La Guardia Civil ha detenido a la directora y responsable de una protectora de animales en el Bajo Ebro (Tarragona) por su presunta relación con la muerte de casi 500 animales.
La Benemérita le imputa los presuntos delitos de maltrato animal, falsificación de documentos e intrusismo profesional.
Según informa, durante más de una década habría dado muerte a casi 500 animales de la protectora, habría ejercido funciones de veterinaria sin estar titulada y habría falsificado documentación relacionada con la actividad.
Tras prestar declaración en dependencias policiales fue puesta a disposición del juzgado en funciones de guardia de Tortosa.
Detenida la dueña de una protectora de animales como responsable de la muerte de casi 500 animales pic.twitter.com/EUUyBZPtf2
— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 14, 2020
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Destacamento de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Deprona) del parque natural del Delta del Ebro.
Se inició cuando la Benemérita tuvo conocimiento del supuesto ejercicio de prácticas ilegales en dos establecimientos de una protectora de animales de El Bajo Ebro.
Según explica la Guardia Civil, el pasado septiembre varios agentes inspeccionaron las instalaciones de la protectora para comprobar el estado de los animales y «detectaron ciertas irregularidades, como administración de vacunas, expediciones de recetas y tratamientos veterinarios realizadas por personas no tituladas».
Indica que desde el inicio de la actividad de la protectora, varias fundaciones y asociaciones se vincularon a la misma mediante convenios de colaboración para realizar adopciones y financiar el mantenimiento de los animales en los centros de acogida, llegando a pagar por adopción entre 300 y 350 euros.
Según la Guardia Civil, «con objeto de obtener un mayor beneficio, los responsables de la protectora prescindieron de los servicios veterinarios para la diagnosis de enfermedades, realizar pruebas y administrar vacunas».
Dice que otra de las actividades que llevaban a cabo era «sacrificar a los animales en el centro atendiendo a criterios exclusivamente económicos, ya que recibían una aportación de las administraciones públicas por la recogida del animal de la vía pública».
Explica que cuando el animal estaba enfermo o su adopción era difícil, «lo sacrificaban».
La Guardia Civil ha verificado que «tenía una elevada tasa de mortandad, alcanzando su punto álgido entre los año 2013/2015 con una media de 95 muertes anuales».
En el registro efectuado en el domicilio de la principal investigada y en el centro los agentes descubrieron que disponía de material quirúrgico, microchips, cartillas sanitarias en blanco, diferentes medicamentos y vacunas, incluso una mesa quirúrgica para las operaciones.
También comprobaron que «un veterinario titulado era el que le facilitaba los microchips y las cartillas sanitarias en blanco, sin que verificara posteriormente el uso que se hacía».
Asimismo, la Guardia Civil señala que «mediante la falsificación de recetas de veterinarios titulados» adquiría medicamentos en diferentes empresas distribuidoras de las provincias de Barcelona y Zamora.
LA FISCALÍA PIDE 18 MESES DE CÁRCEL PARA EL RESPONSABLE DE UNA RESIDENCIA DE ANIMALES
Recientemente, también ha trascendido que la Fiscalía Provincial de Madrid pide 18 meses de cárcel para el responsable de una residencia de animales en Talamanca del Jarama que presuntamente los sacrificaba sin la autorización previa de un veterinario colegiado.
Le imputa un delito continuado relativo a la protección de los animales domésticos.
