El ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su comparecencia en el Congreso. Foto: Confilegal
Alberto Garzón anuncia un plan de «tolerancia cero» contra los fraudes masivos
El ministro de Consumo anuncia en el Congreso de los Diputados que su departamento avanza hacia un plan integral de protección de colectivos vulnerables
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29/2/2020 06:30
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Actualizado: 17/4/2023 16:04
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Tolerancia cero contra las empresas que muestren un comportamiento irregular contra los consumidores. Este fue uno de los mensajes lanzado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en su intervención este viernes en la comisión de consumo del Congreso de los Diputados.
El ministro se comprometió a emprender acciones judiciales contra empresas que cometan fraudes masivos.
Hasta la fecha, ningún otro Ejecutivo, pese a que es una facultad que viene recogida en la Ley General de Consumidores y Usuarios de 1984, había fomentado este tipo de medidas.
Garzón planteó una reforma de la legislación de defensa de los consumidores para adecuar las cuantías de las sanciones a la gravedad de los fraudes. Se espera, por tanto, que en el marco de esta reforma el ministro vea la necesidad de dotar de competencias sancionadoras al Ministerio de Consumo, de manera que las comparta con las comunidades autónomas.
Garzón subrayó que «los problemas de los que hablamos no son neutrales en términos de clase. Tenemos enfoque de clase en juego y consumo. Estamos hablando de mercados en los que el poder de las trasnacionales es asimétrico y afecta en términos de salud y de derechos democráticos”
Desde su punto de vista es fundamental “proteger derechos humanos, sobre todo de los más vulnerables».
Este concepto de consumidor vulnerable será uno de los ejes de la política de este ministerio. Una reivindicación de asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y FACUA-Consumidores en Acción.
En lo que se refiere al sector del juego, el ministro explicó más en profundidad las limitaciones que cree tener para regular la publicidad en este sector. El primer paso lo dio la semana pasada con la presentación del proyecto de Real Decreto, cuyo contenido, estructurado en cien medidas, ha generado muchas críticas.
«Tenemos la aspiración, no la garantía, de que el Real Decreto para la regulación del juego sea aprobado antes de verano para que entre en vigor antes de septiembre”.
La iniciativa se encuentra ahora en fase de consulta pública.
El titular de Consumo recordó que hay un 9% de personas que tienen adicción al juego, lo que viene a representar el 0,3% de la población. Son cifras enormemente preocupantes. “La mayoría de los jugadores no desarrollan patologías, pero el 25% de los que juegan pueden desarrollarlas», comentó.
Varios grupos de la oposición le han reprochado que su real decreto se ha quedado corto al no prohibir completamente la publicidad del juego ‘online’, ante lo que el ministro insiste en que de hacerlo se dispararía el juego ilegal.
Control de los juegos de azar en los videojuegos
Garzón anunció que su departamento trabaja en un marco de regulación para las cajas de recompensa o ‘loot boxes’ de los videojuegos. Se trata de prevenir el llamado juego problemático desde algunas medidas enfocadas a la protección de los sectores de la población más vulnerables, entre ellos los menores.
Las cajas de recompensa son una de las estrategias de las empresas de videojuegos para fidelizar al usuario. Este tipo de mecanismo promueven comportamientos de consumo compulsivo asociados al azar, similares a los de una máquina ‘tragaperras’.
El usuario paga pequeñas cantidades por un premio que es sorteado aleatoriamente, lo que es una práctica que puede regularse como cualquier otro juego de azar, según el ministerio.
Esto supone para el gobierno una nueva vía de entrada al consumo de juego problemático por parte de menores de edad, con el desconocimiento de madres y padres que ignoran que el videojuego incorpora dinámicas nocivas para el desarrollo de los menores.
El ministro recordó que el Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego es un primer paso porque por primera vez se crea un marco regulatorio de la publicidad de apuestas.
Etiquetado sobre calidad nutricional
Por otro lado, Alberto Garzón adelantó que su gabinete estudia fórmulas para introducir el sistema de etiquetado frontal sobre calidad nutricional de los alimentos, con el que trata de incentivar el consumo de productos saludables.
Según explicó, el Gobierno busca “maximizar la eficacia” a través de un plan que incidirá en cuatro ámbitos: etiquetado, fiscalidad, publicidad y formación e información a la ciudadanía.
Garzón apuntó que en este momento “estamos evaluando los diferentes grados de eficacia de los distintos sistemas existentes, viendo cual podría ser el diseño más adecuado”.
En ese sentido, reseñó las experiencias en el etiquetado frontal de Chile, Francia o Portugal que, a su juicio, “demuestran la eficacia de optar por etiquetas con código de fácil comprensión, que ayudan a las familias en la toma de decisiones nutricionales».
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, adscrita al Ministerio de Consumo, será un instrumento clave en el desarrollo y despliegue de esta iniciativa que ya existe en quince países de la Unión Europea.
Al mismo tiempo anunció que su departamento presentará medidas que busquen incentivar el consumo de productos saludables y desincentivar el de productos con “cierta nocividad” para la salud.
En relación con la fiscalidad, recordó que «es fundamental que el sistema de incentivos promueva el consumo saludable y desincentive el no saludable«.
Asimismo, agregó, se busca regular la publicidad, dirigida al público infantil que promueve hábitos no saludables.
Por último, el ministro anunció que, de forma paralela a la implementación de todas las medidas, su departamento desarrollará campañas de sensibilización e información “que permitan a nuestro país transitar hacia un consumo saludable”.
A su juicio, «hace falta que la ciudadanía sea consciente de riesgos y costes del consumo no saludable». En este sentido, explicó que se creará la figura del consumidor vulnerable para proteger a menores y personas en situación de pobreza, entre otros colectivos.
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