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a que el comisario jubilado, en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, pueda declarar en el juicio contra Luis Pineda, presidente de Ausbanc y Manos Limpias, por no ser «un testigo fiable» y contra la anulación del juicio.
El fiscal del caso, José Perals, contestaba así al abogado de Pineda, Miguel Durán, quien, durante su intervención, pidió al tribunal, en la fase de cuestiones previas, que se anulara el juicio porque la instrucción realizada partió de «una denuncia anónima falsa” presentada por Villarejo.
Perals se mostró tajantemente contrario a la admisión de las cuestiones previas presentadas –más de 50– por las defensas de los acusados y defendieron que este tribunal era competente para juzgar los hechos.
«Sí es competente para el procedimiento», apuntó Perals, para luego añadir que el caso afectaba a 4.000 socios adheridos y a entidades financieras.
Además, defendió que el juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, era competente también y afirmó que «no hay base legal para atacar al magistrado y su independencia en el ejercicio de sus funciones».
Sobre la cuestión alegada por la defensa del presidente de Ausbanc sobre la nulidad del procedimiento por la denuncia anónima que dio lugar a la investigación policial, y que sostienen que provenía del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, el fiscal dijo que no se intuye de la misma que se cometiera ningún delito.
Y añadió que no hay que exhortar al juez que lleva el caso ‘Tándem’ –Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6– para que levante parte del secreto de su instrucción.
«No nos da risa porque el tema es muy serio. Si se acuerda secreto es porque el juez lo considera necesario», ha añadido.
Además, Perals recordó que a pesar de que el origen de la denuncia fuera un delito, «no anularía en ningún caso el procedimiento» y puso como ejemplo el caso Falciani, quien cometió un delito apropiándose de datos de un banco y el Supremo lo dio por valido, pero no aclaró que, en ese caso, el delito se cometió en Suiza y que la información que recibió la justicia española fue de manos del Gobierno francés, una fuente que se consideró legítima.
Tampoco aceptó que se anulen las actas de los registros y entradas en los domicilios de varios de los acusados y en las oficinas, ni las intervenciones telefónicas, ni que se dé una prescripción de algunas de las acusaciones porque ésta es de diez años para delitos de extorsión.
En cuanto a los testigos propuestos por la defensa de Pineda, entre los que se encontraban desde altos directivos de entidades bancarias y periodistas hasta el propio Villarejo, el fiscal señaló que o bien no eran relevantes para la causa o bien lo que pudieran declarar estando presos tendría escasa fiabilidad.
Las acusaciones particulares y la acusación popular que ejerce Podemos se adhirieron a lo expuesto por el fiscal.
La Fiscalía solicita para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Miquel Bernad, 24 años y 10 meses, al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.
Para la que fuera abogada de la acusación en el ‘caso Nóos’, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal pide 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.
El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra siete personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 66 años y 10 meses de prisión.
