Un Guardia Civil que investigó la actuación de los Mossos sitúa a uno de sus mandos en un grupo de Whatsapp con votantes organizados para el 1-O
|
05/2/2020 17:44
|
Actualizado: 05/2/2020 17:45
|
El teniente de la Guardia Civil que instruyó el atestado que investigaba la actuación de los Mossos d’Esquadra en Lleida durante el 1 de octubre ha declarado que uno de los mandos de dicho Cuerpo formaba parte de un grupo de WhatsApp en el que los ciudadanos se organizaban para tratar de impedir la actuación del Instituto Armado y la Policía Nacional durante la jornada de votación.
Esta persona, responsable de la policía judicial en esta localidad catalana, ha comparecido en la vista oral como testigo y ha relatado que el mismo 1 de octubre el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida le pidió información sobre la actuación de los Mossos, ya que había abierto de oficio una investigación.
Del análisis de los audios, correos electrónicos y distintas comunicaciones telefónicas, el teniente ha indicado que encontraron conversaciones de las que se desprendían que los Mossos controlaban la posición y desplazamientos de los agentes de la Guardia Civil, así como que informaban de los mismos a los ciudadanos concentrados en los colegios electorales.
Descubrieron este hecho a raíz de la instrucción que llevó a cabo el juez, que archivó al considerar que no había suficientes indicios contra los investigados.
Esta declaración forma parte las respuestas que ha dado al fiscal Miguel Ángel Carballo este miércoles durante el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra la cúpula de la policía autonómica durante el proceso independentista.
Varias comunicaciones revelarían que la información de los Mossos pudo llegar a la gente
Así, ha destacado que los vecinos de Lleida tenían un grupo de WhatsApp en el que se «organizaban para impedir que actuáramos» y en el que identificaron como miembro al inspector jefe de la Sala Regional, «la voz de mando por el que pasan todas las comunicaciones».
En este sentido ha explicado que con estos mensajes entendieron cómo era posible que en un centro, en el que al principio no había mucha gente, en el «intervalo de tiempo» que se tardaba en llegar se había «agolpado» muchísimos votantes.
Asimismo, para incidir en esta idea de que la «información de vigilancia» llegaba a los ciudadanos, ha señalado que en uno de los audios del «canal oficial» de la policía autonómica que fueron analizados, una patrulla explicó a la Sala que había comunicado «a la gente» la información que tenían «de los banderines», en referencia a la Guardia Civil.
Acciones de vigilancia a la Guardia Civil
«Esos audios reflejan que nos están vigilando, hay audios que son persecuciones», ha dicho recordando uno en el que, según el testigo, los Mossos indicaban la velocidad a la que iba un coche de la Guardia Civil. «¡Nos estaban persiguiendo!», ha exclamado.
Con todo ello, el testigo ha asegurado que la coordinación entre Cuerpos el 1-O no funcionó, pues, según ha enfatizado, la policía autonómica estaba colaborando con los votantes, pues conocían todos sus planes desde antes del referéndum como que una zona estaba «bunkerizada».
En este sentido, ha apuntado que los Mossos tenían contactos directos con la Assamblea Nacional de Cataluña (ANC), que entonces lideraba Jordi Sànchez (condenado por sedición por el ‘procés’), ya que en unas de las comunicaciones oficiales se escucha la petición de una patrulla de antidisturbios sobre el estado de un colegio, a instancias de una responsable de mesas electorales de esa asociación.
La respuesta de la Sala es «recibido y ahora se lo haré saber a la ANC», ha informado y subrayado que esto es una muestra más de que «han colaborando de forma activa con las personas que organizaban el referéndum ilegal».
«Queríamos ir de la mano con ellos (Mossos), por sentido común» y «encontramos muchas dificultades, el trabajo fue tremendamente difícil», ha concluido, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que la estrategia de los Mossos era que la actuación de la Policía Nacional o Guardia Civil fueran «la noticia».
Preguntado sobre si era habitual que hubiera una patrulla de Mossos a las puertas de los cuarteles de la Guardia Civil, el teniente ha admitido que antes del 1-O, debido a diversos escraches, era normal que allí estuvieran «para dar seguridad preventiva».
Pero «esa hipótesis inicial» se desmonta con la investigación del juzgado de Lleida al comprobar que estaban pendientes de si los agentes del Instituto Armado «se meten en el coche, van con cajas, cadenas, bolsas de comida para pasar todo el día», ha apostillado para concluir que «son audios incompatibles con la seguridad».
Plan Ágora
En la sesión de este miércoles, la undécima, también ha comparecido el secretario de los atestados entregados al juez de Lleida, que se ha manifestado en el mismo sentido que su superior. Ha destacado que el mayor de los Mossos José Luis Trapero (que se enfrenta a 11 años de prisión por rebelión) ordenó que, en el marco del denominado ‘plan Ágora’, debía haber un «comisario de guardia» en todas las salas regionales para «centralizar las actuaciones y evitar que uno vaya por libre».
La declaración de este testigo ha estado centrada en el análisis de correos electrónicos de los mandos de Lleida y ha hecho mención especial a una circular interna, dentro de este plan, en la que Trapero ordenó que todos los atestados que tuvieran que ser remitidos a la Fiscalía pasaran primero por la Comisaría de Información, «para tener una adecuada coordinación y evitar duplicidades».
El mayor explicó en su declaración que ‘Ágora’ era un dispositivo de seguridad ante la creciente conflictividad social del momento, pero la Guardia Civil, como policía judicial investigadora del 1-O, cuestiona que éste sea el verdadero objetivo.
La vista oral se ha reanudado con la continuación de la declaración del ‘número dos’ del teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial que investigó el 1-O, quien ha destacado que en los correos analizados del mayor de los Mossos José Luis Trapero no encontraron ninguno en el que el ex secretario general de Interior César Puig y el exjefe político de la policía catalana Pere Soler (para quienes se pide la misma condena que a Trapero) dieran alguna instrucción al Cuerpo.
Noticias Relacionadas:
