El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reclama al Ministerio de Justicia y al de Interior, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las consejerías de Justicia e Interior de las Comunidades Autónomas con competencias que «la asistencia letrada al detenido y a las víctimas de violencia de género», tanto en instalaciones policiales como judiciales, se preste fundamentalmente por vías telemáticas.
Ha hecho este llamamiento en un comunicado tras una reunión de urgencia de su Comisión Permantente celebrada ayer.
El CGAE señala que es «consciente» de la «complicada y exigente situación» en la que «se encuentran los miles de compañeros» que durante estos días prestan el servicio de asistencia letrada al detenido y a las víctimas de violencia de género.
Indica que al compromiso de éstos con el correcto ejercicio del derecho de defensa, se suma ahora el riesgo añadido que supone seguir trabajando mientras una inmensa mayoría de la población está aislada en sus domicilios.
«Queremos que sepan que el conjunto de la profesión admira su entrega y están comprometidos con que, a la hora de realizar su trabajo, tengan las máximas garantías de que asumirán los mínimos riesgos imprescindibles para su salud», indica.
«Creemos, además, que evitando el contagio de nuestros compañeros contribuimos con lo que está en nuestra mano para frenar la propagación de la enfermedad”, añade.
El CGAE hace 5 reivindicaciones en su comunicado.
En primer lugar pide que en la asistencia letrada a los detenidos y a las víctimas de violencia doméstica, tanto en sede policial como judicial, «se faciliten de forma prioritaria los medios telefónicos necesarios», como videoconferencias, para poder prestarse con las suficientes garantías, respetando en todo caso la confidencialidad de las comunicaciones entre los detenidos y sus letrados».
Apunta que a tal efecto «se intentará que todas las asistencias a detenidos se realicen en dependencias judiciales, renunciando al derecho a prestar declaración en sede policial».
En aquellos casos en que la asistencia letrada no pueda efectuarse por los medios aludidos y se exija la presencia física del abogado en las dependencias policiales o judiciales, reclama que se garantice que las actuaciones se realicen en dependencias físicas que permitan asegurar las distancias mínimas de seguridad y desinfección de posibles objetos de uso compartido.
Indica que de no cumplirse las circunstancias anteriores, los funcionarios deberán proporcionar a los abogados que prestan dicha asistencia los elementos de protección individual adecuados a la situación sociosanitaria que han sido recomendados, como mascarilla, guantes y líquidos desinfectantes.
Por otra parte, pide a las Administraciones competentes que suspendan de oficio la tramitación de los expedientes de Asistencia Justicia Gratuita durante el periodo de vigencia del Real decreto.
«Se tramiten una vez éste haya finalizado, exonerando a los profesionales de la tramitación administrativa», añade.
Otra de las exigencias del CGAE es que los colegios de abogados amparen a los abogados de guardia en caso de conflicto entre la protección de su salud y requerimientos de órganos judiciales y centros de detención que soliciten su presencia física con riesgo para el letrado.
