La juez decana de Barcelona, Mercè Caso, ha acordado el cierre provisional de las plantas del edificio P de la Ciudad de la Justicia de Barcelona en las que se encuentran ubicados los juzgados de lo penal después de que se hayan detectado dos casos de coronavirus.
El cierre, explica el acuerdo gubernativo hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), responde a las labores de «limpieza sanitaria» y se mantendrá hasta que las autoridades sanitarias permitan su apertura.
Los funcionarios que desempeñan su actividad en estos juzgados quedan en «situación de disponibilidad» y las comunicaciones de carácter extraordinario que deban hacerse llegar a estos juzgados deben conducirse a través de los juzgados de guardia.
Precisamente, la Junta General de Jueces del partido judicial de Barcelona ha manifestado hoy el «malestar» de la mayoría de los magistrados de Barcelona con la gestión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la crisis generada por el coronavirus, sus decisiones, afirman, reflejan que «no han sabido entender la realidad de la situación ni las necesidades del colectivo judicial».
Además, se muestran críticos con la gestión que está realizando el departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña sobre las medidas de prevención, que consideran «insuficientes» para atender a todo el conjunto de personas que integran las plantillas judiciales.
Reclaman la desinfección diaria de los juzgados
A su juicio, la marca fijada en el suelo para evitar el acercamiento del público a los mostradores es un «sistema ineficaz».
Por ello, reclaman la provisión de medios indispensables de evitación del contagio, como la dosis adecuada de gel hidroalcohólico (hasta el momento solo disponen de 100 centilítros por juzgado y por semana), mascarillas y guantes desechables. Asimismo, solicitan la desinfección diaria de los juzgados de guardia.
En esta línea, con el objetivo de evitar la entrada de público a las dependencias de los juzgados de guardia, consideran necesario colocar carteles que informen que solo se gestionaran denuncias por cuestiones urgentes y que las personas que pretendan así interponerlas, a llamada de los servicios de seguridad, serán atendidos en el atrio por un funcionario del juzgado de guardia de incidencias.
Asimismo, piden que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) dispongan de flexibilidad para poder llamar a funcionarios de otros órganos en caso de necesidad y que se libere a los funcionarios de los juzgados de violencia, pues consideran excesivo el número de personal disponible teniendo en cuenta que las actuaciones esenciales serán resueltas por el juzgado de guardia.
Apuestan así por reservar las plantillas de funcionarios y quedar en régimen de disponibilidad sin necesidad de presencia física.
Por último, determinan que las jurisdicciones con sistema ej-cat pueden trabajar de forma remota siempre que los LAJ puedan tener acceso a las bandejas de entrada sin necesidad de presencia física de las plantillas.
Se estima también la propuesta del Colegio de Procuradores por el que se pide no remitir notificaciones en papel y, en su lugar, enviarlas directamente a los procuradores por Fax o por email. En el ámbito de instrucción solo se recepcionarán escritos presenciales en supuestos urgentes.
Los sindicatos piden flexibilizar los servicios mínimos
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Adminsitración de Justicia (STAJ), CSIF, CCOO y UGT insisten en la necesidad de que se reduzcan y flexibilicen los servicios esenciales «a fin de no exponer innecesariamente a ningún trabajador».
Ante la alarma y preocupación generada durante las últimas horas tras los dos casos de coronavirus en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, los sindicatos han adelantado que la Administración está trabajando en una instrucción dirigida a la «disponibilidad, reducción y flexibilidad» de los servicios mínimos.
Para ello, recuerdan, debe dar su conformidad el TSJCat y el Ministerio, y dado que esto puede demorarse unos días, están ya autorizando todos los acuerdos de LAJ de propuesta de reducción de efectivos, algo que ya avanzaron al TSJCat.
