Francisco González niega haber contratado a Villarejo y la Fiscalía Anticorrupción afirma que sí lo hizo
El expresidente de BBVA indicó que fue "muy tajante" en su declaración al señalar que tanto el banco como él mismo desconocían las actividades que desarrollaban la empresa Cenyt o Villarejo.

Francisco González niega haber contratado a Villarejo y la Fiscalía Anticorrupción afirma que sí lo hizo

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06/2/2020 06:30
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Actualizado: 07/2/2020 14:10
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El expresidente de BBVA Francisco González negó al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que ordenara la contratación de forma opaca de la empresa Cenyt, propiedad del comisario jubilado en prisión preventiva José Manuel Villarejo, en contra de lo que indica un informe de la Fiscalía Anticorrupción.

Gonzalez explicó al magistrado, durante su comparecencia del pasado 18 de noviembre, que el exvicepresidente y ministro de Economía socialista Pedro Solbes le llamó por teléfono para avisarle de que la constructora Sacyr, «que apoya el Gobierno, quería hacerse» con el banco.

Fue a finales de 2004. «Un lunes que estaba yo en México», relató.

El entonces consejero delegado del banco le llamó para contarle que el Grupo Sacyr, «con apoyo del Gobierno», tenía un tres por ciento de las acciones y quería conseguir un «ocho por ciento más en los próximos días». «Me pareció una cosa increíble que se quisiera atacar así al banco», subrayó.

El expresidente del BBVA está investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en el contexto de la pieza separada número 9 de la causa Tándem, centrada en los contratos entre la entidad bancaria y Villarejo durante 13 años y por importe superior a 10 millones de euros.

Según González, agradeció la llamada del exvicepresidente del Gobierno porque por «el tono» se dio cuenta de que éste «estaba haciendo algo que no quería hacer, porque esa operación era ilegítima e ilegal».

Tras ello, le preguntó qué tenía que hacer, a lo que le contestó que se pondría en contacto con él expresidente de Sacyr Luis del Rivero, algo que ocurrió al día siguiente, señaló González. Ha contado que pese a que habían fijado una reunión para la semana siguiente, Del Rivero «media hora antes» le comunicó que no iba a acudir y le confesó que su grupo se había «equivocado» por no hablar antes con él.

Todo ello lo relató a raíz de una de las primeras preguntas del fiscal sobre si se encargó a alguna empresa la búsqueda de información de los «competidores», en alusión a la constructora. Así, Francisco González concluyó la respuesta explicando que en diciembre de 2004 aunque «sabía que la operación estaba abortada», se reunieron «un conjunto de personas porque había muchísima información en la prensa».

En esa reunión estaba presente el entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, quien apuntó que «para obtener esa información» podía contratar a «una compañía de detectives y se le dio permiso para que lo hiciera».

Al principio de la declaración, que duró más de dos horas y media, el expresidente de la entidad bancaria aseguró que la primera información que tuvo sobre el comisario jubilado y su empresa Cenyt fue en mayo de 2018 por una noticia que «aparece en un periódico online», que decía que «BBVA había pagado a Villarejo una serie de cantidades, una de ellas cuando ya habían entrado en la cárcel».

González explicó que en los próximos días hará público un «detallado» comunicado de su declaración en dicha sede judicial, donde dice haber «dejado claro» ante García Castellón y los fiscales que no participó en la contratación de la citada empresa ni tuvo conocimiento de la contratación de la misma por parte de BBVA hasta mayo de 2018.

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN AFIRMA QUE GONZÁLEZ NO SE AJUSTA A LA VERDAD 

Una afirmación que contradice la Fiscalía Anticorrupción que sostiene, en un informe de noviembre de 2019 incorporado al sumario de la pieza 9 del ‘caso Tándem», que Francisco González fue la persona que, en virtud a su cargo como presidente ejecutivo del BBVA, ordenó la contratación de los servicios de Villarejo, todo ello «a sabiendas de su ilicitud y al margen de las políticas de la entidad sobre contratación de proveedores».

Así consta en un documento, fechado el 11 de noviembre de 2019 en el que los fiscales del ‘caso Villarejo’, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, detallan la relación contractual entre el BBVA y CENYT, la empresa que dirigía Villarejo hasta su detención en noviembre de 2017.

