Los peritos del Banco de España sostienen que el Banco Popular era “solvente y viable” y que “sus accionistas habrían ganado dinero” de no haberse producido la fuga de depósitos.
Así lo manifestaron Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romero durante el interrogatorio al que se sometieron, para explicar el informe elaborado en abril de 2019, en el marco de la investigación que está llevando a cabo el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional.
En el mencionado informe señalaban que el Banco Popular gozaba de un patrimonio neto de 11.088 millones y capacidad de generación de beneficio antes de provisiones de 1.150 millones de euros.
Los peritos también advirtieron de “pequeñas trampas contables” que no afectan, en su opinión, a la imagen fiel de la compañía.
Por ejemplo, que las tasaciones estaban sobrevaloradas “por sistema” como consecuencia de las debilidades del control interno.
Asimismo, denunciaron que no seguían los estándares de tasación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) y que utilizaban valoradores no homologados.
Para el socio-director del despacho Navas & Cusí Abogados, especializado en derecho bancario y financiero, Juan Ignacio Navas, esto “es lo que hemos defendido desde el principio. El banco había superado los test de estrés y todos los exámenes de solvencia», de modo que «atravesó un problema de liquidez, no de solvencia».
De ahí que «las acciones no puedan valer cero y por eso el comprador debe resarcir adecuadamente a los accionistas, como ya están señalando muchas sentencias que hemos ganado”.
La conclusión es que la información publicada no permitía al inversor valorar adecuadamente el riesgo, explica.
Sin embargo, esto «no significa que el Banco Popular fuera insolvente. Hubo una responsabilidad por la información defectuosa que hereda el Santander, pero hay otra responsabilidad por retribuir a cero lo que no vale cero, que también es del Santander”.
El experto se muestra esperanzado porque varios juzgados están admitiendo esta argumentación logrando que los accionistas puedan recuperar su dinero.
A su juicio, “el informe y las declaraciones judiciales de los peritos del Banco de España refuerzan todavía más la tesis de la solvencia y, por tanto, de la imposibilidad de valoración a un euro y la obligación de retribuir adecuadamente”.