Los fiscales pidieron en este informe la citación de González al considerar que el que fuera presidente del BBVA encargó a los directores generales de los Servicios Jurídicos y de Riesgos la contratación de Villarejo, utilizando como mediador a Julio Corrochano, director de seguridad del BBVA y excomisario general de Policía Judicial.

Los investigadores realizan esta afirmación en base al conjunto de las diligencias judiciales practicadas, «especialmente la documental incorporada, los informes forenses preliminares y las declaraciones judiciales prestadas por el investigado Antonio Béjar González», directivo del BBVA.

Se refieren en concreto a la utilización por parte de Villarejo de «medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales», sosteniendo que la decisión se adoptó por el «órgano ejecutivo» del BBVA «ya que habría sido ordenada dicha contratación, y de forma opaca, por la propia Presidencia del banco».

«La preponderante participación de Julio Corrochano Peña vendría determinada por haber recibido directamente del entonces Presidente de BBVA Francisco González Rodríguez el encargo de gestionar las contrataciones con CENYT por sus vínculos personales con José Manuel Villarejo Pérez», añade el informe de Anticorrupción, que apunta a la relación con otros policías, «especialmente el Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño«, conocido como ‘El Gordo’.

Los fiscales aluden a las declaraciones judiciales de imputados para subrayar la implicación de González en la relación contractual con Villarejo, entre otras cuestiones porque el BBVA es una «entidad muy jerarquizada en la que únicamente pudieron efectuarse tales contrataciones durante todos esos años bajo la superior dirección y supervisión del Presidente Francisco González».

De acuerdo a este informe, el primer contrato con CENYT se firmó el 2 de diciembre de 2004 y fue el propio Julio Corrochano quien firmó el documento de resolución de la relación contractual el 14 de noviembre de 2017.

«PROYECTO PIN»: CONTRA PINEDA Y AUSBANC

En este informe de Anticorrupción, además de otros proyectos del comisario para el citado bando, se resume el llamado ‘proyecto Pin’, encargado en septiembre de 2012 y cuyo objeto era la «defensa del banco frente a la campaña de desacreditación y presión judicial y extrajudicial» desarrollada Ausbanc frente a BBVA, tal y como lo define la propia entidad.

Los directivos del BBVA que «supervisaban» el desarrollo del ‘proyecto Pin’ fueron los entonces jefe de seguridad Julio Corrochano, los servicios jurídicos a través de Eduardo Arbizu, José María García Crespo y Eduardo Ortega, así como el presidente del banco Francisco González.

En este contexto, Anticorrupción destaca en su informe que Ortega describió en un documento denominado ‘Relatorio’ su participación junto a González «en un almuerzo en el complejo policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante UDEF para proceder a la investigación de dicha asociación».

El complejo de Canillas, que ocupa una vasta extensión en la que se concentran decenas de edificios protegidos por fuertes medidas de seguridad, aglutina departamentos de la Policía Nacional tan importantes como la Comisaría General de Información, la Científica o la propia UDEF, entre otros.

Esa denuncia, según el documento, sería redactada por el propio Ortega, que la habría entregado a Corrochano y éste a su vez a Villarejo, que sería quien la presentaría ante la UDEF.

Esto dio lugar a la instrucción que llevó a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y que se está juzgando estos días.

Por este caso, Luis Pineda se enfrenta a una petición fiscal de casi 119 años de prisión por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. Miguel Durán, abogado del acusado, ya ha solicitado la nulidad del procedimiento precisamente por esta pieza 9 del ‘caso Tándem’.

Villarejo y su socio Rafael Redondo fueron detenidos días antes, el 3 de noviembre de 2017.

GONZÁLEZ ASEGURÓ QUE NO TUVO NADA QUE VER CON LA CONTRATACIÓN DE VILLAREJO 

En su declaración Francisco González, que, como investigado no estaba obligado a decir verdad, aclaró que «nunca participó» en la contratación de ningún proveedor externo, y que esto correspondía a los responsables de las diferentes áreas.

Además, el expresidente de BBVA indicó que fue «muy tajante» en su declaración al señalar que tanto el banco como él mismo desconocían las actividades que desarrollaban la empresa Cenyt o Villarejo.

Por tanto, afirmó, no puede atribuírsele «ningún tipo de responsabilidad sobre cualquier actividad ilegal que pudieran haber realizado».

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